Las semillas son objeto de ataques en todos lados. A través de la presión que ejercen las empresas privadas, las leyes de muchos países limitan cada vez más las actividades de las/os agricultoras/es con sus semillas y con aquellas que compran. La conservación de semillas, una práctica milenaria que constituye la base de la agricultura, está convirtiéndose rápidamente en una labor criminalizada. ¿Qué podemos hacer al respecto?
Foto: Tineke d'Haese/Oxfam
Tabla de contenido
Introducción
1. Las leyes sobre semillas ilegalizan a las/os agricultoras/es
2. Semillas africanas: un tesoro amenazado
3. América: resistencia masiva contra las "leyes Monsanto"
4. Asia: la lucha contra una nueva ola de semillas industriales
5. Europa: las/os agricultoras/es luchan por rescatar la diversidad agrícola
Conclusión
Glosario
Acrónimos
Recursos complementariosPuntos de acción – póster publicado por La Vía Campesina y GRAIN
Casos de estudio adicionales – publicado por La Via Campesina y GRAIN
Las leyes de semillas en el mundo: influencia en las/os agriculturas/os y sus semillas – Publicación de GRAIN
Los acuerdos comerciales criminalizan las semillas campesinas e indígenas – Publicación de GRAIN
Introducción
Las semillas constituyen uno de los pilares irremplazables de la producción de alimentos. Las/os agricultoras/es de todo el mundo son muy conscientes de ello desde hace siglos. Se trata de un acuerdo universal y básico que todas/os las/os agricultoras/es comparten. Salvo en aquellos casos en los que han sufrido agresiones externas o circunstancias extremas, prácticamente todas las comunidades agrícolas saben guardar, conservar y compartir las semillas. Millones de familias y de comunidades agrícolas han trabajado para crear cientos de cultivos y miles de variedades de cultivos. El intercambio habitual de semillas entre las comunidades y los pueblos ha permitido que los cultivos se adapten a diferentes condiciones, climas y topografías. Esto es lo que ha permitido que la agricultura se extienda, crezca y alimente al mundo con una dieta variada.
Sin embargo, las semillas también han sido la base de procesos productivos, sociales y culturales que han dotado a las poblaciones rurales de una habilidad obstinada para mantener cierto grado de autonomía y negarse a ser completamente controladas por las grandes empresas y el gran capital. Desde el punto de vista de los intereses de las empresas que se esfuerzan por tomar el control de la tierra, de la agricultura, de la alimentación y el gran mercado que representan, esta independencia supone un obstáculo.
Desde la Revolución verde, las empresas han desplegado una serie de estrategias para lograr este control: la investigación agrícola y los programas de expansión, el desarrollo de cadenas mundiales de materias primas y la ampliación masiva tanto de la agricultura de exportación como del agronegocio. La mayoría de las/os agricultoras/es y pueblos indígenas han resistido a esta apropiación y continúan haciéndolo de maneras diferentes.
Manifestación en Guatemala en defensa de la biodiversidad y en contra de la influencia de la agro industria sobre las semillas, pilar de la alimentación en la tierra. (Foto: Raúl Zamora)
El sector empresarial intenta actualmente erradicar esta rebelión a través de una ofensiva legal de escala mundial. Desde la creación de la Organización Mundial del Comercio, y prácticamente sin excepción, todos los países del mundo han aprobado leyes que permiten a las empresas ser propietarias de diferentes formas de vida: ya sea a través de patentes o de los llamados derechos de obtentor o leyes de protección de obtenciones vegetales, ya es posible privatizar microorganismos, genes, células, plantas semillas y animales.
En todo el mundo ha habido movimientos sociales, especialmente organizaciones agrícolas y campesinas, que han resistido y se han movilizado para evitar que estas leyes fueran aprobadas. La resistencia continúa en muchas partes del mundo e incluso cuenta ya con algunas victorias. Para reforzar este movimiento, es muy importante que el mayor número posible de personas, especialmente en los pueblos y las comunidades rurales más afectadas, comprendan estas leyes además de su incidencia y objetivos y la capacidad que tienen los movimientos sociales de reemplazarlas por leyes que protejan los derechos campesinos.
Las leyes sobre semillas que promueve la industria se caracterizan actualmente de la siguiente manera:
a) Evolucionan constantemente y son cada vez más agresivas. A través de nuevas olas de presión política y económica (especialmente a través de los llamados tratados de libre comercio, los tratados de inversión bilaterales y las iniciativas de integración regional) todas las formas «suaves» de los derechos de propriedad sobre las semillas han sido endurecidas y continúan siendo cada vez más restrictivas y a un ritmo cada vez mayor. Las leyes sobre semillas y la protección de obtenciones vegetales son revisadas continuamente para ser adaptadas a las nuevas exigencias de la industria semillera y la biotecnología.
b) Las leyes que ceden derechos de propriedad sobre las semillas se han visto reforzadas por otras normativas que se supone deben garantizar la calidad de las semillas y la transparencia del mercado además de evitar falsificaciones, entre otras. Estas otras normativas incluyen la certificación de semillas, la comercialización y las normas sanitarias. Con ellas, empieza a ser obligatorio que, por ejemplo, las/os agricultoras/es adquieran o utilicen únicamente semillas comerciales adaptadas a la agricultura industrial, o que suponga un delito entregarle semillas a tu hija/o o intercambiarlas con un/a vecino/a. El resultado es que las ferias e intercambios de semillas (que son una creciente forma de resistir a estas leyes) comienzan a ser ilegales cada vez en más países.
c) Al reforzar la privatización, estas leyes ignoran los principios básicos de justicia y libertad y violan de manera directa la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las leyes sobre semillas han impuesto como norma asumir la culpabilidad de cualquier persona que sea acusada de no respetar los derechos de propriedad sobre las semillas, tirando por la borda el principio de que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En algunos casos, se pueden tomar medidas contra el/la infractor/a acusado/a sin que se le comuniquen los cargos. Estas leyes sobre semillas están logrando que incluso sea obligatorio denunciar a las/os presuntas/os cómplices, legalizando por tanto los registros y la incautación de semillas ante una mera sospecha (incluso sin que sea necesaria una orden judicial) y permitiendo que sean agencias privadas quienes lleven a cabo estos controles.
d) Estas normativas son redactadas de manera imprecisa y con un lenguaje incomprensible y contradictorio, dejando demasiado margen para su interpretación. En la mayoría de los casos, las leyes pasan por las cámaras legislativas en secreto o a través de acuerdos internacionales que no se pueden debatir a escala nacional ni local.
La experiencia demuestra que cuando la falta de información y el secretismo para impulsar dichas leyes es contrarrestada por las campañas de información y la movilización de organizaciones sociales, la gente no quiere estas leyes. La mayoría de las personas rechazan la idea de que una empresa pueda apropiarse de una variedad vegetal y prohibir a las/os agricultoras/es que reproduzcan sus propias semillas. Se trata de algo completamente absurdo. La gente por lo general tampoco suele estar de acuerdo con que el trabajo que hacen las/os agricultoras/es para alimentar el mundo deba, de pronto, pasar a constituir un delito. Cuando la resistencia ha sido lo suficientemente fuerte, se ha logrado parar el expolio jurídico que estas leyes pretenden conseguir.
La experiencia demuestra así mismo que quienes pretenden privatizar, monopolizar y controlar las semillas en nombre de las grandes empresas multinacionales no tienen límites. No existe la posibilidad de negociar, hacer concesiones o alcanzar acuerdos mutuos de manera que puedan coexistir de manera pacífica los diferentes intereses. La agenda de las empresas consiste en que resulte imposible para las/os agricultoras/es tener semillas y por tanto que sean dependientes de las semillas que han comprado.
De igual forma, la experiencia nos muestra que es posible resistir y desmantelar estos ataques. Sin embargo, esto requiere de herramientas de información y socialización que permitan disipar el humo de falsas promesas y palabras bonitas, con el fin de que la gente realmente vea lo que se esconde tras las leyes sobre semillas. Este cuaderno quiere ayudar a que este trabajo sea posible.
1. Las leyes sobre semillas ilegalizan a las/os agricultoras/es
El desplazamiento de las semillas campesinas constituye un proceso que ha ido ganando terreno y velocidad en todo el mundo durante las últimas décadas. En el siglo XX, cuando el cultivo de plantas y la producción de semillas pasaron a conformar actividades separadas de la agricultura, las variedades campesinas fueron poco a poco reemplazadas por las variedades industriales. En Europa y América del Norte, este proceso tuvo lugar a lo largo de varias décadas y fue impulsado por nuevas tecnologías como el desarrollo de los híbridos. En Asia, África y América Latina, comenzó después de los años 60, cuando los llamados programas de desarrollo impulsaron los cultivos «de alto rendimiento» y el uso de insumos químicos (la denominada Revolución verde). En los últimos veinte años estamos siendo testigos de una situación nueva, en la que se está desatando una agresiva ola de leyes sobre semillas, a menudo en nombre del «libre comercio», con el fin de paralizar casi todas las actividades que llevan a cabo las/os agricultoras/es con sus semillas.
En Asia, en África y en América latina, el remplazo de las semillas tradicionales por semillas industriales “de alto rendimiento” comenzó en los años 60. Estas semillas industriales van de la mano de la utilización de insumos químicos. (Productor de maíz y de sorgo en Mali) (Foto: Tineke D’Haese/Oxfam)
Las/os agricultoras/es que producen e intercambian sus propias semillas dentro de su propia comunidad o con las comunidades vecinas no necesitan leyes que gobiernen su producción o intercambio. Los derechos colectivos para utilizar las semillas comunitarias suelen ser orales y están establecidos y se respetan lo suficiente dentro de cada comunidad como para regular su uso. Sin embargo, una vez que las semillas son comercializadas a gran escala por las empresas que las producen con métodos y en lugares desconocidos, a menudo traspasando las fronteras nacionales, las leyes pasan a ser necesarias para combatir el fraude, la falsificación, las semillas de mala calidad que no germinan o que transmiten enfermedades y los transgénicos. También resultan necesarias para proteger las semillas locales y los sistemas sociales y culturales que garantizan la supervivencia de los sistemas de producción alimentaria escogidos por las poblaciones. Estas leyes, que están destinadas a la «prevención del fraude comercial» y la protección de la soberanía alimentaria, representan una conquista del campo. Desgraciadamente, una vez que la presión de las movilizaciones populares y agrícolas se debilita, la mayoría de estas leyes son reescritas por la industria con el fin de fomentar sus propias semillas «mejoradas» y para prohibir las semillas campesinas.
La expresión «Leyes sobre semillas» a menudo remite a las normativas sobre propriedad intelectual tales como las leyes sobre patentes o la legislación sobre la protección de las obtenciones vegetales, incluidas las que regulan el comercio y la inversión, las normativas relacionadas con la salubridad de las plantas, la certificación de las denominadas «buenas prácticas agrícolas» relacionadas con la comercialización, o las también denominadas normativas sobre bioseguridad (véase el cuadro 3). En su conjunto, estas leyes a menudo conllevan que las semillas campesinas sean decretadas como ilegales, catalogadas como inadecuadas y tratadas como una fuente de riesgo a eliminar.
Estas nuevas leyes sobre semillas reflejan el creciente poder de la industria alimentaria y agrícola. Hasta la década de los años 70, se desarrollaron y distribuyeron nuevos tipos de variedades de cultivo por parte de las empresas estatales, los pequeños establecimientos de semillas y los organismos públicos de investigación. Desde entonces, hemos sido testigos de un proceso masivo en el que las grandes empresas han tomado las pequeñas y en el que los programas públicos han dejado paso al sector privado. En estos momentos, solo 10 empresas representan el 55% del mercado mundial de semillas. Y el poder de los lobbies de estos gigantes (como Monsanto, Dow o Syngenta) es muy grande. El resultado es que han logrado imponer medidas restrictivas que les facilitan un control monopólico.
Los acuerdos de comercio e inversión son el arma elegida para imponer las leyes de semillas allí donde no existen o para crear nuevas legislaciones que sean más favorables a las empresas multinacionales. El objetivo final está claro: evitar que las/os agricultoras/es preserven las semillas y en su lugar compren en el mercado las semillas de las empresas. En este proceso, se logra que los gobiernos abandonen el cultivo de plantas y la producción de semillas. En África, las semillas campesinas representan entre el 80% y el 90% de cada plantación estacional. En Asia y en Latinoamérica, representan entre el 70% y el 80%. Por lo tanto, desde el punto de vista del Director de un agronegocio, aún hay un gran mercado por crear y conquistar. Incluso en Europa, donde las semillas industriales ya dominan la agricultura, las empresas continúan presionando para que se apliquen de manera más estricta las normativas existentes y así eliminar los focos de resistencia y restringir la capacidad de las/os agricultoras/es para reutilizar las semillas. Mientras que resulta cierto que no todas las leyes se aplican, cuando sí lo son, el resultado ha sido muy represivo: se han confiscado y destruido semillas campesinas; hay agricultoras/es que han sido vigiladas/os y algunas/os de ellas/os se enfrentan a acusaciones de delitos criminales y penas de prisión por el mero hecho por continuar trabajando dentro de sus sistemas campesinos y utilizar sus propias semillas.Al mismo tiempo, vemos que en casi todos los lugares se está respondiendo al poder de la industria. Estas respuestas se expresan de muchas formas diferentes e incluyen organizarse y crear movilizaciones masivas, hacer frente a la publicidad falsa que afirma que estas leyes sobre semillas son necesarias o que responden a los intereses de la población, la intervención mediática, la educación en los centros de enseñanza y en los lugares de culto, el teatro callejero, la desobediencia civil para desafiar las leyes injustas y lo más importante, el trabajo diario de continuar desarrollando sistemas de agricultura campesina y de pequeña escala. Estos sistemas incluyen no solo las semillas y plantas nativas o locales sino también la tierra, los territorios de las culturas y modos de vida de las poblaciones rurales. La experiencia demuestra que cuando este poder de oposición que defiende las semillas campesinas es fuerte, otras formas de protesta ya sea en los tribunales o en los parlamentos pueden suspender o cuestionar las leyes negativas. Dado el poder y los intereses que están en juego, la lucha contra las leyes sobre semillas no logra el éxito en una sola batalla. Por el contrario, se trata de una pelea continua para defender la agricultura campesina y la soberanía alimentaria en su conjunto.
