Por: ADRIANA BOCCALON
CLÍMAX
@revistaclimax
Pillaje, corrupción e impunidad son los tres principales males del sistema de minería ilegal en la cuenca del Caura del Orinoco, donde la pérdida de biodiversidad acusa un llamado de alerta. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura( FAO), el país pierde al año 300 mil hectáreas de bosque elevando en un 50% sus emisiones de CO2, La zona por el mercurio y la explotación maderera se está muriendo
En víspera del ocaso zarpa la curiara del puerto de Maripa para comenzar a descontar los 220 kilómetros de navegación contracorriente que lo separan de la comunidad indígena de El Playón. Entretanto, se sortean pesadillas por la habitual lluvia a cántaros que alborota los raudales y por la proximidad de un firmamento eclipsado, apenas a ratos inspirado por chispas luminosas escoltadas de estallidos sonoros que denotan supremacía y destronan al humano de su pedestal. Las voluntades a bordo, aunque atrevidas y retadoras, estimulan el silencio ante la aparente infinitud de lo desconocido. El aroma a vegetación húmeda y frutos cítricos alientan el olfato, mientras en el intrincado bosque ribereño se revelan antojosas siluetas de ojos brillantes trajeadas invariablemente de oscuro, cuyas voces onomatopéyicas acusan un dilatado repertorio de vida animal.
En medio de un lóbrego atardecer, el lazarillo, entusiasmado por un jugoso fajo de billetes como rédito a su hazaña, navega atento al rigor que impone el caudaloso río Caura y al exhausto traqueteo del motor de la embarcación. A bordo viajan mineros portando insumos para sobrevivir en toscos campamentos instalados sobre espacios intoxicados, saqueados, hartos de drogas, alcohol y prostitutas, pero también colmados de oro. Hasta El Playón es navegable el río Caura en la parte baja de la cuenca. Para alcanzar la comunidad de Las Pavas, donde el cauce permite retomar el cabotaje aguas arribas, es de rigor echar a andar 6 kilómetros a través de una jungla repleta de altibajos, por donde transitan a pie turistas, mineros, soldados e indígenas. En el trayecto es usual tropezar con militares y nativos cargando a cuestas fatigosos bultos que además incluyen curiaras, motores y bidones de combustible. Para el viajero ocasional, aquel sin licencia para hurgar mas allá, la excursión culmina al final de esta breve expedición, justo frente a la imponente caída de agua que pone límite entre bajo y alto Caura: el Kuyuwishodü o Salto Para, donde la sesión fotográfica para inmortalizar las memorias es ritual obligado.
En este punto se agotan romance y poesía. Bajando desde el mirador del Salto Para se avista la comunidad de Las Pavas, la primera del alto Caura, punto de partida hacia Fijiriña y Yuruani, los campamentos mineros más críticos de la zona donde explotadores de “bullas” destierran el oro enfrentando pleitos, saboteo, enfermedades, desolación y el empeño de los fusiles de la Guardia Nacional Bolivariana. Efectivos militares ceñidos al Plan Caura han protagonizado en los últimos años batallas intermitentes para zanjar el flagelo de la explotación ilegal de minerales, apostando al desalojo definitivo de advenedizos que no se rinden. Al militar se le tacha de “cobrador de vacuna”, mientras al minero se le señala por comprar voluntades uniformadas, seducir indígenas y amenazar a científicos que advierten sobre la pérdida de ecosistemas y servicios ambientales.
Más allá del delito por estafa a la Nación, el aprovechamiento de bienes naturales con métodos nada ortodoxos supone trastorno ecológico irreversible en espacios jurídicamente protegidos sobre la cuenca del Caura, localizada en el sector occidental del estado Bolívar. Su superficie, 45.336 Km2, representa el 5% del territorio nacional, y es hábitat del 17% del género florístico del país, más de 32% de la fauna nacional y 88,3% de las plantas endémicas registradas en la Guayana venezolana. Reportes científicos ya señalan especies de flora y fauna en riesgo de extinción, así como severa afectación de comunidades humanas asentadas en la región. La extracción ilegal de madera y minerales, con procedimientos que promueven la deforestación y envenenan las aguas de los ríos con mercurio, agota la resistencia de un sistema natural que no es ni estático ni invulnerable. El río Caura, a lo largo de sus 725 kilómetros, arrastra consigo la pesada carga del malsano proceder del hombre. La huella perversa del intruso ha comenzado a impactar la cuenca, nuestra última frontera forestal y una de las más importantes para preservar la vida en el planeta, según el Instituto de Recursos Mundiales.
Librar a la selva de la minería ilegal
En 2010, el gobierno implementó la segunda fase del Plan Caura para desmantelar mafias del oro, erradicar actividad ilegal en territorios de alto valor ecológico y abordar recuperación y saneamiento ambiental en los yacimientos mineros de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. En el papel, la propuesta cuenta con apoyo de efectivos militares, policiales, judiciales, ministerios del Poder Popular para la Defensa, Interior y Justicia, Agricultura y Tierras, Ambiente, gobernaciones, alcaldías, consejos comunales y pueblos indígenas. Además, responde a la intención del Ejecutivo. Por ejemplo, Chávez en su campaña electoral de 1999 dijo: “si para sacar el oro hay que acabar con el bosque, entonces me quedo con el bosque”. Vana ilusión, pues a pesar de los buenos propósitos y de la violencia con la que se ha abordado el “Plan Caura”, los mineros, nómadas al fin, salen de una mina para apostarse en alguna otra, decididos a no renunciar al oficio mientras puedan abultar bolsillos en bien simulados rostros de corrupción. En la zona destacan tres alcabalas militares. La primera apostada en Jabillal, última comunidad criolla a orillas del río en el bajo Caura, concentra efectivos del Ejército, Marina y Guardia Nacional. En El Playón y Las Pavas se sitúan sendos regimientos con soldados.
DAVID GARCÍA NIÑO:
“Mucha corrupción y pocos recursos”
Corrupción generalizada y recursos limitados no es precisamente la dupla idónea para combatir extracción ilegal de madera y minerales, trata de blancas, tráfico de drogas y contrabando de combustible. “La minería destructiva está controlada por mafias de brasileros y colombianos subsidiados por grupos que proporcionan los medios financieros, delincuentes de cuello blanco difíciles de aplastar. El 99% de los funcionarios de la Policía del estado Bolívar son corruptos, y algo debe estar ocurriendo en el sistema judicial, pues hasta la fecha no hay un caso nuestro procesado en Fiscalía. Además, la plataforma logística del sistema de minería ilegal está en manos de la familia Guillén, de Maripa, que compra el oro de las minas para revenderlo en el Paseo Meneses de Ciudad Bolívar. Lo peor es que todo esto ocurre con el apoyo de altos personeros, algunos del gobierno, cuya ubicación y nombres me reservo”, declara David García Niño, comandante del Ejército al frente del 532 Batallón de Infantería de Selva Teniente Alberto José Carregal Cruz con sede en Maripa, Municipio Sucre del estado Bolívar.
