Por: MARIANA ESCOBAR ROLDÁN | 9:35 a.m. | 4 de noviembre de 2014
Foto: Foto: Cortesía Rodrigo Botero
Imagen de área deforestada en sabanas del Yarí, al sur del Parque Nacional Sierra de la Macarena, donde la ganadería extensiva le ha ganado terrero a los bosques.
Casi 4 millones de hectáreas de bosques y ríos entre el Meta, Caquetá y Guaviare son la aorta del sistema de áreas protegidas para buena parte del país. Allí, donde en 1989 se declaró el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), convergen cuatro parques naturales: Tinigua, Cordillera de los Picachos, Sumapaz y Sierra de la Macarena.
Tan solo en este último y en sus territorios aledaños conviven 12.000 especies vegetales, 420 tipos de aves, 213 de peces y 63 de reptiles, y el área es un corredor que conecta a la Amazonia con la cordillera de los Andes.
Sin embargo, en la zona, justo entre los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán, se encuentra el núcleo de deforestación más grande del país.
En su último informe, el IDEAM reveló que en 23 años se han desconectado dos áreas críticas del noroccidente de la región: la zona que abarca a La Macarena y Tinigua, y las Sabanas del Yarí, una planicie cubierta de pastos en medio de la selva que ha funcionado como tapón para impedir el ingreso de las actividades económicas y colonización al centro del llamado pulmón del mundo.
El origen del mal
Imagen de tala en el norte del Caquetá. Según el Ideam, este es el departamento donde mayor deforestación se concentra, principalmente por ganadería y apertura de carreteras. (Foto: Archivo Escuela Audiovisual Belén de los Andaquíes)
La deforestación en esta zona la inauguraron las empresas petroleras, a las que le siguieron grupos de campesinos alentados por las promesas de la ganadería extensiva y el cultivo de coca.
Hace 30 años, Ángel Torres, un agricultor nacido en el Valle del Cauca, llegó a las márgenes de los ríos Losada y Guayabero, entre Tinigua y Macarena. Con él se asentaron unas 400 familias, buena parte de ellas desplazadas por el conflicto armado del suroccidente del país.
La ocupación en 323.825 hectáreas de selva amazónica, cuando aún no había parques declarados, detonó el escenario que hoy preocupa a las autoridades ambientales.
Torres, ahora presidente de la Asociación Campesina Ambiental Losada-Guayabero (Ascal-G), es franco y dice que, en esencia, los campesinos deforestan “para sembrar pastos, para tener más vacas, para tener más ingresos”.
Los ingresos, a su vez, suplen la ausencia del Estado en la zona: “Con eso levantamos las escuelas y los 800 kilómetros de carreteras que necesitamos para mover nuestros productos entre 68 veredas”, dice.
Este círculo del terror para tantas especies de fauna y flora se fue ampliando a los alrededores de las áreas protegidas, y a Edersson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques del IDEAM, le preocupa que el problema avance al centro de la Amazonia –el mejor conservado– a través de las riveras de los ríos Caquetá, Putumayo, Orteguaza y Caguán.
Hace 23 años, cuenta el ingeniero, este último afluente tenía una frontera de deforestación cercana a las áreas urbanas, pero en la actualidad ha penetrado más de 35 kilómetros de selva, principalmente por la apertura de carreteras.
Según Cabrera, el hecho de que el 57 por ciento de las 120.933 hectáreas de bosque que fueron deforestadas en Colombia durante el 2013 pertenezcan a la Amazonia, y que esta tendencia se haya mantenido en la última década, es un indicador de que algo está pasando en la región.
El problema, dice, es el resultado de varios factores acumulados. De un lado, está la ampliación de la frontera agrícola, la extracción ilegal de maderas, los cultivos ilícitos y las vías de penetración para sacar adelante estos negocios, pero de acuerdo con el ingeniero, la minería en la Amazonia va a pasos de gigante.
Según información reciente del Registro Minero, en la región hay cerca de 140 títulos vigentes que cubren un área aproximada de 100.000 hectáreas (la mayoría dedicadas a la extracción de oro y coltán).
La entrada de la minería es tan evidente que en la última Encuesta de Percepción Ciudadana, realizada por Ipsos Napoleón Franco para el proyecto Amazonas 2030, el 43 por ciento de la población encuestada manifestó haberse visto afectada negativamente por la actividad, aun cuando en 2011 solo el 13 por ciento lo aceptó.
Si bien Cabrera explica que la minería ilegal no es el gran destructor de bosques, la actividad sí aumenta la expectativa de posibles colonos con miras a aprovechar los recursos.
Sin embargo, para Rodrigo Botero, consultor en medio ambiente y exdirector de la territorial Amazonia y Orinoquia de Parques Nacionales, el problema va más allá de lo expuesto por el IDEAM: “Atribuir la deforestación en la Amazonia a la minería y a la tala es una visión muy parroquial de que lo que hay es un bando de guerrilleros malos y unos campesinos brutos que van con el hacha y la leña al hombro. El problema son los modelos de desarrollo”, aclara.
Según el experto, lo que sucede entre los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare tiene múltiples dinámicas.
La deforestación en la zona norte del Caquetá, por ejemplo, ha estado estimulada por la confluencia de la actividad ganadera, y en especial, por la producción lechera. En este mismo territorio, la colonización utilizó las trochas abiertas en décadas anteriores por las compañías petroleras para desarrollar actividades económicas sin planeación territorial alguna.
Avance de la palma africana sobre las selvas del Guaviare y Macarena, entre los ríos Ariari y Guayabero. Foto: Cortesía Rodrigo Botero.