En las siguientes páginas se muestra una panorámica de este mosaico de luchas.
Nuevas amenazas
Si las primera patentes protegían las variedades homogéneas y estables, las nuevas tecnologías genéticas de ahora permiten que una patente se centre en unos rasgos genéticos particulares (resistencia a un insecto, tolerancia a determinado herbicida…) y proteja todas las plantas y semillas que contienen y muestran este rasgo. Este es el caso de los transgénicos y de muchas plantas que se derivan de tecnologías genéticas diferenciadas de la transgénesis, como la mutagénesis. Estas patentes permiten a la industria tomar todas las semillas campesinas contaminadas por polen o semillas que contienen los rasgos patentados. Algunas de estas patentes incluso cubren rasgos de carácter natural en plantas que han sido cultivadas por las/os agricultoras/es durante muchas generaciones. Sin embargo, también estas, una a una, pasan a ser propriedad de las multinacionales semilleras.
A menudo se presenta el POV como algo preferible a una patente dado que autoriza el uso libre de las variedades protegidas con fines de investigación y selección de otras variedades. Es el argumento principal que se utiliza para convencer a los gobiernos para adoptar las leyes del Convenio de la UPOV, pese a que no aporta ningún tipo de ventaja para las/os agricultoras/es, especialmente desde el Convenio de la UPOV de 1991. La excepción que se hace con la investigación y la selección solo beneficia a la industria y a quienes investigan y ya no se extiende a las/os agricultoras/es que realizan las selecciones en sus propios campos.
Con estas nuevas patentes aparece el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, que prepara la privatización de todas las semillas tomadas de los campos de todas/os las/os agricultoras/es del mundo para guardarlas en grandes bancos de genes mundiales. El Tratado pretende digitalizar y publicar en Internet todas las secuencias genéticas de la totalidad de estas semillas, lo cual facilitará la existencia de patentes por parte de empresas multinacionales. Las organizaciones agrícolas y de la sociedad civil, que estuvieron presentes en el Tratado, intentaron convencer a la mayoría de los gobiernos para que se opusieran a esta forma de organización mundial de biopiratería que es completamente contraria a los objetivos iniciales del Tratado. Estos últimos consistían en garantizar el acceso universal a los bancos de semillas de todo el mundo y reconocer “los derechos de los campesinos a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas”.
Tipos de leyes sobre semillas que promueve la industria
Las leyes de comercialización constituyen las normativas sobre semillas más antiguas y generalizadas, definiendo los criterios que se deben cumplir para que las semillas lleguen al mercado. A menudo son justificadas como una manera de proteger a las/os agricultoras/es en tanto consumidoras/es de semillas y garantizar que solo se les ofrecen semillas buenas, tanto en términos de calidad (tasa de germinación, pureza, etc.) como de variedad (potencial genético). ¿Pero de dónde provienen estos criterios? En los países que han adoptado el sistema del «catálogo obligatorio», las semillas pueden entrar en el mercado solo si pertenecen a una variedad que cumpla con tres requisitos importantes: deben ser «distintas», «homogéneas» y «estables». Esto significa que todas las plantas que crezcan en un lote de semillas deberán ser iguales y sus características deberán tener una larga duración. Las variedades campesinas no encajan en estos criterios porque son diversas y evolucionan. Las leyes de comercialización suelen requerir así mismo que una variedad presente un «valor para el cultivo y el uso», que suele traducirse por un mayor rendimiento en monocultivos que dependen de grandes cantidades de fertilizantes químicos. Otro problema adicional es cómo se define el concepto de comercialización. En las leyes sobre semillas de muchos países, la comercialización no se limita a las ventas sino que puede también incluir el libre intercambio, el trueque, el traspaso de semillas entre diferentes redes de personas o incluso darlas como regalo.
Las leyes de propiedad intelectual que se aplican a las semillas constituyen normativas que reconocen que una persona o entidad, que a menudo es una empresa de semillas, es la propietaria exclusiva de una semilla con determinadas características y tiene por tanto el derecho legal de evitar que otras personas o entidades la utilicen, produzcan, intercambien o vendan. Esto se justifica con el fin de ofrecer a las empresas un monopolio temporal para que estas puedan recoger las ganancias de su inversión sin tener competencia. Pero esto da lugar a grandes problemas.
Existen dos tipos principales de sistemas de «propriedad intelectual» para las semillas: las patentes y la Protección de las Obtenciones Vegetales. Los Estados Unidos comenzaron permitiendo las patentes sobre plantas en los años 30, cuando las/os cultivadoras/es de plantas exigieron derechos de autor para sus «creaciones» (querían evitar que otras personas pudieran «robar» y beneficiarse económicamente de sus flores). Las patentes de plantas suponen unos derechos muy estrictos: nadie puede producir, reproducir, intercambiar, vender ni incluso utilizar la planta patentada con fines de investigación sin la autorización del o de la propietaria. Para poder utilizar una semilla patentada, las/os agricultoras/es deben realizar un pago económico al o a la propietaria de la patente. Las/os agricultoras/es que compran semillas patentadas están así mismo obligadas/os a estar de acuerdo con una serie de condiciones: que no reutilizarán las semillas de un cultivo para la siguiente temporada ni las venderán o entregarán a nadie más. La empresa Monsanto incluso pide a las/os agricultoras/es que espíen a sus vecinas/os y denuncien en la Policía a cualquier persona que lleve a cabo estas actividades con las «semillas de Monsanto». Actualmente, las patentes son la norma general de los OGM.
La Protección de las Obtenciones Vegetales supone un tipo de patente desarrollada en Europa específicamente para las/os cultivadoras/es de plantas. Cuenta con criterios ligeramente distintos y ofrece un poder menos extremo. En 1961, los estados europeos crearon la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), que armoniza las normativas a través del Convenio de UPOV, revisado en varias ocasiones. En las primeras décadas, UPOV otorgó a las/os cultivadoras/es el derecho a evitar que otras personas pudieran producir y utilizar sus variedades, pero las/os agricultoras/es aún podían guardar y sembrar de nuevo las semillas de las variedades protegidas. Otras/os cultivadoras/es podían así mismo utilizar los materiales protegidos en los programas de cultivo. Sin embargo, con la revisión de 1991 del Tratado de UPOV, la protección de las obtenciones vegetales pasó a ser mucho más restrictiva. Con UPOV 91, las/os agricultoras/es ya no tenían permiso para reutilizar las semillas de las variedades protegidas salvo en casos excepcionales. En los casos permitidos, las/os agricultoras/es aún deben pagar por los derechos de autor a la empresa propietaria para poder utilizar las semillas que ellas/os mismas/os han preservado en sus explotaciones agrícolas.
Los acuerdos de comercio e inversión son una herramienta utilizada por las compañías para forzar a los gobiernos a adoptar y promover los derechos de las empresas sobre las semillas. Por ejemplo, casi todos los países del mundo son miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que cuenta con un acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propriedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). El ADPIC exige que los países ofrezcan algún tipo de protección para las obtenciones vegetales o de lo contrario deberán enfrentarse a sanciones comerciales. Muchos países han sido forzados a unirse al UPOV (a través de tratados bilaterales de libre comercio, ayuda al desarrollo, etc.).
Los acuerdos de comercio como los de la OMC o los tratados de libre comercio establecen así mismo normas de mercado que supuestamente pretenden prohibir la discriminación, pero que facilitan al agronegocio un acceso preferencial a determinados mercados. El resultado es que los gobiernos ya no pueden implantar programas de aprovisionamiento que permitan a las autoridades públicas comprar semillas a las/os agricultoras/es. Para ello, se utiliza como argumento que los requisitos locales suponen una desventaja comercial para las empresas multinacionales porque estas deberían poder competir. Se trata de condiciones negativas que dan preferencia a las empresas antes que al bienestar de las/os agricultoras/es o consumidoras/es.
Los tratados bilaterales de inversión impulsados por países como los Estados Unidos o la Unión Europea conllevan así mismo la norma de que la propriedad intelectual de las semillas es una forma de inversión extranjera que debe ser protegida como un pozo de petróleo o una fábrica de automóviles. Si estas inversiones son expropiadas o nacionalizadas o si los beneficios previstos se ven dañados, una empresa de semillas estadounidense o europea puede presentar una demanda contra el país en un tribunal internacional (resolución de litigios entre el inversor y el Estado).
La salubridad de las plantas y las leyes de bioseguridad también pueden limitar el uso y acceso de las/os agricultoras/es a las semillas, ya que ambas pretenden evitar los riesgos sanitarios o medioambientales que puedan derivarse de las semillas, incluida la contaminación a través de los OGM, y pueden por tanto resultar de utilidad. Las normativas sobre la salubridad de las plantas intentan, por ejemplo, evitar la propagación de enfermedades a través de las semillas cuando estas son producidas en un lugar y luego exportadas a otro. El problema es que, en la práctica, a menudo se utiliza esto para proteger los intereses de la industria. Por ejemplo, los intercambios de semillas a pequeña escala entre agricultoras/es son prohibidos en algunas ocasiones o las semillas son confiscadas y destruidas porque son sometidas a las mismas normas que las de las empresas multinacionales que exportan semillas en cantidades mucho mayores y a lugares de mayor distancia, donde el riesgo de transmitir una enfermedad también es mayor. Con estas leyes, las semillas de las/os agricultoras/es pueden ser vistas como un riesgo o daño potencial mientras que las semillas industriales son elogiadas como las únicas que resultan seguras, pese a que desempeñan un papel importante en la propagación de enfermedades y contaminación.
De manera similar, las leyes sobre bioseguridad a menudo consiguen el efecto contrario de lo que pretenden lograr. En lugar de establecer barreras en la entrada y difusión de los transgénicos, que por su propia naturaleza suponen un peligro, generan un marco legal para gestionar los riesgos y por tanto facilitar la aceptación y propagación de semillas transgénicas. Por ejemplo, las leyes de bioseguridad a menudo diseñan los procedimientos formales para plantar transgénicos, dando lugar a normas que hacen que estas prácticas resulten legales sin por ello ser más seguras. Dichas leyes pueden así mismo forzar a las/os agricultoras/es que rechazan los transgénicos y que producen sus propias semillas a analizar todas sus semillas con el fin de garantizar la ausencia de OGM, algo que obviamente no pueden hacer y por tanto se ven obligados a comprar las semillas transgénicas de la industria. En otros casos, se facilitan aún más las importaciones y exportaciones de cultivos transgénicos dado que los países en cuestión cuentan con los mecanismos legales para supervisar dichos cultivos. Y en otros casos también, como en Europa, existen leyes de bioseguridad positivas que sí incluyen medidas de prevención para detener el cultivo o la importación de OGM; sin embargo, estas se encuentran en tela de juicio dado que la industria de las semillas las considera unas barreras para el comercio.
Cabe destacar que las agencias de las Naciones Unidas, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo o la Organización Mundial de la propriedad Intelectual, son organismos importantes que además de estar actualmente a favor de todas estas normativas, preparan leyes modelo y enseñan a los gobiernos a implantarlas.
Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
Se trata del único texto internacional que reconoce los derechos fundamentales de las/os agricultoras/es para utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas así como su derecho a la protección de sus conocimientos, a recibir parte de los beneficios y a participar en las decisiones que se tomen a escala nacional en relación a sus semillas. La implantación de este tratado está sujeta a la legislación nacional y la mayoría de los 130 estados que lo han ratificado no lo respetan. El objetivo de este texto consiste en establecer un sistema multilateral de intercambio que permita que la industria pueda acceder a todas las semillas recogidas en los campos de las/os agricultoras/es de todo el mundo y que son conservadas en grandes bancos de semillas mundiales a cambio del llamado “participación en los beneficios”, que nunca se paga.
2. Semillas africanas: un tesoro amenazado
África se encuentra inundada de gobiernos extranjeros que presionan para que haya nuevos acuerdos entre entidades públicas y privadas y para desarrollar programas que pretenden privatizar los mercados de semillas, sacar al sector público del cultivo de plantas y convertir a las/os agricultoras/es en comerciantes de la cadena de suministro de la agroindustria mundial. Las empresas de semillas extranjeras y las fundaciones privadas pretenden que los estados africanos reescriban sus leyes para que el comercio y las inversiones sean «justas» y «responsables», es decir, que apoyen los intereses de las empresas. Como consecuencia, las/os agricultoras/es de África y los grupos de la sociedad civil luchan cada día contra las nuevas leyes de semillas.