García Niño añade que a la extendida corrupción se suman los “inexplicablemente” limitados recursos para ejecutar el Plan Caura. “El año 2011 estuvimos internados en la selva desde el 29 de junio hasta el 15 de julio. Destruí 27 campamentos mineros ¡Les quemé todo! Pero allá están instalados otra vez. Deben quedar unos 200, tal vez 300. Permanecer en el sitio sería lo ideal, pero no tengo ni infraestructura para el resguardo de mis oficiales ni aeronave para sobrevolar la zona de forma permanente”.
El comandante está curtido de amenazas de muerte. “Sé que por ahí tienen sicarios contratados para matarme, pero a mí no me importa porque estoy muy bien armado…” A nadie, menos en esta posición de suprema responsabilidad, le hace gracia ser apuntado en negativo. Sin embargo, alrededor de su figura se tejen historias turbias que lo señalan como beneficiario de “vacunas”, y artífice de decomiso y posterior venta de combustible a favor de su bolsillo. Ante semejante distinción, se defiende: “Primero, ni yo ni mis oficiales cobramos vacuna o como se llame eso, y con respecto a lo segundo, pues será de noche y escondido…”.
CARMEN LEDEZMA
“Si he de morir en las minas, moriré”
“García Niño, con su ‘Operación rastrillo’, tiene más de 30 muertos encima, pero nadie lo denuncia por miedo. Ese maneja un contrabando bien feo con la gasolina. La decomisa y después la vende. Además, sus militares no pelan una vacuna. Entre ellos se reparten la cochina, pero quien se lleva la mayor parte es él. Esos militares llegan preguntando: ‘¿Hubo pacto con la tierra? Entonces echen pa’cá 200 gramas de oro’. Imagínate, un platal. A veces se presentan y cobran enseguida, otras nos dejan entrar a las minas con la condición de que ‘si hay pacto con la tierra’, se les pague a la salida. Tremendo patuque. Y, por cierto, otro que está bien empaquetado es el Rangel Gómez, ex gobernador del estado Bolívar. ¡Ay, si Chávez hubiese sabido que estaba al frente de la peor mafia!…”, desmadeja Carmen Ledezma, una minera de la zona.
Carmen, temeraria, ha pasado más de la mitad de su vida en las minas. Adolescente, aprendió el oficio por los lados de La Paragua mientras vendía ropa, medicinas y alimentos. Ahora, en el alto Caura, trabaja los “cortes” hasta conseguir un puñado de oro que vende en Maripa a “compradores legales con Rif y Nit. Ella reconoce que el oficio es arriesgado, en ocasiones ingrato, y daña el ambiente, pero se niega rotundamente a abandonarlo. “No y no, y mientras pueda meter más gente allá lo haré a pesar de las fechorías de colombianos y brasileros. Cualquier cosa con tal de impedir que el gobierno le entregue a los chinos las concesiones para explotar oro, diamantes, uranio y otros materiales, mientras a los venezolanos nos tratan de aniquilar como si fuéramos perros rabiosos… Yo misma fui víctima de secuestro en las minas. Esos bichos —los militares— me dejaron amarrada porque me iban a quemar, pero como no conocen bien la zona se perdieron en la montaña. Al final me rescató un indígena que trabaja con un brasilero. Esos extranjeros son de lo peor, pero cuando estamos en problemas ayudan”.
Sobre los intríngulis del oficio, relata que sube de Maripa a El Playón junto a 10 compañeros, equipos e insumos, repartidos en dos curiaras. El kilo de mercurio cuesta más de 3 mil y una pimpina con 70 litros de gasolina ronda los 2 mil. El caleteo hasta Las Pavas depende de la tarifa del Sanema, nativo que, a pesar de su baja estatura, tiene fortaleza corporal admirable y se presta para la tarea a cambio de mejor dinero del que recibiría como guía turístico. “Todos los indígenas son mineros porque si no ya estuvieran muertitos de hambre”, sentencia Carmen. En la selva no circula efectivo. Todo se levanta a punta de trueque y el único “fiao” que vale es el de la vacuna. “Por una grama de oro compras 3 o 4 kilos de harina PAN, arroz o espagueti, mientras las putas, por un ratico, les quitan a los mineros entre 5 y 10 gramas”.
Hierve el escenario
“Entre intereses políticos y aval militar, ni el “Plan Caura” ha conseguido desalojar a los mineros ilegales instalados en la zona desde 2006”, dice Ramón Tomedes, líder indígena reconocido por defender cultura y territorio de comunidades del alto Caura. Soporta su delación agregando: “Cómo se explica que pasen 20 mil litros de combustible de contrabando por tres alcabalas militares, y nadie haga nada, mientras al legal lo requisan, lo intimidan, y a veces le decomisan el producto”. Sobre la participación de indígenas en la actividad minera, defiende a los suyos señalando “…si más bien vivimos amenazados por denunciar el daño ambiental”.
Diferente opinión tiene Luis Sosa Silva, dueño del campamento turístico Las Cocuizas sobre el río Caura. Él asegura: “Ya no hay indígenas contra mineros. Directa o indirectamente todos trabajan para ellos porque les es mucho más rentable”. Y sobre los rumores que se tejen en torno a la laxa actitud militar, afirma que “en la alcabala de Jabillal la vacuna se cobra solo en efectivo, mientras en las otras dos se negocia con oro a la salida de la mina. Sé que no tienen precio fijo, porque por allí se la pasa un Teniente que dice ‘yo no soy tan malo así, acepto lo que tengan por allí…’”.
Félix Daza aporta valor agregado al tema compartiendo una vivencia personal. “Tras la arremetida de mafias mineras a partir de 2006, me vi forzado a renunciar a Wildlife Conservation Society dejando atrás el programa de educación ambiental en comunidades criollas e indígenas y los estudios de ictiología en el bajo Caura —que ya arrojaban resultados preocupantes. Durante años lideré proyectos financiados por esta ONG, hasta que mineros amenazaron repetidamente con quemar mi casa en Maripa. Para ellos, cualquier ecologista o investigador es un ‘pajúo’, un enemigo. Desde entonces hay poca investigación y gran vacío de información”. En torno a la conchupancia indígena/minero, opina que es el desempleo el factor clave que coloca al aborigen en las gradas de la ilegalidad.