En Meta, Botero explica que nuevos proyectos planificados desde el gobierno central aumentan la presión sobre los bosques y el valor de la tierra. La llamada Transversal de La Macarena, dice, es un estímulo para la fragmentación definitiva de los parques Macarena y Tinigua, y con ello, se rompe la continuidad entre ecosistemas andinos y amazónicos. “Sería enorme el impacto de estos proyectos si no van provistos de mecanismos de compensación territorial y de reordenamiento de la planificación vial”, añade.
Adicionalmente, el estancamiento de los programas de erradicación voluntaria que se venían llevando en La Macarena, la incertidumbre por los procesos de colonización y la persistencia del conflicto armado en el área, ha hecho que la migración de cultivos ilícitos por erradicación forzosa se asienten, haciendo aún más compleja la deforestación.
Imagen de tala en el norte del Caquetá. Según el Ideam, este es el departamento donde mayor deforestación se concentra, principalmente por ganadería y apertura de carreteras. Foto: Archivo Escuela Audiovisual Belén de los Andaquíes.
Mientras tanto, en Guaviare, el crecimiento de los cultivos de palma y la compra de tierras por parte de ganaderos provenientes del valle del río Magdalena agrava la situación, al tiempo que, según denuncia Botero, “la deforestación se está comiendo al pueblo Nukak”.
A los casi un millón de hectáreas de resguardo de selva pura entre los ríos Inírida y Guaviare, han llegado las carreteras para movilizar la droga que se produce en un complejo de cultivos de coca enorme. “A esos indígenas no hay quién los proteja y esto tiene que ser una señal de alarma de que la colectividad no tiene condiciones óptimas de vida”.
Hasta el clima se ve afectado
Dice Edersson Cabrera, del IDEAM, que Tinigua, Macarena y Yarí son las últimas conexiones entre los Andes y la Amazonia, y si estas se pierden, muchas especies de aves y de mamíferos, como las dantas, el jaguar, el puma o el venado de cola blanca, que realizan allí su distribución natural, podrían verse afectadas.
Carreteras en el frente de colonización de las sabanas del Yarí, del lado Guaviare. Foto: Cortesía Rodrigo Botero.
Hernán Montero, de la Territorial Amazonia de Parques Nacionales, advierte que la ruptura de los flujos entre ecosistemas es catastrófica para un escenario de cambio climático. “La Amazonia tiene tanta agua, sencillamente porque llega desde la región Andina, y al tiempo, los ciclos hidrológicos y climáticos de nuestras ciudades dependen en gran parte de que las cosas funcionen bien en el bioma amazónico. No podemos desconectarnos”.
Con la deforestación, quedan pedazos individuales de selva similares a islas, que sin vínculos no prestan ninguna función, y al país le saldría muy costoso recuperar esas conectividades en zonas donde inevitablemente hay asentamientos indígenas y campesinos. Por eso, la propuesta de Montero es pensar cómo crear figuras de ordenamiento en las áreas protegidas que corren peligro para que tengan un uso compatible con las condiciones de la región.
En esto, Ángel Torres y su comunidad han trabajado desde 1996, cuando le expresaron a las autoridades ambientales de la región que querían hacer algo para frenar la deforestación que en un comienzo ellos mismos habían provocado.
“Hace unos años, la gente tumbaba hasta 200 hectáreas de bosque, pero a partir del proyecto, de las capacitaciones y de crear una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar los riquísimos ecosistemas que tenemos, logramos reducir a 20 el número de hectáreas taladas”, afirma el líder, y agrega que, cada dueño de finca en la zona se comprometió a conservar el 40% del terreno para bosques, ya hay 122 familias que cambiaron la coca y la ganadería por la agricultura y han sembrado 219 hectáreas para el cultivo de caucho y cacao.
Imagen de área deforestada en sabanas del Yarí, al sur del Parque Nacional Sierra de la Macarena, donde la ganadería extensiva le ha ganado terrero a los bosques. Foto: Cortesía Rodrigo Botero.
Aunque es consciente de que él y su gente habitan en pleno Parque Nacional Natural Tinigua, su misión más importante es constituir una zona de reserva campesina allí. “Todavía somos colonos, no tenemos títulos y no somos propietarios de nada, pero queremos conservar y llevamos casi 20 años haciéndolo. ¿Qué pasa entonces si el Gobierno nos permite quedarnos a cambio de que frenemos la deforestación? El bosque lo necesitan ellos y nosotros”, resalta.
De parte del Gobierno, las alarmas por la situación de la región parecen estar encendidas. A mediados de octubre, durante la entrega de la primera tasa de deforestación anual del país, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, dijo explícitamente: “el reto principal está en contener la deforestación en la Amazonía”.
Para ello, mencionó Vallejo, su cartera impulsa la ejecución de dos iniciativas: Visión Amazonía, un proyecto que todavía no está en marcha, pero que tiene asegurados 64 millones de dólares para reducir la deforestación en esta zona, y Corazón de la Amazonia,que pretende mejorar la gobernanza y promover la gestión sostenible para reducir la depredación del bosque y conservar la biodiversidad en 9 millones de hectáreas de Caquetá y Guaviare.
Por ahora, dice Hernán Montero, el país no está en condiciones de mantener la Amazonia si no genera mecanismos de sostenibilidad que impliquen el compromiso de la sociedad y una reflexión muy profunda sobre cuál es el modelo de desarrollo más apropiado para la región, sin renunciar a perder selva, sin desconocer las necesidades de los grupos humanos y sin desconocer la intención del país de generar un desarrollo basado en el uso de la biodiversidad.
MARIANA ESCOBAR ROLDÁN
REDACCIÓN EL TIEMPO
marrol@eltiempo.com
@marianaesrol
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