En Ghana, grupos de estudiantes y sindicatos se han unido a las organizaciones de la agricultura a pequeña escala para movilizarse en contra de la Ley para los derechos de los cultivadores de plantas. Esta ley, que actualmente está siendo estudiada en el Parlamento, establecería una ley nacional sobre semillas basada en UPOV 91. Como ya ha sucedido en muchos países de todo el mundo, la legislación está siendo utilizada para introducir restricciones legales en el uso que hacen las/os agricultoras/es de las semillas y que van más allá de las ya restrictivas disposiciones de UPOV 91. Por ejemplo, el proyecto de ley establece que «en ausencia de prueba en contrario» las/os cultivadoras/es podrán ser consideras/os propietarias/os de una variedad en cuestión, facilitando así tanto la biopiratería como la confiscación de semillas. Además, según esta ley, si las/os agricultoras/es utilizan una variedad protegida por la ley (por ejemplo, si reproducen las semillas de una variedad «protegida» y la comparten con sus vecinas/os) las/os agricultoras/es podrán estar ser sujetas/os incluso a 2.000 unidades de sanción y hasta dos años de prisión.
Manifestación en Accra, Ghana contra las OGM en abril de 2014 (Foto: Food Sovereignty Ghana)
Desde 2011, el movimiento de resistencia ha tenido éxito a la hora de ganar un amplio apoyo en contra de la ley y mostrar a las/os ciudadanas/os corrientes de Ghana que esta normativa no solo afectará a las/os agricultoras/es. Se ha argumentado que la protección de propriedad que contempla la ley no se refiere más que a las condiciones que buscan las multinacionales para poder operar en África, dando prioridad a los cultivos comerciales destinados a la exportación y a los negocios de unas pocas élites antes que alimentar al pueblo ghanés. La normativa ha sido denominada de manera popular como la «Ley de Monsanto», y se ha destacado que la agricultura industrial y comercializada, y no el bienestar de las/os agricultoras/es campesinas/os, conforma su núcleo duro. Esto aparece de manera explícita en el memorándum de la ley, donde dice «destinada a mejorar la cantidad, la calidad y el coste de la alimentación, el combustible, la fibra y las materias primas para la industria». Su aprobación forma parte de uno de los compromisos del gobierno ghanés con la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición del G8.
Con el fin de conseguir apoyo contra esta ley, se han creado folletos para explicar sus consecuencias a las/os jefas/es de los pueblos y a las/os dirigentes de las/os agricultoras/es en sus lenguas locales. El movimiento ha hecho hincapié en que las semillas pertenecen al conjunto de las/os agricultoras/es y que no puede haber propietarias/os privadas/os. Las/os agricultoras/es de Ghana exigen en cambio que se desarrollen programas públicos de cultivo para garantizar semillas de calidad para los cultivos indígenas tales como los frijoles, la mandioca, el arroz y el coco. Además, los grupos de agriculturas/es y los colectivos aliados pretenden organizar proyectos colectivos para lograr el acceso a las semillas en las aldeas. Esto permitirá a las/os agriculturas/es acceder a variedades que han desaparecido a escala local pero que aún pueden ser utilizadas por sus vecinas/os o por las/os agricultoras/es de otras aldeas o pueblos de Ghana.
Malí: la privatización de las semillas no es buena para las/os agricultoras/es campesinas/os
No se trata solamente de organizaciones como UPOV, que trabajan directamente para la industria semillera, quienes presionan para lograr derechos de propriedad intelectual más fuertes en todo el mundo. Estas reciben ayuda por parte de instituciones que piensan de manera similar, como el Banco Mundial. En 2008, con el Programa para la Productividad Agrícola en África Occidental, el Banco Mundial otorgó a Malí 50 millones de CFA (76.000 euros) para desarrollar y «proteger» cincuenta variedades de cultivo. La idea era que las/os campesinas/os abandonasen las semillas tradicionales, que son vistas como «anticuadas» y de «escaso rendimiento», y fomentar el cultivo y la producción de semillas mejoradas, que además serían protegidas. Las regalías se traducirían en mayores ingresos para el sistema público de investigación de Malí.
Los campesinos y las campesinas malienses diversifican sus culturas y colaboran los unos con los otros en el marco de los recursos locales. Han desarrollado nuevas variedades y recuperado otras más antiguas de cebollas, lechuga, así como variedades autóctonas de verduras, además de mijo y sorgo locales. (Foto: Tineke D’Haese/Oxfam)
En un país en el que la inmensa mayoría de las/os productoras/es son agricultoras/es campesinos/as que dependen de sus semillas y de los cultivos locales, las iniciativas como esta no encajan. En 2012, Malí podía emitir certificados de POV (Protección de las Obtenciones Vegetales) para cincuenta cultivos, pese a que el objetivo al hacerlo no estaba claro. El gobierno maliense debe pagar 16,5 millones CFA (25.000 euros) de manea anual para mantener los títulos de propriedad sobre estas semillas. Esto resulta un problema porque las instituciones malienses apenas reciben ingresos por los cultivos. Por una parte, no ha habido suficientes empresas interesadas en reproducir las semillas ni en lanzarlas al mercado. Por otra parte, a la mayoría de las/os campesinas/os no les interesa pagar precios tan elevados por semillas que requieren una alta inversión como las híbridas y que además no encajan con sus cultivos de pequeña escala y escasa inversión. En algunos casos los títulos de obtentor pueden ser considerados como una forma directa de biopiratería dado que los cultivos son claramente variedades campesinas que incluso aún conservan sus nombres locales. Se han emitido certificados de POV pese a que no se cumplían con todos los criterios: las variedades deberían ser distintas, nuevas, homogéneas y estables. Actualmente, dado que los títulos de obtentor resultan válidos en los 16 estados miembros de la OAPI (Organización africana de la propriedad intelectual), las/os agricultoras/es no solo de Malí sino de toda la región ya no pueden vender o intercambiar las semillas de estas variedades campesinas. Todavía pueden reproducirlas en sus propias tierras, pero solo las pueden utilizar allí. Esta situación puede empeorar dado que OAPI ha pasado a ser miembro de UPOV en 2014.
Mientras todo esto ocurre, muchos actores de Malí intentan reforzar los sistemas de semillas industriales, especialmente al promover leyes que permiten una mayor participación a las empresas privadas en varios de los aspectos de la producción y comercialización de las semillas. Esto a su vez viene incentivado por programas como los de la Fundación de Bill y Melinda Gates que apoyan la Alianza por la Revolución Verde Africana. Las pequeñas empresas de semillas se están trasladando al país pero también abriendo el camino para las grandes multinacionales como Monsanto, Limagrain o Syngenta. Mientras tanto, los problemas de las/os agricultoras/es campesinas/os de Malí están en otra parte. En vez de las semillas de quimbombó, cebollas, pepinos, coles o berenjenas para las cuales solo pueden encontrar unas pocas variedades de híbridos, quieren diversificar los tipos de cultivos que necesitan a pequeña escala. Gracias al trabajo conjunto realizado en pequeñas redes, han desarrollado nuevas variedades y han rescatado algunas de las antiguas como las cebollas, la lechuga y las variedades nativas de verduras, además del mijo y el sorgo.
Las nuevas leyes de comercialización en África: el caso de COMESA
El Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA, por sus siglas en inglés) abarca 20 países, desde Etiopía a Sudáfrica. Según el tratado de COMESA, todos los países miembros deben respetar la normativa común sobre el comercio de semillas, redactada en 2013. De adoptarse, permitiría a las empresas certificar sus semillas en uno de los países miembros y automáticamente obtener el derecho a comercializar con ellas en todos los estados miembros de COMESA. Se trata de algo especialmente útil para la industria de las semillas dado que facilitará la comercialización de semillas en buena parte de África al eliminar las leyes nacionales. Así mismo se elaborará un catálogo común que enumere las variedades autorizadas en todos los países, que podrán adoptar el mismo sistema de certificación. La ley de semillas de COMESA no contiene ninguna medida para acoger las variedades de semillas campesinas y locales.
COMESA también ha aprobado un proyecto de directrices para las políticas sobre los OGM, lo que supone un paso que se salta la normativa nacional sobre los transgénicos en los ámbitos del comercio, la agricultura y la ayuda a la alimentación. Tal como han denunciado las organizaciones agrícolas, estas directrices no provienen principalmente de los estados miembros de COMESA sino de una iniciativa sobre política biotecnológica financiada por el gobierno de EE.UU. Las personas expertas formadas por USAID controlaron su redacción y las voces de las/os agricultoras/es o los grupos de la sociedad civil no han sido escuchadas. Además, tal como sucede con las normativas sobre comercialización de semillas, las políticas de transgénicos serán aplicables de manera inmediata en todos los países de COMESA. Esto debilita la capacidad de los grupos de la sociedad civil para luchar contra estas leyes a través de los gobiernos nacionales, muchos de los cuales cuentan con normativas relativamente estrictas.
Mozambique: Las/os agricultoras/es resisten mediante el desarrollo de sistemas de semillas locales
Detrás de la nueva Ley de semillas de Mozambique está la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición del G8 que pretende abrir nuevas oportunidades para el agronegocio en África. Normalmente, esto implica promover la producción de los cultivos comerciales que cumplen con los requisitos del mercado más que con las necesidades alimentarias de las comunidades. Ello implica también fomentar semillas híbridas y costosas que requieren agroquímicos y que tienen un único objetivo en el contexto de la producción de mercancías para los mercados mundiales. Pese a que han solicitado participar en la redacción de esta nueva normativa, las organizaciones agrícolas y campesinas han sido excluidas de manera continua. En otros casos, como en el de la redacción de una ley de protección de obtenciones vegetales, las organizaciones campesinas han participado al indicar al gobierno la manera en la que las/os agricultoras/es campesinas/os de Mozambique se verán afectadas/os. En este caso, el gobierno ignoró sus propuestas. Los planes de propriedad intelectual como la protección de obtenciones vegetales resultan importantes para el objetivo de los gigantes multinacionales de expandir los OGM en África, donde la industria quiere evitar la situación de Latinoamérica. Allí, ha sido después de que el uso de los transgénicos se haya generalizado cuando las empresas han intentado establecer medidas legales que les permitan recoger regalías, aunque con escaso éxito. Por otra parte Mozambique acaba de aprobar una ley que facilita la entrada de transgénicos en el país.
En esta situación, las/os agricultoras/es de Mozambique han optado por reforzar sus propios sistemas de semillas. Desde 2012 trabajan con los movimientos de agricultoras/es campesinas/os de Brasil, quienes les han mostrado su experiencia en crear sistemas de semillas (véase la sección sobre Brasil). La idea para esta colaboración es que las/os agricultoras/es mozambiqueñas/os aprendan a seleccionar y multiplicar en grandes cantidades las semillas que decidan que son importantes para sus cultivos. Dado el éxito de la iniciativa, esta iba a ser ampliada con el apoyo de los gobiernos de Brasil, Mozambique y Sudáfrica. Sin embargo, cuando el programa debía comenzar, solo el gobierno brasileño ofreció el dinero y los recursos para apoyar esta iniciativa.
Al desarrollar sus propios sistemas de semillas, las/os agricultoras/es de Mozambique están también explorando la posibilidad de proponer una ley a favor de los sistemas de semillas campesinas, dando continuidad así a la experiencia de las/os compañeras/os agricultoras/es de Zimbabue.
Níger: victoria de las/os agricultoras/es contra la piratería en una cebolla de origen local
La cebolla violeta de Galmi, de Níger, constituye una variedad de gran popularidad, no solo en Níger, donde recibe el nombre de un pueblo del sudoeste del país, sino en toda África Occidental. Durante siglos, desde que llegó a la región procedente de Egipto, estas cebollas de color rojo violáceo han sido muy valoradas por su intenso sabor y sus excelentes cualidades para la conservación, manteniéndose durante meses de calor sin estropearse. Durante la década de los 90, la violeta de Galmi adquirió importancia más allá de las economías locales y se convirtió en el segundo producto de exportación más importante de Níger, por detrás del uranio, haciendo de Níger el mayor productor de cebollas de toda la región. Si alguien reclamara la propriedad de esta variedad, esto supondría un gran problema. Y así ha sucedido recientemente.
Tras ganar fama en los campos de las/os campesinas/os, la cebolla fue cultivada también por centros de investigación públicos en la década de los 60. Posteriormente, en los 90, una empresa de semillas privada de Senegal, Tropicasem, filial de la empresa de semillas francesa Technisem, cultivó también la cebolla con el objetivo de obtener su comercialización de manera exclusiva. Con el tiempo, la compañía solicitó un Certificado de POV en la Organización africana de la propriedad intelectual (OAPI), afirmando que la popular cebolla le pertenecía y obteniendo derechos exclusivos de propriedad en todos los estados miembros de OAPI (véase el mapa). Así mismo, debido a una iniciativa de la FAO que dio lugar a un catálogo común para las semillas comerciales en África Occidental, Tropicasem puede ahora comercializar con la cebolla de manera exclusiva en nueve países diferentes. Cuando las/os agricultoras/es de Níger descubrieron que una empresa privada había reclamado los derechos de exclusividad de la cebolla, se indignaron y pidieron al gobierno que actuara en su nombre en este caso de biopiratería. En el conflicto que siguió, OAPI revocó los derechos de propriedad sobre la cebolla con el nombre de «violeta de Galmi» pero los mantuvo para el nombre «violeta de Damani». Esto supuso una victoria para las/os agricultoras/es de la cebolla en su lucha contra una empresa que pretendía monopolizar uno de sus cultivos más importantes.