Daños irreversibles
“Aproximadamente, 15% de la cuenca del Caura, en su punto de confluencia con el río Orinoco, ha sido intervenida y modificada a tal nivel que su recuperación es prácticamente irreversible”, sentencia Julio César Centeno, PhD en Estudios Forestales. Advierte que, aunque la mitad de la cuenca está jurídicamente protegida bajo la figura de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, la minería y explotación maderera se practican allí de manera ilegal en complicidad con autoridades encargadas de velar por cumplimiento de leyes y reglamentos. Según cifras de la FAO, el país pierde al año 300 mil hectáreas de bosque elevando en un 50% sus emisiones de CO2, detonante del cambio climático. “Durante más de 40 años, en Venezuela los bosques han sido explotados eliminando vetas de maderas preciosas, más allá de su capacidad de generación. Urge implementar medidas correctivas para preservar la cuenca del Caura, cuya superficie está cubierta en un 85% por selvas tropicales relativamente prístinas, para evitar que corra la misma suerte de lotes boscosos y reservas forestales como Turén, San Francisco, Socopó, Ticoporo, Caparo, San Camilo, severamente intervenidas y con escasas probabilidades de sobrevivir”, agrega Centeno. El experto, por otra parte, no desestima la propuesta de cambio de figura jurídica de Reserva Forestal a Parque Nacional Caura. “Esto no conduciría necesariamente a la erradicación de las actividades depredadores en la región, a menos que tanto poder ejecutivo como legislativo garanticen los recursos necesarios para su manejo efectivo, que en total suman más de 2 mil millones de dólares para los próximos 20 años”.
Tierra protegida, tierra violentada
“El paso de Reserva Forestal a Parque Nacional no cambiará las cosas. Ambas figuras —que dan jurídicamente protección a esos espacios— seguirían expuestas a las agresiones de una actividad a la que no se le ha puesto control o se ha tratado con lenidad; tal vez se desconoce la gravedad del problema o quizás se tolera con fines demagógicos”, así opina Humberto Silva Cubillán, General (R) de Brigada de la Guardia Nacional y especialista en Derecho Ambiental. En los 90´s fue director de la Guardería Ambiental y jefe del Comando Regional N°8, con jurisdicción en Bolívar, Delta Amacuro y parte de Monagas. Como militar, asegura que “corrupción y política son ingredientes que subyacen tras la minería ilegal, fenómeno difícil de controlar por la inmensidad del territorio y los siempre exiguos recursos logísticos y operacionales”. Trajeado de jurista, Silva Cubillán concluye con una sentencia pavorosa. “La cuenca del Caura, con su Reserva Forestal, es la dolorosa realidad de un país donde las leyes, allí la Penal del Ambiente, no pasan de ser más que parte de un arsenal interminable de normas y reglamentos que no se cumplen”. Sobre las penalidades previstas, multas y privación de libertad contra quienes cometan crímenes ambientales, apenas atina a comentar: “…Tanto como irrisorias, desconocemos si han sido aplicadas en alguna ocasión”.
Por: creadess.org
Aldea de los indígenas araras en la llamada Vuelta Grande del río Xingú, que no será inundada pero verá su flujo muy reducido al desviarse gran parte del agua por un canal que servirá a la central hidroeléctrica de Belo Monte, enclavada en la Amazonia brasileña y que será la tercera mayor del mundo. Crédito: Mario Osava/IPS
RÍO DE JANEIRO, - En Brasil agua y electricidad van unidos, así que dos años de lluvias escasas dejaron a decenas de millones de personas al borde del racionamiento hídrico y energético, fortaleciendo los argumentos contra la deforestación de la Amazonia.
Dos tercios de la energía eléctrica brasileña provienen de ríos represados, cuyos flujos bajaron a niveles alarmantes. La crisis reactivó preocupaciones sobre el cambio climático, la necesidad de reforestar las riberas fluviales y nuevas tesis sobre el sistema eléctrico.
“Hay que diversificar las fuentes y reducir la dependencia de centrales hidroeléctricas y termoeléctricas movidas por combustibles fósiles, para enfrentar eventos extremos del clima cada día más frecuentes”, sostuvo a Tierramérica el vicepresidente del no gubernamental Instituto Vitae Civilis, Delcio Rodrigues.
La fuente hidráulica aportaba casi 90 por ciento de la generación eléctrica hasta el “apagón” de 2001, que forzó un racionamiento durante ocho meses. Desde entonces avanzó la termoelectricidad, más cara y contaminante, para compensar inestabilidades hídricas.
Actualmente, las centrales térmicas, operadas mayoritariamente con petróleo, alcanzan 28 por ciento de la capacidad nacional de generación, contra 66,3 por ciento de las hidroeléctricas. Las demás fuentes siguen marginales.
Partidarios de la energía hidráulica abogan por un retorno a los grandes embalses, con capacidad para resistir sequías prolongadas. La inseguridad de suministro se debe, argumentan, a las centrales de pasada, con breve capacidad de retención de agua, impuestas por razones ambientales.
Pero “el mayor reservorio de agua es el bosque”, contrapone Rodrigues, para explicar que sin la deforestación, que afecta a todas las cuencas, habría más agua retenida en el suelo sosteniendo la corriente fluvial.
“Los bosques constituyen fuente, medio y fin del flujo, porque producen la humedad atmosférica continental, la infiltración de las lluvias en el suelo acumulando agua y la protección de los embalses”, amplió Antonio Donato Nobre, investigador de temas climáticos.
“La Amazonia ya tiene 47 por ciento de su bosque impactado, sumando la tala total que alcanza casi 20 por ciento y la degradación”, destacó Nobre, del Instituto de Investigación de la Amazonia y de su similar de Estudios Espaciales.
Eso favorece los incendios. “Antes no penetraban en áreas húmedas de bosques aún verdes, ahora sí lo hacen, avanzan bosque adentro, quemando inmensas extensiones”, ejemplificó en diálogo con Tierramérica.
“Los árboles amazónicos no tienen tolerancia al fuego, a diferencia de los (de la ecorregión) del Cerrado, adaptados a incendios periódicos. Los bosques amazónicos tardan siglos en recomponerse”, acotó.
La central hidroeléctrica de Santo Antônio, durante su construcción en 2010. Cuando estaba prácticamente concluida, en 2014 la obra fue afectada por una crecida excepcional del río Madeira, en la cuenca amazónica brasileña, en un fenómeno adjudicado al menos en parte a la deforestación. Crédito: Mario Osava/IPS
El científico teme que la deforestación esté afectando el clima sudamericano, incluso restando lluvias al sudeste brasileño, la región más poblada y que más hidroelectricidad genera en el país.
“Faltan estudios para cuantificar la humedad transportada a distintas cuencas”, para precisar la relación climática entre Amazonia y otras regiones, reconoció.
Pero en la región amazónica oriental, donde se concentran la destrucción y la degradación forestal, ya son visibles las alteraciones climáticas, como la disminución de las lluvias y la ampliación del período de estiaje, recalcó.
En la cuenca del río Xingú este podría ser el año con menor precipitación en 14 años de medición en Canarana, un municipio de su cabecera, según el Instituto Socioambiental (ISA), que desarrolla un programa de sostenibilidad para pueblos indígenas y ribereños de la cuenca.
Si eso se consolida como tendencia, afectará la central hidroeléctrica de Belo Monte, en construcción a 1.200 kilómetros río abajo, que tendrá una capacidad de generación de 11.233 megavatios, lo que la convertirá en la tercera mayor del mundo, cuando esté plenamente operativa, a partir de 2019.
Pero su generación efectiva podrá caer 38 por ciento hacia 2050, con relación a lo previsto, si la deforestación prosigue al ritmo actual, según un estudio de ocho investigadores brasileños y estadounidenses, publicado en 2013 por la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
Ese año, la deforestación de la cuenca del Xingú ya alcanzaba 21,3 por ciento de su territorio, estimó el ISA.
En la Amazonia se edifican otras grandes hidroeléctricas que también podrán sufrir pérdidas. En el río Madeira, flujos torrenciales de sus afluentes de Bolivia y Perú sumergieron en 2014 la zona donde están las centrales de Jirau y Santo Antônio, afectando sus operaciones recién iniciadas.
Mapa de la cuenca del río Xingú, en la Amazonia brasileña. El verde de las tierras indígenas y áreas oficiales protegidas está cercado por zonas deforestadas y la presenta puntos rojos. La cuenca tiene 511.149 kilómetros cuadrados, más que España, y su parte deforestada, de 109.166 kilómetros, iguala a Cuba. Crédito: Cortesía del Instituto Socioambiental
La tendencia en la parte sur de la cuenca amazónica es de “eventos más intensos, con estiajes y crecidas más fuertes”, como las fuertes sequías de 2005 y 2010 y crecidas anormales en 2009 y 2012, señaló Naziano Filizola, hidrólogo de la Universidad Federal de Amazonas.
“Además de alterar el flujo, la deforestación se vincula a la ocupación agrícola que vierte pesticidas al río, como ocurre en el alto Xingú. El agua pierde calidad, según notan los indígenas”, observó a Tierramérica.
El mismo proyecto energético realimenta ese proceso, al atraer trabajadores migrantes, aumentando la población local sin ofrecerles condiciones adecuadas, acotó
De todos modos, el impacto energético más intenso por lluvias insuficientes ocurre, por ahora, en la región del Planalto Central, donde predomina el Cerrado, un bioma de sabana y el segundo más extenso de Brasil, detrás del amazónico. Allí nacen las principales cuencas con aprovechamientos hidroeléctricos.
La del río Paraná, que escurre hacia el sur y concentra la mayor capacidad generadora del país, recibe del Cerrado la mitad de sus aguas, lo que se eleva a 60 por ciento en la cuenca del río Tocantins, que fluye hacia el norte amazónico, apuntó Jorge Werneck, investigador de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria(Embrapa).
Esos dos ríos impulsan las dos mayores hidroeléctricas brasileñas actuales: Itaipú, compartida con Paraguay, y Tucuruí. Ambas están entre las cinco más grandes de mundo.
Otro ejemplo es el río São Francisco, principal fuente eléctrica de la región del Nordeste, con 94 por ciento de su flujo hídrico proveniente del Cerrado.
En su campo de observación, los alrededores de Brasilia, donde nacen varios ríos, Werneck, especialista en hidrología de Embrapa Cerrados, percibió una tendencia general a la prolongación del estiaje.
“Pero faltan datos y estudios para comprobar la relación entre deforestación amazónica y cambios en el régimen de lluvias de las regiones del Centro-Oeste y Sureste de Brasil”, matizó.
En 2014, hubo sequía en esas regiones, que comprenden la mayor parte del Cerrado, pero “no faltó humedad en la Amazonia y de hecho llovió mucho en los estados de Rondônia y Acre”, fronterizos con Bolivia y Perú y víctimas de fuertes inundaciones, arguyó.
Los bosques prestan variados servicios ecológicos, pero aún no se puede afirmar que producen y conservan agua en gran escala. Sus copas “impiden que 25 por ciento de la lluvia llegue al suelo” y su evapotranspiración le quita al suelo el agua que deja de alimentar los ríos “donde la necesitamos”, acotó.
“Evaluar la hidrología de los bosques sigue siendo un desafío”, concluyó.
Nobre, por el contrario, defiende los grandes bosques como “bombas bióticas”, que atraen y producen lluvias. En su opinión no basta con evitar la deforestación de la Amazonia, sino que es urgente reforestarla, para recuperar sus servicios climáticos.
Un ejemplo a seguir es el de Itaipú, que reforestó su área de influencia directa en la cuenca paranaense, revitalizando afluentes, mediante su programa “Cultivando agua buena”.
Publicado originalmente por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
Editado por Estrella Gutiérrez
Por Mario Osava
http://www.ipsnoticias.net/2015/03/deforestacion-amazonica-agrava-crisis-energetica-en-brasil/
Por: creadess.org
Un nuevo estudio realizado por científicos egipcios revela que la soja transgénica provoca efectos tóxicos en el hígado, riñones, sistema reproductivo e incluso el ADN. Una reciente investigación de científicos egipcios ha revelado que una dieta con soja y maíz genéticamente modificados (OMG), con la que alimentaron a ratas durante 30, 60 y 90 días, es responsable de una gran variedad de efectos tóxicos. Entre estas consecuencias negativas se incluyen daños en el ADN, hígado, riñón y testículos, espermatozoides con anomalías y cambios en la sangre.
Al realizar exámenes de diversos tejidos de las ratas se ha detectado que la dieta con estos OMG "causó significativos cambios histopatológicos, bioquímicos, y citogenéticos en todos los tejidos examinados". El estudio, publicado en 'Turkish Journal of Biology' ('Revista de biología de Turquía'), detalla que los transgénicos provocaron en los animales una mayor fragmentación de su ADN, aumento de la biopatología del riñón y aberraciones cromosómicas.