Al mismo tiempo, las/os agricultoras/es y comerciantes/es de la cebolla que cultivaban a pequeña escala, también se vieron afectadas/os y quedaron preocupadas/os por cómo proteger «su» cebolla, por lo que propusieron aplicar una indicación geográfica (IG), otra forma de propriedad intelectual similar a una marca pero que está vinculada con un lugar de producción. Esto significa que pese a que la violeta de Galmi ya se ha extendido a todas las zonas de África Occidental, solo las/os agricultoras/es de la región de Galmi pueden utilizar ese nombre para venderla. Esto no ha afectado hasta ahora a las/os pequeñas/os agricultoras/es porque la ley no se aplica de manera estricta y las/os productoras/es de mayor escala de esta cebolla no pretenden imponer «su» IG en los pueblos vecinos. Pero ¿y si decidieran hacerlo? Desde 2004, las/os pequeñas/os agricultoras/es de la región se vienen organizando para hablar sobre temas como este a escala regional. Juntas/os, las/os agricultoras/es de Níger pero también de Benín, Burkina Faso, Guinea, Malí, Togo, Guinea Bissau, Costa de Marfil y Senegal debaten sobre las alternativas para trabajar de manera conjunta en el futuro, con el fin de respetar el derecho que tienen todas/os las/os agricultoras/es respecto a sus cultivos sin restringir a otras/os.
La presión de las organizaciones regionales para patentar semillas en África
En lugar de dedicarse a presionar a cada país africano, que supone un trabajo lento, la industria del agronegocio en cambio lo ha hecho con los organismos regionales para adoptar leyes que pueden ser aplicadas a la vez en varios países. Actualmente están pendientes dos proyectos de leyes que restringirían los derechos agrícolas sobre las semillas en dos lugares de África. El primero de ellos es el protocolo SADC, que afectaría a 15 países de la Comunidad de Desarrollo de África Austral. El segundo es una «ley ARIPO (Organización Regional Africana de la propriedad Industrial) de protección de obtenciones vegetales» que se aplicaría en 19 países anglófonos pertenecientes a la Organización africana de la propriedad intelectual. En África Occidental, 17 países mayoritariamente francófonos y pertenecientes a la Organización africana de la propriedad intelectual (OAPI) ya cuentan con una ley de protección de las obtenciones vegetales basada en UPOV 91 desde 2006 (véase el mapa).
Las propuestas de ARIPO y SADC para reforzar y armonizar las leyes sobre semillas toman UPOV 91 como modelo. Esto prohibiría el intercambio o venta de semillas protegidas por los certificados de POV, aun cuando se produjeran en pequeñas cantidades o estuvieran destinadas a un uso local. En el caso de SADC, el mero hecho de conservar y reutilizar tales semillas en los cultivos propios requeriría pagar una regalía al cultivador/a. Las/os agricultoras/es de los estados pertenecientes a ARIPO también tendrían que pagar y solo podrían hacerlo para determinados cultivos. Si se aprueban estas leyes, las empresas de semillas no tendrán ninguna obligación de decir de dónde han conseguido las semillas que registren como variedades « «nuevas», lo cual puede dar lugar a un aumento de la biopiratería.Mientras que las coaliciones con grupos de la sociedad civil van en aumento en las subregiones y por toda África, son necesarias campañas, trabajo de solidaridad y acciones más intensas para evitar que estas propuestas se conviertan en leyes.
Tanzania: compartir semillas supone un delito penal
Como parte de sus compromisos con la Nueva Alianza del G8 (véase el cuadro), en 2012 el gobierno de Tanzania aprobó una Ley sobre derechos de obtención. Dicha ley excede los requisitos de UPOV 91. Si las/os agricultoras/es utilizan e intercambian las denominadas semillas protegidas sin la autorización del obtentor, estos se enfrentarán a un delito penal en vez de civil. Esto significa que además de tener que pagar una multa podrían ir a prisión. Dado que la ley se aplica a la industria más que a las semillas campesinas, el gobierno de Tanzania aconseja a las/os agricultoras/es que no se preocupen, que la ley no les afectará. Sin embargo, las organizaciones campesinas argumentan que esta ley forma parte de un proyecto mayor que va en contra de la agricultura campesina y a favor de privatizar sus recursos, incluidas la tierra y las semillas. A medida que las empresas de semillas privadas que fomentan las variedades protegidas comienzan a tener el control, lo cual forma parte de un modo de producción cada vez más industrializado, resultará más complicado que las/os agricultoras/es eviten el uso de las semillas industriales. Aún hay actualmente 4,8 millones de agricultoras/es campesinas/os en Tanzania (casi cinco mil veces la cifra que hay de agricultoras/es industriales), por lo que conforman más de la mitad de la población del país.
Así mismo, se está revisando la Ley sobre Semillas de 2004 (una ley sobre la comercialización) con el pretexto de introducir «semillas de calidad» en el mercado. Como en otros países, la calidad de las semillas supone un verdadero problema en Tanzania, dado que es frecuente vender grano como si fueran semillas que no germinan bien o que en realidad no pueden ser seleccionadas. Sin embargo, se trata de un problema fundamentalmente de la industria cuya cuota de mercado se ve amenazada por la venta de semillas falsas. Es una tradición de las/os agricultoras/es campesinas/os conservar las semillas en sus propias explotaciones agrícolas o pueblos. Cuando alguien del pueblo puede seleccionar y guardar cantidades mayores para compartirlas o venderlas, los timos no suponen un problema porque la gente del pueblo se conoce y saben de dónde proceden las semillas. Sin embargo, con la revisión de esta ley, es precisamente este tipo de actividad local, basada en compartir y vender pequeñas cantidades de semillas a escala local, lo que pasará a ser ilegal dado que solo se permitirán las semillas certificadas en el mercado. Con la ley actual, el gobierno aún permite a las/os agricultora/es vender semillas no certificadas de una determinada variedad dentro de una zona restringida a dos o tres pueblos. Además, ya existe un sistema de certificación de semillas por parte del gobierno. Pese a que se trata de algo muy burocrático, algunas organizaciones agrícolas y ONG lo han utilizado como alternativa para reintroducir las variedades encontradas en los bancos de semillas y así devolverlas también a los campos agrícolas. Con la nueva ley, es poco probable que está opción continúe siendo posible.
Las organizaciones agrícolas de Tanzania trabajan con organizaciones de otros países para hacer frente al ataque que suponen estas leyes y tratar no solamente el tema de las semillas sino también el de la privatización de los recursos de las/os agricultoras/es, especialmente la tierra.
El G8 privatiza las semillas (y la tierra) en África
La Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición del G8 fue lanzada en 2012 y pretende transformar la agricultura africana al impulsar las inversiones del sector privado. Diez países africanos han participado (Etiopía, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Mozambique, Tanzania, Benín, Nigeria, Malaui y Senegal) y ya se han prometido casi mil millones de dólares provenientes de países del G8 y empresas privadas (como Yara, Monsanto y Syngenta). La condición para recibir este capital es que los gobiernos africanos deberán modificar las leyes relacionadas con las semillas y la tenencia de la tierra para proteger a los inversores. Por ejemplo, Mozambique debe «cesar sistemáticamente la distribución de las semillas libres y no mejoradas», es decir, las variedades campesinas, y en su lugar aprobar una ley de protección de obtenciones vegetales para «promocionar la inversión del sector privado en la producción de semillas». También se están promoviendo otros cambios radicales similares a este en todos los países participantes. Pero las semillas de las/os agricultoras/es no son el único objetivo. Las tierras agrícolas protegidas por leyes consuetudinarias también están siendo privatizadas a través de nuevas normativas de propriedad de tierras y alquiladas a las empresas que participan. Por ejemplo, el gobierno de Malaui se ha comprometido a ceder 200.000 hectáreas de tierras agrícolas a los inversores para el año 2015.
3. América: resistencia masiva contra las «leyes Monsanto»
Latinoamérica es probablemente la región donde actualmente tienen lugar las movilizaciones más dinámicas para poner fin a la criminalización de las semillas de las/os agricultoras/es a través de las leyes de semillas. En cada país crecen las campañas para bloquear lo que, de manera inevitable, se está identificando como «las leyes de Monsanto» y en su lugar promover sistemas de semillas indígenas y campesinas. En ocasiones, como ha sucedido en Venezuela, estos esfuerzos se traducen en contraofensivas jurídicas (leyes alternativas). En cualquiera de los casos, la lucha por las semillas nunca se queda aislada. Estas luchas forman parte de los crecientes esfuerzos por defender, de manera activa, los territorios y la soberanía alimentaria contra el ataque y la presión de las empresas del agronegocio y los gobiernos que apoyan su agenda.
En Norteamérica, donde la agricultura industrial constituye la norma, las organizaciones agrícolas y los movimientos sociales también trabajan con intensidad para prevenir que cobren mayor fuerza las leyes que imponen la privatización de las semillas y generar apoyo para los sistemas alimentarios locales y basados en la comunidad, donde las semillas de las/os agricultoras/es pueden florecer.
Brasil: desarrollo a gran escala de las semillas criollas
El resultado de décadas de lucha agrícola en Brasil por el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria ha traído una Política Nacional para la Agroecología y la Producción Orgánica, adoptada en 2012, y que reconoce de manera clara el papel de las semillas «criollas» de las/os campesinas/os. Además, desde 2003, un Programa de Adquisición de Alimentos, de carácter nacional, ha dado a las/os agricultoras/es de Brasil una importante oportunidad para desarrollar sus propias sistemas de semillas. Pese a que en Brasil no resulta legal vender semillas que no estén certificadas, a través de este programa el gobierno compra semillas criollas directamente a las/os agricultoras/es para después ofrecerlas a otras/os agricultoras/es sin coste alguno, saltándose así el mercado.
Campesinos y campesinas en Brasil se manifiestan en contra del maíz OGM y en contra de las semillas “TERMINATOR”. Se trata de unas semillas modificadas para volverse estériles después de la primera germinación, lo cual obliga a los campesinos a comprar nuevamente en cada estación. (Foto: Douglas Mansur)
En consecuencia, algunas de las organizaciones campesinas más grandes del país han sido capaces de desarrollar sus propios sistemas de semillas. Además de fomentar la selección entre las familias y el uso de las semillas campesinas y desarrollar semilleros comunitarios, estas organizaciones han desarrollado programas a gran escala que proporcionan semillas a cientos de miles de familias. Junto a las 7.000 toneladas de semillas de maíz, judías y forraje producidas por más de 2.000 agricultoras/es de pequeña escala y miembros del movimiento en 2013, fueron producidas 800 toneladas de semillas de frijoles y enviadas a las/os agricultoras/es de Venezuela. Pese a que este ha supuesto un gran avance para garantizar las semillas criollas que necesitan las/os agricultoras/es de pequeña escala, defender las normativas que favorecen a las/os campesinas/os supone una lucha constante. El gobierno estadounidense ha expresado su queja, por ejemplo, al decir que el programa de adquisición de alimentos contradice las normas de la OMC porque facilita subvenciones a las/os agricultoras/es de Brasil.
Otra lucha importante para las/os agricultoras/es de Brasil es la que está dirigida contra los OGM y los químicos tóxicos asociados. Brasil es el segundo productor mundial de transgénicos con más de 40,3 millones de hectáreas protegidas en el año 2013. En octubre de 2013, 5,000 agricultoras/es brasileños ocuparon unas instalaciones de producción de semillas pertenecientes a Monsanto en el estado de Pernambuco, al nordeste del país, y sustituyeron con semillas criollas las variedades de maíz transgénico que se cultivaban allí. Algunas/os agricultoras/es han sido perseguidas/os por ello y tienen prohibida la entrada a las instalaciones de Monsanto en todo Brasil. Las/os agricultoras/es brasileñas/os lucha así mismo contra un proyecto de ley que están estudiando en estos momentos las/os legisladoras/es y que levantaría la moratoria que tiene el país sobre un tipo de transgénico muy peligroso conocido como «Terminator».
Chile: Victoria contra la privatización de la semillas
Tras cuatro años de movilizaciones, en Chile se ha logrado una victoria en 2014 contra una ley de protección de obtenciones vegetales que habría privatizado las semillas campesinas de acuerdo con UPOV 91. Desde 2010, las organizaciones agrícolas y los movimientos sociales habían trabajado duro para oponerse al gobierno y a la industria en su presión por sacar esta ley adelante y especialmente la idea de que sin ella la seguridad alimentaria para la población chilena se encontraba amenazada. Las organizaciones agrícolas y medioambientales explicaron las consecuencias de esta «ley Monsanto» y la manera en la que se estaba presionando para aprobarla, por lo que se generó una resistencia ante dicha ley en otros países, desde Colombia hasta Francia.
La batalla en Chile fue larga y los lobbies de la industria intentaron aprobar la ley en el Parlamento nacional. Después de que la red de movimientos sociales lograra pararla con éxito y conseguir que la opinión pública se opusiera a ella, la red continuó creciendo hasta lograr alcance nacional. Se llevaron a cabo manifestaciones, campañas a través de Internet, radio y televisión, talleres tanto en las ciudades como en las comunidades rurales y se celebraron reuniones con dirigentes religiosos y representantes del gobierno, algunas/os de las cuales se opusieron a la ley. Pese al éxito en lograr que la normativa fuera revocada, las organizaciones agrícolas y los movimientos sociales se mantienen en alerta. Dada su ubicación y su clima, Chile representa un lugar importante para la producción y exportación de semillas industriales. Esto significa que existe una gran presión por parte de Estados Unidos y Europa para implantar leyes más fuertes con el fin de proteger los intereses de la industria semillera.