Casi todos los órganos observados, además de la sangre y el ADN, sufrieron daños por culpa de una dieta con OMG. Los especialistas son claros: "Existen riesgos para la salud vinculados a la ingestión de dietas que contienen componentes genéticamente modificados".
http://actualidad.rt.com/ciencias/162208-soja-modificada-toxica-adn
Por: ecoosfera.com
Un estudio reciente sugiere tres escenarios que exponen como el futuro de la humanidad se desbordara con desperdicios.
Una de las consecuencias más nocivas del crecimiento poblacional y económico ha sido la desbordante producción de desperdicios. Basta mencionar la isla de basura del Pacífico para que todos recordemos la enorme extensión de nuestra obsesión por productos baratos y desechables.
Actualmente producimos 3.5 millones de toneladas de basura al día, 10 veces más de lo que producimos el siglo pasado. Estudios recientes sugieren que para el año 2025 produciremos 7 millones de toneladas al día y si seguimos el mismo patrón destructivo produciremos 11 millones de toneladas al día en el 2100, y la mayor parte de esta basura será producida por África subsahariana, razón por la cual un grupo de científicos advierte que debemos poner un alto inmediato al incremento en la producción de desperdicios. Explican que:
Producimos basura mucho más rápido que otros contaminantes ambientales, más rápido inclusive que gases de efecto invernadero. El plástico bloquea los océanos y los ríos del mundo, causando inundaciones en ciudades de países en desarrollo. El problema del desperdicio es más agudo en ciudades emergentes. Vertederos como Laogang en Shanghái, Sudokwon en Seúl; Jardim Gramacho en Río de Janeiro; y Bordo Poniente en la Ciudad de México son algunos de los que compiten por ser el más grande del mundo. Cada uno de estos recibe alrededor de 10 mil toneladas de basura por día.
Los investigadores Daniel Hoornweg, Perinaz Bhada-Tata y Chris Kennedy, presentan tres escenarios para el futuro del desperdicio del planeta. El primero es un ideal en el que ya no dependemos de combustibles fósiles, no explotamos irresponsablemente los recursos del planeta y el 90% de la población (7 millones) está urbanizada y todos están mejor educados en términos del medio ambiente y los niveles de pobreza en países en vías de desarrollo están históricamente bajos. En este escenario para el año 2075 produciremos 8.4 millones de toneladas de basura diario.
En el segundo escenario, aquel en el que mantenemos nuestra actual forma de vida, las cosas han cambiado muy poco. Se han hecho algunos ajustes para reducir la emisión de gases y la desigualdad de ingresos, pero los cambios son mínimos y lentos. Para el año 2100 la población alcanza los 9.5 billones, de los cuales el 80% está urbanizado. Se producen 11 millones de toneladas de basura por día.
Finalmente, en el tercer escenario la población está claramente dividida en tres regiones, una de pobreza extrema, una de riqueza moderada y una de subsistencia básica. No ha habido ningún progreso para reducir los gases emitidos, y todas las metas de desarrollo han fallado. La pobreza extrema y una mala educación confluyen para incrementar la población hasta 13.5 billones, de los cuales el 70% habitan en ciudades. Y la producción de basura alcanza 12 millones de toneladas por día.
Partiendo del segundo escenario (que es el más probable), los investigadores dividieron el planeta en 7 regiones principales: África subsahariano, el Este de Asia y el Pacífico, Europa y Asia Central, el Sur de Asia, Latinoamérica y el Caribe, el Medio Oriente y el Norte de África, y un grupo de países de alto ingreso. En este sistema Estados Unidos y otros países desarrollados aún producen un gran porcentaje del desperdicio global, sin embargo, el Este de Asia produce la mayor parte de la basura. Actualmente China produce medio millón de toneladas de basura, pero se estima que para el 2025 incrementen hasta 1.4 millones. Después del 2050, se estima que África subsahariano será la región que más basura produzca, alcanzando las 3.2 millones de toneladas al día.
Lo que estos científicos exponen en el artículo de Nature, es la urgencia de cambiar la manera en la que consumimos productos desechables. No hay mejor momento que el presente para cambiar el futuro. Es el deber de aquellas personas que están conscientes de la situación actual educar a otros, así posiblemente cambiaremos el futuro.
La ONU ha pedido la colaboración de todos para empreder acciones que llevan postergándose 20 años. Hay que redifinir el concepto de progreso sin renunciar al crecimiento, insta
NATURAL
ABC
Hoy, 22 de abril, celebramos el 45 aniversario del Día Internacional de la Tierra. «La progresiva escasez de recursos o la extinción de especies de flora y fauna. Nos precipitamos hacia puntos de inflexión que podrían alterar la forma en que funciona nuestro planeta. Pero ni sabiéndolo hemos cambiado nuestra forma de actuar. Las grandes decisiones que tenemos por delante no corresponden solo a los legisladores y los dirigentes mundiales. El cambio comienza con nosotros. No todos tenemos a nuestro alcance obrar de manera sostenible, pero quienes tenemos esa posibilidad podemos transformar el mundo con simples decisiones, como optar por bombillas de bajo consumo o comprar solo lo que vayamos a consumir», ha manifestado el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Muchos consideran el cambio climático un «problema lejano». Sin embargo, las vidas de comunidades enteras de personas y animales en todo el mundo se están viendo alteradas como consecuencia de los impactos de este fenómeno, advierte la ONU, que considera a 2015 un año clave para «redifinir el concepto de progreso». París acogerá en diciembre una decisiva Cumbre sobre el Cambio Climático (COP21), pues se espera que de ella salga un compromiso vinculante internacional para la reducción de los gases de efecto invernadero a partir de 2020, incluidas las grandes potencias. Hasta esa fecha permanecerá vigente el Protocolo de Kyoto, cuyo aplazamiento se estableció en la Cumbre de Copenhague (2009) y que marcaba un recorte en las emisiones de CO2 del 15% con respecto a lo emitido en 1990.
Mil millones de personas todavía viven con menos de 1,25 dólares diarios, subraya Naciones Unidas. «Uno de los puntos más delicados de la propuesta de tratado es el referente a la negativa por parte de los países en vías de desarrollo de renunciar a su crecimiento económico, pese al coste medioambiental», advierte la organización.
Más de 400.000 personas participaron en La Marcha del Pueblo por el Clima, la más masiva convocada hasta la fecha, en septiembre del año pasado en Nueva York, recuerda la ONU, que estima necesarios losmovimientos de base para marcar la diferencia, dado que «en los últimos 20 años se han hecho varios intentos fallidos para alcanzar un tratado internacional para la reducción de los efectos del cambio climático». Ban Ki-moon, afirmó entonces que no existe un «Plan B» a la hora de combatir el calentamiento global porque no existe un «Planeta B». «Es preciso trabajar para galvanizar la acción», señaló.
España
Como parte de la misión que Naciones Unidas desarrolla para proteger el medio ambiente surgió el Proyecto Canopy, que reforesta los lugares cuyas comunidades más necesitan las masas forestales para mantener sus economías locales. Además, los árboles mitigan las consecuencias negativas del cambio climático (absorbiendo CO2) y proveen de alimento y energía, entre otros recursos, a las personas. Naciones Unidas ha pedido la colaboración ciudadana, a través de donaciones, para conseguir alcanzar los 10 millones de árboles plantados durante el próximo lustro. Diez dólares, por ejemplo, contribuyen a la plantación de diez árboles en áreas tan necesitadas como Haití, Uganda, Brasil, México y Estados Unidos. En los últimos tres años, el Proyecto Canopy ha plantado 1,5 millones de árboles en 18 países.
La iniciativa Plantemos Para el Planeta, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha reforestado distintas zonas de la Costa del Sol, una de las regiones de Europa que más peligro de desertificación corre, y ha creado espacios para que las personas puedan apreciar y disfrutrar de la belleza de la naturaleza. El Corredor Verde del Mediterráneo comenzó con la restauración de las 340 hectáreas que ocupa el bosque de la Sierra Blanca de Marbella y Ojén (Málaga, Andalucía), una demarcación de especial valor medioambiental ya que se enclava dentro de la Sierra de las Nieves, Reserva de la Biosfera de laUnesco.
El ecosocialismo de la Venezuela petrolera: una paradoja; por Jonathan Dias // #DíaDeLaTierra
Por Jonathan Dias
1. Rectificar, o el (no tan) nuevo ministerio. Cinco meses bastaron para que el gobierno nacional revirtiera aquella decisión de suprimir el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para unirlo a la cartera de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda. Nicolás Maduro reconoció que “la experiencia nos dijo que era necesario volver” y rehabilitó un ministerio que se dedicase a la cuestión ambiental. A la nueva cartera la denominó “de Ecosocialismo y Agua”.
Reconoció que la medida no había sido bien acogida por la comunidad dedicada a la conservación ambiental en Venezuela, quienes consideraron que era una “degradación” y que sería “un retroceso en materia de políticas e institucionalidad ambiental, y es incongruente con los principios de desarrollo sustentable y derechos ambientales establecidos en nuestra Constitución”.
Según el discurso presidencial, la diferencia entre el antiguo y el nuevo ministerio ambiental no es únicamente nominal, pues dijo que la tarea del organismo será el desarrollo de un “concepto ecológico para salvar al planeta del cambio climático”. A pesar de que para el Presidente el Ministerio de Ambiente era de “permisologías”, el último ministro ambiente, Dante Rivas, ya prometía instalar el Ecosocialismo en Venezuela.
2. Contradicciones con un concepto. El concepto no es producto endógeno, ya que se extrae del Manifiesto Ecosocialista redactado por los académicos Joel Kovel y Michael Löwy luego de la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo en 2002. De acuerdo con un texto de Löwy ¿Qué es el ecosocialismo?, se trata de una “corriente de pensamiento y de acción ecologista que hace suyos los principios fundamentales del marxismo”, haciendo la salvedad de que estos principios estarán desembarazados de los “residuos productivistas”. Por último, esta corriente, heterogénea en sí misma, propone más que reformas ecológicas, “un cambio real de civilización” contra la “lógica productivista y la mercantilización de la civilización capitalista/industrial” pues conduce al desastre ecológico.
La multiplicidad de posturas conservacionista ha hecho que esta corriente sea cuestionada desde varios frentes por razones disímiles. Fred L. Smith Jr. Presidente del The Competitive Enterprise Institute, la considera una amenaza a la libertad alrededor del mundo y apunta a la construcción de un ambientalismo basado en el liberalismo clásico. Desde la corriente conocida como ecología profunda se considera que se debe ir a una sociedad post-capitalista, pero no necesariamente socialista, como lo demuestra una discusión escrita entre representantes de ambos grupos. Incluso desde un texto publicado en el portal de la Liga Internacional Comunista se ha afirmado que “la ideología ambientalista y el socialismo son enteramente irreconciliables. Todas las variantes del ambientalismo son una expresión de la idelogía burquesa, ofreciendo correcciones basadas en la sociedad dividida en clases y en el reforzamiento de la escasez”.
La expresidenta de Inparques y bióloga especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable, Carmen Cecilia Castillo considera que el discurso ecosocialista del gobierno venezolano contiene “elementos retóricos”, “fundamentalmente semánticos” en vista de que “la realidad demanda con urgencia la solución de los problemas ambientales, la relevancia que le otorga el sector oficial a la materia, ambiental pareciera que no fluye en la misma dirección”.
El último informe general de la Red Ara de 2011, que incluye a 29 organizaciones ambientales y científicas de Venezuela, constató que, aunque Venezuela está entre los diez países con mayor diversidad biológica, también ocupa un puesto en el top ten de los países con tasa de deforestación más alta, que en sólo 7 años se duplicó la generación de desechos sólidos, que somos el cuarto país en número de especies de anfibios, pero el 51% de ellos están en peligro. Aparte estas y otras preocupaciones como el impacto de la industria petrolera, han denunciado acciones directas del gobierno como el cierre de la Fundación Científica Los Roques y el anuncio de construcción de un hotel de lujo en el Parque Nacional Mochima.
Una constatación del deterioro ambiental puede encontrarse en los datos manejados por el extinto MinAmb, que muestran una baja en la proporción de la superficie cubierta por bosques, un alza en las áreas afectadas por procesos de degradación, un aumento en el total de superficies afectadas por incendios de vegetación. Si bien es verdad que otros indicadores parecen favorables, algunos han sido discutidos por organizaciones ambientales, como la disposición de desechos sólidos.
3. La paradoja del ecosocialismo en Venezuela. María Pilar García-Guadilla, Coordinadora del Grupo de Investigación en Gestión Ambiental, Urbana y Sociopolítica de la Universidad Simón Bolívar ha planteado una de las paradojas a las que se enfrenta Venezuela para hacer posible el modelo de desarrollo ecosocialista. El manifiesto de Kovel y Löwy plantea que, para lograr una sociedad en armonía con la naturaleza, el modelo económico debe desprenderse de la dependencia a los combustibles fósiles, que consideran consustanciales al capitalismo industrial. Ante la dependencia económica con el petróleo, la investigadora apunta a las contradicciones que debe resolver el Estado: “¿cómo prescindir de los combustibles fósiles para lograr un desarrollo sostenible?”.