Colombia: protestas masivas para defender las semillas campesinas y la soberanía alimentaria
En agosto de 2013, las organizaciones agrícolas colombianas iniciaron una huelga masiva en todo el país. Bloquearon las carreteras, volcaron leche sobre los coches y paralizaron la producción de alimentos para las ciudades. ¿Cuál era el problema? Que las/os agricultoras/es están siendo forzados a desaparecer como consecuencia de las políticas gubernamentales.
El Estado apenas presta apoyo al sector de la agricultura de pequeña escala y en su lugar apoya un modelo social y económico que está al servicio de los intereses de una élite minoritaria adinerada. Los tratados de libre comercio recientes que han sido firmados con EE.UU. y la UE están desplazando a las/os productoras/es colombianas/os, que no pueden competir con las importaciones subvencionadas.
La huelga de agricultoras/es pronto recibió el apoyo de miles de personas de otros sectores: la industria petrolera, las minas, los camiones, el sector sanitario, estudiantes y otras/os.
La respuesta del gobierno fue caótica y contradictoria y las fuerzas policiales reprimieron de forma violenta e hirieron a muchas/os manifestantes y periodistas.
Las semillas aparecieron en el debate con gran visibilidad. Con el tratado de libre comercio firmado con Washington, así como el firmado con Bruselas, Bogotá debe proporcionar derechos de monopolio legales sobre las semillas vendidas por EE.UU. y las empresas europeas como una forma de incentivar su inversión en Colombia. Las/os agricultoras/es que vendan semillas de dichas variedades y que han conservado en sus cultivos, o si se trata simplemente de semillas indígenas que no hayan sido registradas formalmente, podrían enfrentarse a multas o incluso a una pena de prisión.
En 2011, las autoridades del gobierno colombiano irrumpieron en los almacenes y camiones de las/os agricultoras/es de arroz en Campoalegre, en la provincia de Huila, y destrozaron de manera violenta 70 toneladas de arroz que según ellos no se habían procesado de acuerdo a la ley. Esta intervención militar destinada a destruir las semillas de las/os agricultoras/es provocó una conmoción entre muchas personas e inspiró a una joven activista chilena, Victoria Solano, a hacer una película sobre lo sucedido. La película se llama 9.70, que es el número de la ley aprobada en 2010 que articula el derecho del Estado a destruir las semillas campesinas que no cumplan la ley.
La presión social fue tan intensa que el gobierno declaró la suspensión de la resolución durante dos años. Sin embargo, finalmente no se suspendió y apenas se está enmendando. El lenguaje que incluía ha sido reemplazado por palabras más sutiles pero el contenido se mantiene igual. La exigencia principal del pueblo colombiano aún debe ser concedida: una derogación total de la resolución así como de cualquier otro intento de imponer UPOV 91 a través de otros canales.
Por otro lado, existe una nueva política nacional que se supone debe apoyar la agricultura familiar pero que no es más que otro lobo vestido de oveja. Las/os agricultores que recibirán apoyo serán aquellos que cambien su producción para «ser competitivos», lo que significa que deberán adquirir insumos como semillas, fertilizadores y pesticidas en la industria.
Costa Rica: las movilizaciones masivas dan a conocer UPOV
En 1999 el gobierno de Costa Rica estaba considerando cómo cambiar sus leyes para cumplir con los requisitos de la OMC sobre los derechos de propriedad intelectual. Los grupos de la sociedad civil que conocían los efectos negativos que había tenido la privatización de las semillas en otros países presionaron al gobierno para evitar implantar estas leyes. Durante unos años tuv
Las poblaciones campesinas autóctonas están en primera línea por la defensa de las semillas tradicionales que ellos han seleccionado y desarrollado durante los siglos. Manifestación durante una reunión de la Convención sobre la Diversidad Biológica en Curitiba en marzo de 2006. (Foto: Douglas Mansur)
ieron éxito e incluso propusieron una ley alternativa para reconocer el trabajo de los obtentores sin vulnerar los derechos de las/os campesinas/os y los pueblos indígenas. En lugar de DHE, las nuevas variedades tendrían que respetar las necesidades de la agricultura campesina e indígena a través de una etiqueta especial y estaría prohibida cualquier medida que impidiera a las/os agricultoras/es reutilizar libremente las semillas que han comprado.
Sin embargo, estos esfuerzos cambiaron drásticamente unos años después cuando comenzaron las negociaciones de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. Con este acuerdo, el gobierno de Costa Rica estaba obligado a adaptar sus leyes a varios tratados de propriedad intelectual, incluida UPOV 91. Esto, junto a muchas de las estipulaciones del tratado de libre comercio que se proponía, provocó una gran resistencia en Costa Rica. Los grupos agrícolas y las organizaciones aliadas lograron dar a conocer UPOV 91 gracias a la organización de cientos de pequeñas reuniones en comunidades, iglesias, escuelas y universidades destinadas a explicar las consecuencias de UPOV 91. La resistencia tomó tanta fuerza que incluso después de que todos los estados centroamericanos ya hubieran ratificado el CAFTA (Tratado de Libre Comercio para la República Dominicana y Centro América) los movimientos sociales de Costa Rica lograron organizar un referendo para decidir si el país firmaba o no el tratado. Por desgracia, cuando el referendo tuvo lugar en 2007, aquellas/os a favor de CAFTA lo manipularon de manera injusta y Costa Rica finalmente se unió a UPOV un año después.
Las agresiones legales han continuado en Costa Rica, pero también lo ha hecho la lucha. Gracias a la movilización de las/os agricultoras/es y las organizaciones de la sociedad civil, se ha parado la propuesta de una ley sobre semillas que habría ilegalizado su comercialización cuando no cumplieran con los criterios DHE de la industria. Pese a que existía la posibilidad de que las variedades campesinas no estuvieran incluidas en estos criterios, estas sin embargo tendrían que ser registradas en la Oficina Nacional de Semillas. Las/os agricultoras/es se opusieron dado que esto suponía un riesgo para las comunidades, que podrían haber estado sujetas a mayores controles y a la biopiratería. Pese a que se paralizó esta ley, las organizaciones continúan en alerta, dado que en todo en Latinoamérica hay una gran presión para cambiar las leyes de comercialización de semillas con el fin de adaptarlas a la industria.
Por último, otra batalla importante en Costa Rica es la lucha contra los OGM. Estos se han plantado en Costa Rica durante los últimos 15 años y, pese a que en la actualidad «solamente» cubren 3.000 hectáreas, su importancia es mayor debido a que estas tierras de cultivo son empleadas para producir semillas transgénicas que son vendidas a otros países centroamericanos. Sin embargo, gracias a la resistencia de las/os agricultoras/es y otros movimientos sociales, prácticamente el 77% del territorio nacional se ha autodeclarado libre de transgénicos, lo que significa que 63 de 81 municipios han utilizado la autonomía jurídica que existe a escala municipal para prohibir los transgénicos. Además, las organizaciones siguen presionando para que exista una ley que declare una moratoria sobre los cultivos transgénicos a escala nacional.
El Salvador: tratados de libre comercio a favor de Monsanto
En los últimos años, El Salvador se ha embarcado en el Plan Agricultura Familiar que incluye una política para distribuir el maíz local y las semillas de judías entre las/os agricultoras/es de pequeña escala. En 2013, 400.000 agricultoras/es se beneficiaron de este popular programa. Sin embargo, la iniciativa se enfrentó a problemas con el gobierno estadounidense al considerar que infringía el tratado de libre comercio entre EE.UU. y Centro América.
En 2014, El Salvador debía recibir 277 millones de dólares estadounidenses de Millennium Challenge Corporation (MCC), una agencia de ayuda exterior del gobierno de Estados Unidos, pero el Representante de Comercio de EE.UU., que es consejero de dicha agencia, bloqueó el dinero y declaró que El Salvador no estaba respetando las normas de CAFTA al proveer semillas al Plan Agricultura Familiar sin un proceso de licitación que fuera transparente y competitivo. En resumen, el gobierno de EE.UU. deseaba que Monsanto se llevara un trozo del pastel. El gobierno de El Salvador había estado comprando semillas a la empresa Semillas Cristiani Burkard, una filial de Monsanto, con anterioridad pero había comenzado a hacerlo a las cooperativas nacionales de agricultoras/es.
En consecuencia, hubo protestas tanto en El Salvador como en EE.UU. La gente estaba indignada porque los EE.UU. abusaban de El Salvador para que Monsanto ganara dinero a expensas de permitir que las/os agricultoras/es locales prosperasen. De pronto, las advertencias que los movimientos sociales opuestos a CAFTA habían realizado sobre cómo el acuerdo de comercio iba en contra de los intereses del país estaba demostrando ser cierto.
Lo cierto es que Monsanto sí participó en la licitación en 2013 pero, debido a las estaciones de siembra, en 2014 no hubo tiempo suficiente para llevar a cabo el proceso de manera completa. El decreto temporal que regula las compras de este año solo dice que las semillas deben estar producidas en El Salvador. Por lo tanto, parece que el ataque del Representante de Comercio de EE.UU. era infundado y Washington finalmente retiró sus objeciones para que la ayuda de MCC se llevara a cabo.
Mientras que el Plan Agricultura Familiar no fomenta la producción y distribución de las variedades campesinas, el conflicto con Washington entorno a los 300 millones de dólares es una llamada de atención sobre la manera en la que los tratados de libre comercio pueden ser utilizados para mermar la toma de decisiones a escala nacional sobre las políticas de semillas y las diferentes opciones.
México: la lucha del pueblo contra el maíz transgénico
Una de las agresiones más importantes a las que las/os agricultoras/es mexicanos se enfrentan actualmente es la presión para introducir OGM en el país, particularmente con el maíz. Este es con diferencia el cultivo más importante para la población mexicana, no solo por conformar buena parte de su dieta sino porque además tiene un papel central en la cultura y vida de las comunidades campesinas e indígenas. Pese a que México es presentado como un gran ejemplo de modernización agrícola tras la Revolución verde, las/os agricultoras/es continúan empleando sus propias semillas nativas en el 80% del maíz que se cultiva en el país. Y ello, pese a los 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que ha llegado lejos para imponer un modelo industrial en la agricultura y privatizar los recursos.
Desde 1999, una moratoria de facto mantenía bloqueados todos los permisos para plantar transgénicos en el país. Sin embargo, en 2005 fue aprobada una ley negativa sobre bioseguridad que legitimaba los OGM al establecer una serie de procedimientos burocráticos para las empresas que deseaban plantar transgénicos con fines comerciales. A esta ley, conocida de manera popular como «la ley Monsanto», le siguió una Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas en 2007, que en realidad criminalizaba el libre intercambio de semillas nativas, y más tarde le siguió el decreto presidencial que puso fin a la moratoria y anunció nuevos permisos a partir de 2009. Desde entonces, las multinacionales Monsanto y Dow han recibido 156 permisos para el cultivo experimental de maíz en México.
La población mexicana ha luchado en todos los frentes para defender su maíz. Desde que se demostró que las importaciones de EE.UU. ya habían contaminado el maíz nativo mexicano en 2001, las comunidades agrícolas han prestado mayor atención a las semillas que emplean y a su origen. Así mismo, se está teniendo precaución para evitar la contaminación desde las variedades transgénicas, que temen que podrían introducirse a través de los programas de semillas del gobierno, por ejemplo los que logran que las/os agricultoras/es cambien sus semillas nativas por las híbridas y comerciales. A efectos prácticos, esto ha dado lugar actualmente a una moratoria. Al anunciarse que las empresas intentarían plantar transgénicos a escala comercial, tuvo lugar una gran movilización en la que se formaron alianzas entre las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, los sindicatos, el mundo académico, los grupos urbanos y otros, con el fin de alertar a la población sobre la amenaza de que el maíz pudiera ser contaminado en su mismo lugar de origen. Dentro de esta movilización, las/os agricultoras/es organizaron una huelga de hambre en la primavera de 2012. Desde 2013, una coalición de organizaciones agrícolas y sus aliados han presentado una demanda que ha llevado a una sentencia que a su vez ha parado, al menos por el momento, el cultivo comercial de maíz transgénico. El área en el que las empresas pretendían llevar a cabo estos cultivos era del tamaño de El Salvador.
Mientras tanto, muchas comunidades campesinas e indígenas han decidido defender su maíz a través de acuerdos comunitarios en las asambleas en las que se organiza la tenencia colectiva, un legado del proceso de reforma de la tierra que tuvo lugar en las décadas posteriores a la Revolución mexicana. La Constitución mexicana reconoce que estos acuerdos pueden ser empleados para proteger la tierra y los recursos de las 31.000 comunidades con latifundios colectivos de México. Pero más allá de servir como una herramienta legal y formal para el futuro, estos acuerdos comunitarios sirven principalmente como un proceso de debate y organización que refuerza la defensa local de las semillas campesinas, valoradas como un bien inseparable de la vida de los pueblos así como de sus saberes y culturas. El último paso en la movilización de la población mexicana para defender las semillas fue un proceso judicial de tres años contra el Estado mexicano, a través del Tribunal Permanente de los Pueblos (2012 – 2014).