Un ejemplo es que, con ocasión de la caída de los precios del petróleo influidas por el aumento de la producción norteamericana mediante el uso de la altamente contaminante técnica de fractura hidráulica o fracking, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado, desde octubre de 2014, los daños a los ecosistemas que esto produce. Incluso llegó a proponer una reforma constitucional para prohibir la técnica del fracking.
Sin embargo, la estatal PDVSA ha utilizado también estos métodos. En el informe Contacto con la nueva PDVSA de 2006, anuncia que incrementó la producción de gas con “tecnología de punta”. En el desarrollo del texto, especifican que “se llevó a cabo con éxito la técnica de fracturamiento hidráulico, la cual permitió un aumento significativo en la producción en los 11 pozos del Distrito Social Norte donde fue aplicada”. Luego de los incrementos en la producción, estiman que “el fracturamiento hidráulico se aplique a más pozos durante el 2006, lo que ayudará a cumplir las metas del Plan Siembra Petrolera en el período 2006-2030”. Durante la inauguración de la exposición Fucking Fracking en marzo en 2015, el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino reconoció que la empresa que dirige hace fracturamiento, pero lo realiza en yacimientos arenosos “con un mínimo impacto en el ambiente”. Diferenció esa técnica del fracking afirmando que éste se hace en “rocas que no son porosas, que no tienen una porosidad natural”.
Para 2014, Rafael Ramírez, entonces presidente de PDVSA, también anunció que se iban a hacer las “primeras exploraciones para la búsqueda de gas lutita” en el Lago de Maracaibo, producto extraído mediante la fractura hidráulica. Ya estos estudios se habían adelantado el año anterior, como lo demuestra la Memoria y Cuenta, cuando registraron 112 billones de pies cúbicos de gas proveniente de formaciones lutíticas. En la Memoria y Cuenta de 2014 no se hizo mención a la continuación de estas mediciones ni a la explotación de los yacimientos ya explorados. El informe nombra 110 veces la palabra “ambiental”, pero no especifica cuántos derrames hubo con relación a los 88 del año anterior y los 115 del 2012. Lo que queda claro es que la estatal ha utilizado una técnica altamente contaminante, y ha estudiado los posibles beneficios económicos de volver a usarla, a pesar de apuntar al ecosocialismo.
El costo ambiental de la técnica de fracturamiento no es el único que debe asumir una industria petrolera. El Balance de gestión social y ambiental de 2013, el último publicado muestra como un logro de gestión el progresivo restablecimiento de fosas utilizadas por la industria a lo largo de las décadas, otros datos muestran los costos ambientales propios de la industria petrolera. La petrolera reporta que del área contaminada por los 10.722 derrames durante ese año sanearon el 3,44%. El año anterior reportaron 7114 derrames menos.
4. Un problema de modelo. Para María Pilar García-Guadilla el problema no ha sido de marco legal sino del propio modelo productivo, pues el modelo es
“la continuación y ampliación del actual modelo extractivo, lo que implica la generación de fuertes impactos ambientales y supone una racionalidad de carácter desarrollista, instrumental y neoliberal. En síntesis, ni la constitucionalización de las demandas ambientales ni la propiedad gubernamental de los principales recursos naturales, ni el discurso antineoliberal, antiimperialista y antiglobalización del gobierno, ni siquiera su propuesta discursiva del ecosocialismo del siglo XXI han sido suficientes para transformar el modelo de desarrollo neoliberal y capitalista imperante en Venezuela”.
La especialista fundamenta esta afirmación de su estudio de 2009 en que los planes de desarrollo venezolanos se fundamentan en grandes proyectos petrolíferos, gasíferos, carboníferos y de infraestructura, es decir un modelo mineral-extractivo con altos costes ambientales. Las infraestructuras propuestas por el gobierno de Chávez hasta ese momento consistían en la construcción de nuevos oleoductos, gasoductos y líneas de transmisión eléctrica a otros países, todos proyectos con impacto ambiental negativo.
La Red Ara mantiene que, a pesar del discurso político, “se mantiene la antigua dicotomía entre desarrollo y ambiente, ahora reconvertida en la contraposición entre desarrollo del pueblo contra protección ambiental. Tal orientación pareciera ignorar que el bienestar de la población pasa necesariamente por una gestión sostenible, es decir responsable, solidaria y equitativa, de los recursos y servicios ambientales”. Para combatir los problemas medioambientales en Venezuela, los discursos y las buenas intenciones no son suficientes.
Por: http://www.medicossinmarca.cl/
No sólo los laboratorios hacen uso sistemático de tácticas de promoción cuestionables y alianzas interesadas con el cuerpo médico. En pediatría, la promoción agresiva de fórmulas “nutracéuticas” y “terapéuticas” –importadas y de alto costo– constituye una práctica habitual y en vertiginoso aumento.
Una estrategia dominante actualmente es la “patologización” indiscriminada de fenómenos normales en el lactante menor (especialmente antes de los 3 meses) y su presunta resolución con fórmulas hipoalergénicas. El terreno es fértil para la profecía autocumplida, pues los fenómenos propios del desarrollo, como llanto, cólicos, regurgitación, despertares nocturnos, erupciones cutáneas, etc. están destinados a resolverse espontáneamente, generalmente a partir de los 3 meses. En un reciente congreso internacional realizado en Chile, un conferencista promovía –ante medio millar de personas– el uso de ciertos productos para el cólico infantil, señalando su efectividad en un 70% de los casos al cabo de 4 a 6 semanas de uso. Por definición, ¡ésa es la historia natural del cólico infantil! Así fue descrita por los clásicos y corroborada por la investigación contemporánea.
Esta estrategia ha resultado un verdadero éxito comercial y mediático, generando una preocupación masiva en las madres y familias de los lactantes, mientras se distribuyen incentivos a granel entre los prescriptores. Estos reciben además la información técnica de parte de las propias compañías, alineando así sus conocimientos con los intereses de éstas. Los productos referidos son prescritos a un porcentaje considerable de los lactantes que consultan (sobre todo en sectores de nivel socioeconómico más alto).
Esta situación es especialmente notoria en el ámbito de las alergias alimentarias. Si bien hay datos que muestran un aumento de dichas alergias en las últimas décadas, las prácticas observadas en nuestro país (y en otros) pocas veces se basan en la evidencia “dura”. Los criterios diagnósticos se han vuelto extremadamente difusos, muchas veces en forma deliberada y bajo el impulso de las partes interesadas. Los diagnósticos se apoyan en pruebas de laboratorio inespecíficas, no validadas o francamente erróneas. Algunas de las cifras presentadas se basan en autodiagnóstico de pacientes en encuestas poblacionales.
Hay otros factores implicados en este fenómeno médico-sociológico. Entre ellos, la cantidad e intensidad de los temores y aprensiones que se observan en una alta proporción de los padres y madres de hoy. Éstos están relacionados con el desconocimiento de la fisiología del niño sano, de sus variantes normales y de los fenómenos propios del desarrollo infantil, no sólo por parte de la población general sino también de muchos médicos (sobre todo de reciente egreso). El nivel de exposición a la biología del niño sano y a la puericultura en los currículos pediátricos de algunas universidades parece francamente insuficiente. Las actividades prácticas suelen centralizarse en campos terciarios (atención de patologías), a expensas de la supervisión de salud de la díada madre-hijo y del enfoque familiar y comunitario.
El clima de consumismo imperante en el área de la salud estimula en las familias el fenómeno de “doctor shopping” y la búsqueda de segundas y terceras opiniones. Se multiplican las consultas por motivos banales y la medicalización (y medicación) de molestias menores. Padres que se presentan como clientes exigentes (“¡para eso pago!”) demandan para sus hijos una especie de “inmunidad absoluta”. El nacimiento, el crecimiento y la crianza deben ser perfectos, exentos de dolencias y de las vicisitudes propias de la condición humana. No se aceptan resfríos, ni quejas, ni llantos, ni desvelos, ni sarpullidos, ni muchas deposiciones ni pocas, ni regurgitaciones, ni gases, ni despertares intempestivos ni variantes temperamentales en los niños.
Los medios, especialmente la TV y las revistas “femeninas”, con su énfasis en los testimonios dramáticos y casos aberrantes, contribuyen a la patologización de fenómenos habituales en los niños, fomentando en la población una preocupación excesiva ante situaciones manejables. A menudo vemos en reportajes y entrevistas a connotados “gurús” promoviendo el uso de costosas panaceas (casualmente en sincronía con las compañías fabricantes). Las complejas redes de intereses que involucran a medios de comunicación, compañías farmacéuticas (o de alimentos) e instituciones de salud, por regla general pasan desapercibidas a ojos de televidentes y lectores.
Las sociedades científicas, volcadas hacia adentro, muchas veces desconocen las repercusiones que sus recomendaciones tienen sobre el cuerpo médico no especializado, los medios, el público y la salud de la población. A mayor especialización y menor orientación biopsicosocial, mayor es la probabilidad de que sus normativas –unilaterales y a menudo dogmáticas– entren en conflicto con intereses naturales de la comunidad, como la promoción de la lactancia materna, el cuidado responsable del lactante y del niño y la contención de costos en salud.
Los cursos y congresos promovidos por muchas sociedades científicas son un reflejo de los intereses de las compañías patrocinadoras. Rara vez se encontrará, por tanto, que enfaticen (o siquiera incluyan) actualizaciones en temas como lactancia materna, alimentación infantil saludable o biología del resfrío común (en oposición a la creciente y perniciosa tendencia a conferir carácter crónico y ominoso a las infecciones respiratorias banales de la infancia, que son parte constitutiva de la vida en sociedad del ser humano). Los conferencistas invitados suelen ser elegidos (o “sugeridos”) por los auspiciadores o pertenecer a su nómina de speakers pagados. Los temas a tratar –como los expositores– a menudo pasan por el filtro (explícito o implícito) de dichas corporaciones. Abundan los regalos y las chucherías de toda índole para los asistentes, con el nombre y logo del producto “estrella”. El espectáculo en ocasiones es cuasi-circense.
En tales instancias de Educación Continua, los asistentes –en buena parte jóvenes profesionales sin oportunidad de acceder a programas educativos formales– siguen con devoción y candor las ponencias presentadas, internalizando de manera literal los contenidos.
Cada año, laboratorios y compañías de alimentos no escatiman en gastos para financiar el periplo latinoamericano de investigadores extranjeros que presentan sus convenientes resultados y que encuentran tribuna libre y aquiescencia de parte de las jefaturas de centros académicos y clínicos (donde las promociones se realizan incluso en el horario oficial de las reuniones clínicas).
Algunas compañías han impulsado la creación de foros en internet donde madres, padres y otros “interesados” discuten informalmente los problemas que ameritan el uso de ciertos medicamentos y productos. Allí se demonizan los malestares normales del lactante, se solidariza con las sufrientes familias y se describen las virtudes de tal o cual producto. La compañía interesada permanece en las sombras. Muchas veces los foristas promueven agresivas acciones de lobby para que el (carísimo) producto llegue a ser una necesidad colectiva y, por ende, objeto de subsidios estatales (un precioso ejemplo de políticas regresivas).
Escasea la investigación local dirigida a caracterizar la naturaleza y efectos de la patologización de los fenómenos normales, así como sus costos económicos y sociales. Por ejemplo, el masivo aumento de las licencias médicas por supuesta enfermedad grave del niño menor –responsable de una escalada en costos de salud durante casi dos décadas–, prácticamente no mereció investigaciones de carácter científico en el país.
Las universidades, por su parte, cada vez más centran sus intereses investigativos en grandes proyectos sobre terapias farmacológicas, financiados por laboratorios internacionales, o en proyectos de prestigio –muchas veces personalistas– característicamente en el campo de la biología molecular. Las entidades con interés en Salud Pública –públicas o privadas, universitarias o estatales– tienden por su parte a incursionar en el terreno tradicional de la demografía y de las políticas económicas o de gestión. Lo que ocurre en la calle, en los hogares o en la consulta médica rara vez es investigado por los ámbitos académicos, aún cuando moldeen en forma fundamental las creencias y procederes de la población.
Tampoco la rigurosa Medicina Basada en Evidencia (MBE), cuyo insumo son los datos publicados en la literatura, suele hacerse cargo de estos temas. Por lo demás, la proletarización de la práctica clínica –especialmente en Atención Primaria– deja a los profesionales desinformados respecto de las fuentes de evidencia en las que debieran apoyar sus decisiones. En este contexto, los visitadores médicos y las compañías farmacéuticas y de alimentos se hacen cargo a sus anchas –con sus propios énfasis, contenidos, trucos y obsequios– de la educación continua de gran parte de la profesión médica.
Los grandes temas de salud no tienen sponsor. Ante la irresistible presión de situaciones como las antes descritas, que actúan concertadamente, los grandes perdedores serán siempre los temas huérfanos de mecenas corporativos: la lactancia natural, las prácticas saludables en la crianza y la alimentación del niño, el autocuidado, la resolución espontánea de las dolencias banales y autolimitadas. En suma, el concepto global de “niño sano” o “niño normal”. Frente a las potentes fuerzas mercantiles y de la cultura imperante que insisten en desvirtuarlo, patologizando todas y cada una de sus características, el concepto de niño sano constituye hoy en día una concepción casi subversiva.