Estados Unidos: un cóctel de leyes restrictivas y prácticas intimidatorias
El Sistema legal de EE.UU. posibilita reclamar los derechos de propriedad privada sobre las semillas a través de diferentes herramientas, siendo las patentes las más comunes. Una semilla puede estar sujeta a diferentes patentes, a la Protección de Obtenciones Vegetales y a los acuerdos de licencia exclusivos, todo a la vez. Actualmente existen incluso nuevas variedades de cultivos populares cubiertos por marcas registradas. Y por si esto no fuera suficiente para garantizar los ingresos del monopolio, existen también nuevos proyectos como «clubs» donde solo sus miembros pueden cultivar algunos productos, como las manzanas, ejerciendo un estricto control del mercado y manteniendo unos precios elevados. Debido a esta situación, no resulta sorprendente que las/os agricultoras/es se sientan intimidadas/os a la hora de hacer otra cosa que no sea comprar semillas industriales cada año y que teman recibir sanciones por quebrantar la ley. Este problema no afecta únicamente a las/os agricultoras/es sino que también se extiende a las/os cultivadoras/es, investigadoras/es y a las organizaciones de semillas que desean continuar trabajando sobre la cuestión de la semillas.
Una vez que se ha realizado la compra, las/os agricultoras/es deben firmar contratos bastante extensos, conocidos como «acuerdos de uso de la tecnología», que les prohíbe conservar semillas y, entre muchas otras condiciones intrusivas, les obliga a permitir que las empresas puedan acceder a los registros de las/os agricultoras/es que estén en posesión de terceros, como el gobierno estadounidense. Ya en 2003, Monsanto contaba con un departamento de 75 empleadas/os y un presupuesto de 10 millones de dólares con el único objetivo de presionar a las/os agricultoras/es para realizar infracciones sobre las patentes. En diciembre de 2012, Monsanto había presentado 142 demandas por supuestas infracciones sobre las patentes de semillas, implicando a 410 agricultoras/es y 56 pequeñas empresas agrícolas en 27 estados diferentes. A finales de 2012, Monsanto había recibido más de 23 millones y medio de dólares de las demandas por infracciones sobre patentes realizadas contra las/os agricultoras/es y las empresas agrícolas.Pero Monsanto no está solo en sus tácticas alarmistas. DuPont, la segunda empresa semillera del mundo, contrató al menos 45 investigadoras/es agrícolas en 2012 para examinar los registros de cultivo y compras de las/os agricultoras/es canadienses y tomar muestras de sus campos para realizar análisis genéticos. DuPont amplió esta práctica a los EE.UU. en 2013 y contrató aproximadamente 35 investigadoras/es, muchas/os de las/os cuales eran antiguas/os policías. Los EE.UU., con sus restrictivas leyes y sus agresivas empresas, está convirtiéndose rápidamente en un estado policial del estilo «Gran Hermano» que controla todo lo que las/os agricultoras/es hacen con sus semillas.
Respecto a las leyes de comercialización de semillas, los Estados Unidos conforman una excepción, dado que las semillas no deben estar certificadas para su venta, tal como sucede prácticamente en todos los demás países. Así, las pequeñas redes de semillas y las empresas pueden desarrollar variedades no híbridas pese a la inmensa concentración de la industria, que está al servicio del agronegocio de gran escala estadounidense. El problema es que dada la fuerte cultura de propriedad intelectual que existe en EE.UU., no resulta fácil distribuir estas semillas y conservarlas para su reutilización e intercambio sin correr el riesgo de que sean patentadas por otras personas. Una de las alternativas ha consistido en generar acuerdos de licencia que establezcan las condiciones en las que las semillas pueden ser utilizadas con fines comerciales, estableciendo de manera explícita en el acuerdo que no se podrán reclamar las semillas como una propriedad privada que excluya de su uso a terceros. Otra alternativa adicional es desarrollar redes cerradas de semillas y sistemas de información.
Venezuela: una ley popular para defender las semillas campesinas, desde las bases hacia arriba
El Parlamento venezolano podrá votar en breve una ley nacional sobre semillas. Sin embargo, esta se diferencia de otras propuestas de ley en que ha sido promocionada y acordada por cientos de movimientos sociales, incluidas/os las/os agricultoras/es y las personas que conservan semillas además de las organizaciones medioambientales, colectivos comunitarios, investigadoras/es y redes agroecológicas. Esta ley comenzó como un proyecto en el año 2012, cuando el movimiento de lucha contra los OGM vio la necesidad de tener una ley más estricta para evitar la entrada de transgénicos en el país. Con el tiempo, decidieron incluir también la defensa de las semillas campesinas y fomentarlas como parte de una estrategia hacia un nuevo modelo productivo basado en la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria. La ley propuesta es el resultado de una serie de consultas populares, conformando un proceso formal para crear una nueva ley que sea reconocida de manera legal en Venezuela y que reemplazaría la ley actual del año 2002. En total, han tenido lugar cinco consultas nacionales entre octubre de 2013 y junio de 2014, además de las realizadas a escala local, y en las cuales han participado más de 250 organizaciones.
Esta ley establece que las semillas son organismos vivos cuyos derechos deberían reconocerse. La Constitución de Venezuela de 2009 prohíbe las patentes así como la protección de las obtenciones vegetales sobre las semillas. Se prevén normativas estrictas sobre la comercialización de las «semillas agroindustriales» pero no para las variedades locales, y las variedades agroindustriales serán rechazadas si suponen un riesgo para la soberanía alimentaria o el medio ambiente. Así mismo, la ley propone que las semillas locales en manos del poder popular desempeñen un papel central como garantes de las «semillas locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes». El conocimiento y las prácticas tradicionales en la selección de semillas se reconocen de manera explícita y no pueden ser privatizados. La ley reconoce así mismo los conucos (un sistema agrícola de policultivos) como el lugar donde se ha de conservar la biodiversidad. Por último, la ley establece mecanismos claros para prohibir los transgénicos, detectar su presencia y sancionar su uso.
Con el fin de defender las semillas que están en manos de las comunidades locales, la ley establece un mecanismo de «licencias para semillas libres» basado en el marco legal de la propriedad «social», es decir, colectiva. Otorga al usuario o usuaria de una semilla el derecho a conocer el origen y el uso que hacen terceros de dicha semilla. Con esta licencia, la semilla puede seguir siendo seleccionada o cultivada siempre y cuando no suponga un peligro para la salud humana o la biodiversidad. Sin embargo, la persona que desee cultivar variedades nuevas basadas en «semillas libres» deberá explicar de manera pública qué procesos ha desarrollado y sus posibles consecuencias. Esta licencia además define las semillas como un bien público cuyo uso no puede ser sancionado ni puede ir en contra de la noción de que las semillas son una herencia colectiva del conocimiento y las prácticas campesinas, indígenas y de los pueblos afrodescendientes, por lo que, además, no pueden ser privatizadas. La ley prevé que los ayuntamientos supervisen el uso de las semillas campesinas, tomen decisiones al respecto e implanten políticas que favorezcan la diversidad de la agricultura local y la agroecología. También incluye un Plan popular de semillas para rescatar y desarrollar las variedades campesinas además de establecer nuevas normas de calidad basadas en niveles elevados de biodiversidad y agroecología.
No está claro aún cómo se incorporará esta propuesta a la ley escrita en los próximos meses. Existen bastantes federaciones de gran tamaño que representan el agronegocio en Venezuela y que están denunciando el intento de evitar los derechos de propriedad privada sobre las semillas y la oposición a los transgénicos. Pero hay también un movimiento con bastante fuerza a favor de esta ley que tiene la capacidad de movilizar a una gran coalición. Debido a la gran participación que hubo en los procesos de consulta, la propuesta de ley ha ganado una legitimidad y visibilidad significativa de modo que las semillas han pasado a ser una cuestión central en otros tipos de debates relacionados con el bienestar de todas las personas. Más allá de la ley en sí misma, el movimiento pretende reorganizar el conjunto de la producción con la agroecología como objetivo, de modo que las zonas rurales constituyan una alternativa viable para las/os jóvenes de las ciudades y aumente la alimentación producida de manera local en lugar de la comida importada, con la soberanía alimentaria como objetivo general.
4. Asia: la lucha contra una nueva ola de semillas industriales
Asia ha sufrido un duro golpe con la Revolución verde, que entre las décadas de los años 60 y 80 sustituyó las semillas de las/os agricultoras/es por las denominadas variedades de alto rendimiento en una serie de cultivos. Desde la década de los 90, la región está siendo el blanco de los productores occidentales de semillas transgénicas y las empresas chinas de producción de arroz híbrido, con el fin de lograr un mayor control sobre el suministro de semillas. Los mismos gobiernos, empresas y fundaciones que presionan a favor de este tipo de semillas también han instado a la región a modificar sus leyes sobre semillas. Esto significa que se intenta que los países asiáticos adopten patentes y una legislación de protección de las obtenciones vegetales para las semillas además de que existan planes de certificación de semillas. Sin embargo, ha habido una resistencia muy fuerte, por lo que no muchos países asiáticos han pasado a ser miembros de UPOV ni han permitido el uso de semillas transgénicas. Pese a esto, continua la presión para dotar de derechos de propriedad sobre las semillas al sector empresarial y permitir los transgénicos, especialmente a través de los tratados de libre comercio.
India: defender la soberanía de las semillas
Los múltiples ataques contra la agricultura campesina en India han conducido a movilizaciones masivas en los últimos años. Las/os agricultoras/es han protestado contra las semillas de algodón transgénico que les han sido impuestas a través de una publicidad muy agresiva que a su vez ha llevado a situaciones de endeudamiento y fraude. También han luchado contra la Ley de 2001 sobre la protección de las obtenciones vegetales y los derechos de las/os agricultoras/es, que sanciona los intercambios de semillas campesinas. Durante los últimos diez años se ha logrado parar una ley sobre semillas que también penalizaría la comercialización local por parte de las/os agricultoras/es y les forzaría a inscribir en un registro todas las variedades. Más recientemente, las/os agricultoras/es han actuado contra los registros locales de biodiversidad que el gobierno pretende crear a través de la Ley de diversidad biológica de 2002.
En teoría, la creación de un Registro Popular de Biodiversidad podría ser una buena idea para apoyar las comunidades locales y conservar su conocimiento sobre las semillas locales y sus usos. Sin embargo, no son pocas/os las/os agricultoras/es que ven estos registros como problemáticos al documentar el conocimiento y las semillas de las/os agricultoras/es sin que sean ellas/os mismas/os quienes lleven a cabo el control y al poner las bases de datos electrónicas a disposición de personas «expertas» de otros pueblos. Otras/os agricultoras/es han denunciado que estos registros presentan un riesgo de biopiratería y ofrecen a las/os investigadoras/es y a la industria acceso a las semillas y al conocimiento de las/os agricultoras/es para crear variedades industriales o medicamentos patentados. Por ello, en 2004 hubo protestas populares y varios miles de gram panchayats, que son las autoridades gubernamentales de los pueblos, se negaron a participar en estos registros. La Ley de biodiversidad conlleva además una polémica norma sobre el acceso y reparto de beneficios. Esta norma establece que las/os agricultoras/es que entreguen sus semillas o plantas a los centros de investigación para un mayor desarrollo y comercialización podrán solicitar un pago. Mientras que algunas comunidades están de acuerdo con esto, otras disienten argumentando que si se oponen a la privatización de sus semillas también deberían rechazar cualquier compensación económica que se derive de dicha privatización.
Sin embargo, más allá de la lucha contra estas leyes, las/os agricultoras/es siguen adelante con sus propios métodos para cuidar y defender sus semillas. Por ejemplo, existe una red nacional de personas que conservan las semillas. Se reúnen cada año y organizan caravanas para distribuir semillas. Como consecuencia de la Revolución verde, solo queda un 1% de las 200.000 variedades de arroz campesino de la India. Es por esto que muchas iniciativas se centran en cultivar variedades locales de arroz. Otro cultivo esencial es el mijo, que la Revolución verde desplazó con cultivos comerciales como el trigo, el arroz y el azúcar de caña. El mijo corre el riesgo actualmente de ser desplazado en las tierras de secano por el maíz, una semilla que las empresas internacionales utilizan mucho como cultivo comercial. Las/os agricultoras/es del sur de la India se están centrando en la riqueza del ragi, un tipo de mijo indio. Pese a que no existe mercado para las miles de variedades de ragi, las/os agricultoras/es lo valoran por sus cualidades nutricionales y medicinales. La defensa de las semillas forma parte a su vez de la defensa de la agricultura tradicional y demuestra que la soberanía de las semillas resulta clave para la soberanía alimentaria.
Indonesia: penas de prisión para las/os agricultoras/es por producir semillas
Las/os agricultoras/es de Java Oriental han sido criminalizadas/os durante más de diez años por supuestamente infringir los derechos de una empresa llamada BISI, la filial de la compañía de semillas tailandesa, Charoen Pokphand. Pese a que BISI no ha presentado prueba alguna, las/os agricultoras/es han sido citadas/os para comparecer ante un juzgado y catorce de ellas/os han sido procesadas/os, con algunas penas de cárcel breves. En la mayoría de los casos, las/os agricultoras/es no contaron con un/a abogado/a que les representara y no comprendían de qué se les acusaba.
Estas/os agricultoras/es habían experimentado y cruzado diferentes variedades de maíz y en algunas ocasiones habían vendido las semillas a sus vecinas/os. Algunas/os de ellas/os fueron denunciadas/os porque habían trabajado años antes para BISI, mediante un contrato, y por lo tanto era plausible que la compañía afirmara que las semillas y las técnicas de cultivo les habían sido robadas. Con estas acusaciones se lanzaba un claro mensaje de intimidación a todas/os las/os agricultoras/es y una advertencia para no seleccionar ni compartir semillas, sino comprarlas exclusivamente a la empresa. Este mismo escenario lo encontramos también en el norte de Tailandia.
Desde hace miles de años, campesinos y campesinas comparten sus experiencias y sus saberes en lo que concierne a las semillas. Aquí, un productor indonesio durante un encuentro campesino internacional en 2011. (Foto: LVC)
El primer agricultor fue condenado por reproducir y distribuir semillas en 2003, con la Ley de cultivo de plantas de 1992. Después de años de luchas por parte de las organizaciones agrícolas y de entablar conversaciones con el gobierno tanto a escala local como nacional, una coalición de grupos finalmente llevó el caso al Tribunal Constitucional, argumentando que la ley trataba a las/os agricultoras/es de manera injusta, como si fueran una gran empresa de semillas. En 2013 el Tribunal determinó que la ley de 1992 era inconstitucional. Con el artículo 33 de la Constitución de Indonesia, todos los recursos naturales esenciales para el sustento de las personas, como es el caso de las semillas, deberán ser gestionados por el Estado, evitando por tanto que la privatización de semillas sea legal. En consecuencia, y según el Tribunal, las/os agricultoras/es ya no necesitarían permiso para recoger las semillas locales o reproducirlas o distribuirlas.
Pese a esta victoria, existen otras leyes que aún mantienen la propriedad privada. Por ejemplo, con la Ley de protección de obtenciones vegetales de 2000, las/os agricultoras/es podrán ir a prisión durante un máximo de cinco años y recibir una sanción de hasta mil millones de rupias (65.000 euros) si utilizan las semillas protegidas de una empresa sin autorización. En consecuencia, las organizaciones agrícolas de Indonesia siguen siendo muy críticas con la Ley de protección de obtenciones vegetales, que recibe el apoyo del gobierno dado que forma parte de las obligaciones de Indonesia según el Acuerdo ADPIC de la OMC. Sin embargo, hasta la fecha, ningún agricultor ni agricultora ha sido procesado/a con esta ley.
Filipinas: las falsas promesas del «Arroz dorado»
Las leyes de bioseguridad deben, supuestamente, establecer un marco para tomar pasos de precaución y regular el avance de los OGM. Sin embargo, a menudo han tenido el efecto contrario a la hora de apoyar y legitimar el avance de los transgénicos, o se han aplicado de manera selectiva. En Filipinas, esto queda de manifiesto a través del «Arroz dorado», un arroz transgénico que ha sido modificado para contener betacaroteno que, al consumirse, se convierte en vitamina A. En el caso de la berenjena transgénica, el Tribunal Superior de Filipinas ha decidido recientemente que las pruebas de campo no pueden continuar basándose en que las normativas de bioseguridad del país no garantizan el derecho constitucional de la población filipina a un medio ambiente saludable. Sin embargo, en el caso del «Arroz dorado», se están aplicando diferentes normas que han recibido una financiación de millones de dólares y este cultivo es un referente para la industria, desesperada por mostrar que los transgénicos pueden beneficiar a las personas al ser nutritivos.
Incluso después de que las/os agricultoras/es intentaran dialogar con el Ministerio de Agricultura para expresar su rechazo a este cultivo, el gobierno filipino continuó prestando apoyo al «Arroz dorado». Las/os agricultoras/es argumentaron que en sus ecosistemas hay acceso de sobra a una alimentación que contenga suficientes nutrientes, incluida la vitamina A, sin los graves riesgos que presentan los transgénicos. Añadieron así mismo que lo que necesitan es mayor apoyo para sus sistemas agrícolas tradicionales y diversificados en vez de cultivos que supongan un riesgo para sus ecosistemas y su salud.
La argumentación de las/os agricultoras/es no llegó a ninguna parte y el 13 de agosto de 2013 arrancaron los cultivos de un campo que experimentaba con el «Arroz dorado» en Pili, en Camarines Sur, donde estaban teniendo lugar los juicios. Con esta acción enviaban una clara señal de que no tolerarían el avance de los cultivos transgénicos. Sin embargo, las/os agricultoras/es filipinas/os se indignaron cuando los medios publicaron la noticia dando a entender que la acción había sido orquestada por ONG internacionales que habían utilizado a las/os agricultoras/es para que arrancaran el arroz, acusándolos de «vandalismo». Las/os agricultoras/es respondieron que ellas/os mismas/os habían decidido emplear la desobediencia civil para defender el arroz, un cultivo que resulta esencial para su dieta, su sustento y su cultura. Mientras que quienes financian y apoyan el «Arroz dorado» continúan con su objetivo de comercializar el cultivo en Filipinas, Indonesia y Bangladesh, las/os agricultoras/es filipinas/os siguen movilizándose y protestando y se han comprometido a seguir haciéndolo para luchar contra el avance de los transgénicos.
Corea del Sur: las agricultoras organizan una campaña a favor de las semillas nativas
Uno de los aspectos centrales de la lucha de las mujeres campesinas en Corea ha consistido en exigir al gobierno apoyo para las variedades de semillas, dado que, antes de nada, era importante conseguir que representantes públicos y gubernamentales comprendieran la importancia de las semillas nativas. El proceso de audiencias y exposiciones públicas de semillas nativas y el valor que estas actividades obtuvieron, llevaron con el tiempo a que se exigieran varias leyes regionales que protegieran y fomentaran las semillas nativas. La primera ley regional fue aprobada en 2008 y actualmente seis de las nueve regiones de Corea del Sur cuentan con una ley de este tipo.
Un ejemplo a seguir es la ley de Gangwon, que establece que el gobierno debe desarrollar un plan integral para promocionar las semillas nativas, los productos derivados de estas y su consumo. Esta ley también insta al gobernador/a de la región a fomentar la investigación y la recogida de semillas y a crear listas de las semillas nativas de la región. Sin embargo, el gobierno de Gangwon no desarrolla esta actividad únicamente por cuenta propia sino dentro de un consejo en el que las agricultoras coreanas desempeñan un papel importante para redactar, revisar y evaluar las políticas junto al Ministerio de Agricultura. Tan solo dos de las seis regiones en las que existen estas leyes incluyen la participación de las/os agricultoras/es en el consejo, por lo que los movimientos lo exigen también para otras regiones. Un aspecto común de todas las leyes regionales sobre semillas es el apoyo directo a las semillas campesinas a través de la libre distribución de semillas nativas y las subvenciones para aquellas/os agricultoras/es que las utilizan. Además de pedir que existan normativas regionales, las mujeres agricultoras continúan exigiendo que se fomente de manera especial las variedades de semillas que existen a escala local, de modo que se conserven las semillas históricas de cada pueblo.
Tailandia: resistencia ante los tratados de libre comercio para proteger las semillas locales
Las/os agricultoras/es de Tailandia llevan años resistiendo la presión de Estados Unidos y Europa para adoptar fuertes leyes de propriedad intelectual sobre las semillas. Después de que Tailandia se uniera a la OMC, el país aprobó una ley de protección de obtenciones vegetales en 1999. Esta ley era una solución parcial para evitar leyes más estrictas, como la de UPOV, que podrían suponer una seria amenaza para los 25 millones de agricultoras/es campesinas/os. Pese a ser menos restrictiva que UPOV, la ley de 1999 impone, a través de los certificados de POV, algunas restricciones a las actividades que las/os agricultoras/es pueden realizar con las variedades protegidas. Se pueden reutilizar las semillas protegidas pero siguiendo bastantes requisitos: deben haber comprado las semillas ellas/os mismas/os, solo podrán volver a sembrarlas en sus propios cultivos, es decir, que la semillas no se pueden compartir ni intercambiar, y en algunos casos también existen restricciones respecto a la calidad de dichas semillas.
En el contexto de la negociación sobre los tratados de libre comercio con Tailandia, EE.UU. y Europa han presionado al país para que este ofrezca derechos de propriedad más firmes y fuentes de ingresos para la industria semillera. A través del tratado de libre comercio con EE.UU., la industria deseaba que Tailandia adoptara UPOV 91 y permitiera todas las patentes industriales posibles sobre las plantas. La respuesta de las/os agricultoras/es de Tailandia y de otros movimientos sociales fue construir fuertes coaliciones que lograron interrumpir el proceso del tratado de libre comercio. En 2006, 10.000 agricultoras/es y organizaciones aliadas se enfrentaron a la policía y asediaron el lugar donde se llevaban a cabo las negociaciones sobre el tratado de libre comercio entre EE.UU. y Tailandia, por lo que dichas negociaciones se vinieron abajo a partir de ese momento.
En 2013, miles de personas marcharon por las calles de Chiang Mai, donde estaban teniendo lugar las negociaciones del tratado de libre comercio con la Unión Europea. Según los borradores filtrados, Bruselas exigía que Tailandia implantara UPOV 91, al que las/os agricultoras/es se habían opuesto firmemente. Las negociaciones del tratado de libre comercio entre la UE y Tailandia se encuentran en una pausa desde entonces, aunque aún deben finalizar los acuerdos con la Asociación Europea de Libre Comercio, por lo que las/os agricultoras/es mantienen una extrema vigilancia.
5. Europa: las/os agricultoras/es luchan por rescatar la diversidad agrícola
La Unión Europea alberga hoy a UPOV y las patentes de semillas con su brutal normativa sobre la comercialización de semillas (muy dirigida a la exportación), un despiadado sector empresarial de la semilla y un paisaje agrícola plenamente industrializado. Sin embargo, también es hogar de un fuerte movimiento social y campesino que lucha para defender y fomentar las semillas campesinas, confrontar las leyes que ilegalizan su preservación e intercambio y establecer alianzas con las/os consumidoras/es, las asociaciones de agricultura ecológica y otros agentes con el fin de situar las semillas en el centro de un sistema alimenticio europeo más diversificado, controlado por el pueblo y con base local.
En Europa, la Unión Europea desempeña un papel dominante a la hora de definir las leyes de semillas regionales que son aplicadas en los estados miembros de la UE y exportadas a los países vecinos del Este de Europa y el Mediterráneo a través de tratados de comercio o asociación. Existe una regulación de POV de 1994 a través de la cual las empresas semilleras pueden obtener derechos sobre las semillas a escala nacional o de la UE y que se basa en la UPOV de 1991. Así mismo existe una directiva de 1998 sobre patentes que posibilita patentar las plantas o animales genéticamente modificados en los estados de la UE. A esto se añaden una serie de normativas muy draconianas sobre la comercialización de semillas, que Bruselas ha intentado enmendar en los últimos años pero que finalmente han sido rechazadas. El proceso ha sido paralizado por el momento. Por otra parte, existe una Oficina Europea de Patentes que no constituye una institución de la UE pero que entrega patentes europeas de plantas basándose en el Convenio sobre la Patente Europea. Todo esto significa que los gobiernos nacionales de la región tienden a implantar las leyes europeas y pueden verse limitados en su propio margen de maniobra.
Recientemente se han dado pasos para revisar la normativa de la UE sobre la comercialización de semillas y las normas y controles sanitarios. Las/os agricultoras/es, preservadoras/es de las semillas y movimientos sociales han luchado enérgicamente para evitar lo peor de estas modificaciones. Sus necesidades y estrategias han cambiado, como en el caso de Austria y Francia. No obstante, el objetivo final sigue siendo el mismo: que la diversidad prospere bajo el control de las/os agricultoras/es, hortelanas/os y las comunidades.
Manifestación campesina y ciudadana ante el Parlamento Europeo en Bruselas para pedir la defensa de las semillas campesinas en enero de 2014. (Foto: ECVC)
Austria: luchar por una legislación en favor de la biodiversidad y de los derechos campesinos
La actual normativa austríaca sobre la comercialización de semillas no es muy prometedora, pero muestra algunas lagunas que permiten a las/os agricultoras/es y asociaciones de hortelanas/os intercambiar y comprar determinadas cantidades de semillas tradicionales. Esto se debe a que la ley de la UE había dejado a los estados miembros cierta autonomía para su implementación y las/os preservadoras/es y organizaciones de agricultoras/es han luchado exitosamente por una forma no exclusiva de registrar las semillas tradicionales a escala nacional o europea. Pese a que la venta de las llamadas «variedades de conservación» está restringida a un área geográfica particular, que corresponde a la superficie de Austria, el resultado es que varias/os agricultoras/es productoras/es de semillas, en vez de una/o sola/o, pueden ahora registrar una misma variedad tradicional y venderla de forma legal.
Dado este espacio que se les ha abierto, las/os preservadoras/es de semillas, consumidoras/es y agricultoras/es austríacas/os han trabajado intensamente durante los últimos años para oponerse a la propuesta de la Comisión Europea de revisar la normativa sobre la comercialización de semillas de la UE que dificultaría a las/os agricultoras/es de Austria disponer las semillas campesinas para su venta en varios países. Tras varias acciones de resistencia, la propuesta ha sido modificada dado que las redes de conservación estarían excluidas del ámbito de aplicación. Se trata sin duda de una pequeña victoria, pero no para las/os campesinas/os y las/os horticultoras/es. Mientras que algunas variedades podrían estar exentas de los típicos requisitos DHE, se darían otros obstáculos como los requisitos históricos y geográficos (Official Recognised Description), el registro de las/os comerciantes de semillas como operadores profesionales, el registro como variedad especializada, el mantenimiento de los registros y finalmente la certificación, los cuales suelen ser demasiado costosos y burocráticos para la mayoría de las/os campesinas/os.
Una de las exigencias centrales de las/os preservadoras/es y agricultoras/es austríacas/os es que cualquier tipo de semilla —DHE o no DHE, certificada o no certificada, industrial o campesina— debería poder comercializarse bajo los mismos supuestos. Su argumento base es que las/os agricultoras/es deberían poder decidir por sí mismas/os qué tipo de semillas necesitan. Por ejemplo, algunas/os agricultoras/es podrían necesitar semillas DHE con garantía para cumplir ciertos estándares tales como las tasas de germinación, la pureza o rendimiento, mientras que otras/os podrían querer tener acceso a semillas más baratas, no certificadas y no homogéneas. Para las/os preservadoras/es y agricultoras/es austríacos, esto significaría poder vender sus semillas ahorrándose los exámenes y certificaciones DHE, tan costosos y duraderos, ayudando de esta forma a restablecer la diversidad en los campos y huertos.
Para evitar casos de biopiratería, exigen un banco de datos institucional donde se pueda registrar voluntariamente las variedades campesinas. Su objetivo es poder facilitar el nombre tradicional y las características específicas de las variedades campesinas con los mínimos procesos burocráticos posibles. Esto evitaría los casos de apropiación de los nombres de variedades populares por parte de la industria de la semilla, la cual se beneficia de su buena reputación mientras, por otro lado, ilegaliza la venta de la variedad por otras/os agricultoras/es con su nombre original.
Para oponerse a la nueva normativa de comercialización de la UE, las/os austríaca/os han establecido amplias coaliciones con organizaciones agrícolas, hortelanas y preservadoras de semillas de Austria y otros países, además de con consumidoras/es, cocineras/os, periodistas y algunos políticos. Los han emplazado a cultivar patatas en campos, a realizar vídeos que se presenten en las escuelas a las/os niñas/os y han sumado fuerzas con el movimiento ecologista para recoger más de 800.000 firmas contra la nueva propuesta de ley.
En 2014, tras un período intenso de actividades por parte de los grupos de presión, el Parlamento Europeo finalmente rechazó la propuesta de la ley de comercialización de semillas con una amplia mayoría. Las organizaciones campesinas y ecologistas austriacas que han liderado esta campaña entienden este rechazo como una importante victoria que les permitiría avanzar en el fomento de los derechos de las/os agricultoras/es para preservar, utilizar y vender sus semillas además de avanzar hacia una legislación de semillas más progresista.
Francia: leyes estrictas de propriedad y comercialización de las semillas
Como en la mayoría de países europeos, las leyes sobre las semillas en Francia son muy restrictivas y están fuertemente controladas por los grupos de presión de la industria de la semilla y sus organizaciones. Por otro lado, existen leyes de propriedad que prohíben a las/os agricultoras/es preservar las semillas de variedades protegidas. A las/os agricultoras/es se les permite reutilizar semillas protegidas de únicamente 30 especies y, además, tienen que pagar regalías a quienes cultivan. En el caso del trigo panificable, se recauda un impuesto cuando las/os agricultoras/es distribuyen sus cosechas y solo a aquellas/os que presentan el recibo que certifica que han comprado las semillas se les devuelve el dinero. Pero en lo que respecta a la mayoría de las variedades restantes, las/os agricultoras/es de Francia continúan produciendo sus propias semillas sin pagar regalías dado que la industria no tiene cómo forzarles a realizar dichos pagos. Este es el motive por el que la industria propuso en 2013 una nueva ley con la que se designarían las semillas preservadas en las explotaciones agrícolas como «falsas». Bajo esta propuesta, las empresas productoras de semillas habrían podido exigir que los cultivos se destruyan sin necesidad de presentar pruebas de que las/os agricultoras/es están reutilizando sus semillas. Algunas/os agricultoras/es francesas/es hicieron una huelga de hambre para denunciar la propuesta, pero finalmente no se organizó gracias a las numerosas movilizaciones.
Cuando una agricultora o agricultor desea vender sus semillas, debe ser miembro de una asociación profesional de productoras/es de semillas y debe estar inscrita/o en un registro de variedades. Las semillas deben estar certificadas también para los cereales. Una causa judicial contra una asociación que vendía semillas heredadas y no registradas ha cobrado gran importancia en las redes sociales durante varios años. En este contexto, las redes de semillas campesinas de Francia han luchado de manera activa contra las propuestas europeas que pretenden facilitar la comercialización de semillas patentadas y privatizar los controles y normas sanitarias sobre semillas. Sin embargo, también han apoyado determinadas partes de la propuesta relacionada con la comercialización de semillas al creer que así se podría haber mejorado mucho la situación. Desgraciadamente, la industria tuvo el poder suficiente para que estas propuestas fueran rechazadas por el Parlamento Europeo.
En los últimos diez años, las pequeñas empresas que producen y distribuyen semillas tradicionales se han unido a una importante red de agricultoras/es que seleccionan las semillas y las facilitan a sus miembros además de colaborar con las investigaciones públicas. Las asociaciones y pequeñas empresas que colaboran han permitido que varios miles de agricultoras/es dejen de utilizar semillas industriales en muchos de sus cultivos. Han establecido «casas de semillas campesinas» en las que las comunidades seleccionan, fabrican y preservan semillas de forma colectiva. Las redes organizan talleres e intercambios de semillas entre agricultoras/es y desarrollan nuevas formas de procesar los cultivos en sus explotaciones agrícolas, incluyendo la elaboración de pan.
La red ayuda también a las/os agricultoras/es a solventar cuestiones legales y encontrar formas de oponerse a las leyes. Por ejemplo, tras haber hecho pública la decisión de defender de manera colectiva a todas aquellas personas que están obligadas a quebrantar la ley para poder salvar sus propias semillas, algunas organizaciones han encontrado lagunas en la legislación europea, que permite el intercambio de semillas entre las/os agricultoras/es si es para experimentar y venderlas a las/os horticultoras/es de semillas no registradas en ningún catálogo. Pese a que las propuestas europeas fueron rechazadas, en 2014 se aprobó una nueva ley en Francia que autorizaba el intercambio de semillas entre agricultoras/es asociadas/os y sin restricciones respecto a la experimentación. Actualmente esta red se prepara para rechazar las normas industriales que son el resultado de la privatización de las normas y controles sanitarios. Por otra parte, hay otros grupos que también han optado por no conformarse con la ley sino directamente oponerse a ella con el fin de poder cambiarla. Un ejemplo de ello es el movimiento de segadores voluntarios de transgénicos.
En otros casos, hay grupos que han optado por trabajar al margen de la normativa y se han opuesto frontalmente con el objetivo de transformarla. Un ejemplo se observa en el movimiento contra los OGM. En los casos en que el gobierno francés ha autorizado la siembra de semillas transgénicas, las/os agricultoras/es y activistas franceses han practicado la desobediencia civil y han destruido los campos de OGM.
El trabajo de estas/os activistas ha sufrido una creciente criminalización y sus actos en Francia pueden ahora acarrear penas criminales. No obstante, sus acciones, que también se han realizado en otros países, han resultado verdaderamente importantes puesto que han contribuido a reducir significativamente la siembra comercial de transgénicos en muchas partes de Europa.
La lucha contra las semillas transgénicas: legalidad frente a legitimidad
El hecho de que los OGM estén prohibidos en la mayoría de los países de Europa es fruto de décadas de trabajo por parte de las organizaciones agrícolas, los movimientos sociales y las organizaciones de consumo, que los han combatido mediante protestas, acciones legales y campañas educativas. Actualmente en Europa solo se permite el cultivo de un tipo de vegetal transgénico, cierta variedad del maíz, de la que la mayor parte —70.000 hectáreas— se cultiva en España (también en Portugal, República Checa, Rumanía y Eslovaquia, aunque en superficies mucho menores.) Aun así, siguen realizándose pruebas de campo en muchas localidades, a menudo sin conocimiento público. En España, donde se llevan a cabo la mitad de las pruebas de transgénicos, los movimientos han protestado contra este tipo de experimentos así como contra las leyes que los permiten. Se han organizado acciones de desobediencia civil y destrucción parcial de campos de pruebas en Francia, Alemania, y más recientemente en Inglaterra, España y Bélgica.
En los medios europeos, a estas/os activistas se los tacha frecuentemente de criminales. Todo ello ha tenido eco en las leyes, que se han vuelto más severas ante tales acciones y, en algunos casos, a consecuencia, muchas/os han perdido sus trabajos. El movimiento francés que combate las pruebas con transgénicos ha escrito en su carta estatutaria: «Cuando la ley privilegia los intereses particulares frente a los intereses públicos (...) la única elección responsable por parte de los ciudadanos es enfrentarse a dicho estado de no legalidad para restablecer la justicia, aún a riesgo de recibir multas y posibles penas de cárcel».
Alemania: una victoria para la defense de las semillas campesinas y una campaña para salvar la «Patata Linda»
Las/os agricultoras/es de Alemania han organizado una campaña de resistencia legal contra el pago de regalías por el uso de semillas de variedades protegidas por un certificado de POV. Estas/os agricultoras/es fueron hasta los tribunales europeos de justicia para tener el derecho a cultivar las semillas que escojan, ya sean de origen comercial o campesino, y sin tener que informar a las/os cultivadoras/es. De esta manera, quienes cultivan han perdido la única manera sencilla con la que contaban para exigir el pago de regalías.
Las leyes más estrictas referentes al tipo de semillas que pueden venderse han dejado a las/os agricultoras/es en Alemania poca capacidad de elección respecto a qué sembrar en sus explotaciones agrícolas, puesto que están limitados a unas pocas variedades industriales y homogéneas. En algunos casos las/os agricultoras/es tienen preferencia por una variedad determinada, pero esta puede desaparecer rápidamente si no resulta rentable a la empresa que la produce. Es lo que ocurrió en el 2004 cuando la empresa productora de semillas alemana Europlant retiró la popular variedad de patata llamada «Linda». Ya han vencido los 30 años de concesión de propriedad exclusiva de la empresa sobre la variedad «Linda» obtenida mediante un certificado de POV, y con ellos el 10-15% de cargos por licencia que cobraban cada vez que se vendía la variedad en forma de semilla. Al exigir las/os cultivadoras/es de Europlant que «Linda» se retirara del catálogo, toda persona que la cultivara con fines comerciales estaría incurriendo en un acto ilegal. «Linda» debía desaparecer del mercado y ser remplazada por nuevas variedades por las que se volviera a cobrar una tasa de licencia rentable.
Pese a todo, gracias a las/os agricultoras/es y a una buena acción mediática, en pocos meses estalló una enérgica campaña para «salvar la patata Linda» en toda Alemania. Las/os consumidoras/es alemanas/es, que por lo general identifican dos tipos de cultivos fiables —manzanas y patatas—, reconocieron que Linda era una variedad ampliamente apreciada y apoyaron a las/os agricultoras/es. Los tribunales establecieron que «Linda» permanecería en el mercado dos años más. A partir de entonces, «Linda» no cumpliría los requisitos estrictos para permanecer en el catálogo alemán. No obstante, hoy vuelve a estar a disposición de las/os agricultoras/es de toda Europa, ya que se aceptó su venta en otro país europeo, esta vez Inglaterra. La patata «Linda» se considera actualmente un ejemplo de éxito frente a la industria. Por otro lado, sirvió también para concienciar a las/os agricultoras/es de cuánto dependen del mercado y de los caprichos de las empresas que solo ofrecen a dicho mercado las variedades de semillas que les resultan rentables.
Grecia: la crisis devuelve las semillas campesinas a los campos
Las/os agricultoras/es griegas/os pueden solicitar ciertas subvenciones para sus cultivos, conocidos como «bonos de calidad». Sin embargo, el estándar de lo que se considera como calidad alta está cada vez más sujeto al uso de semillas certificadas, especialmente en campos como los de trigo duro, lo cual exige que las/os agricultoras/es muestren una prueba de compra para recibir la ayuda. Pese a todo, algunas/os agricultoras/es siguen utilizando variedades tradicionales más antiguas de trigo en las superficies que explotan. Por ejemplo, en la región de Tesalia, el creciente precio del trigo comercial y la disminución de subvenciones en cultivos competentes tales como el algodón ha llevado a las/os agricultoras/es a experimentar con variedades más antiguas que aún eran populares hace 50 años y todavía se encuentran en el catálogo nacional. Por tanto, los campos que solían cultivarse con variedades industriales están ahora empleando semillas de trigo más antiguas, como la «mavragani», con sus características puntas negras. Lo mismo ocurre con otros cultivos como las uvas, melones, berenjenas y árboles frutales.
No obstante, las semillas campesinas vuelven a ocupar un lugar destacado en Grecia, especialmente gracias al creciente movimiento de jóvenes que están regresando al sector de la agricultura. A raíz de la crisis financiera, por la que las tasas de paro juvenil se han elevado al 50%, las/os ciudadanas/os están regresando al campo. Muchas/os de ellas/os todavía tienen familia en las zonas rurales y han podido de esta forma tener acceso a la tierra. Les interesa la producción local y muchas/os prefieren llevar a cabo la actividad agrícola según las prácticas tradicionales y empleando semillas campesinas. Como reflejo de dicho interés, las organizaciones preservadoras de semillas han organizado en los últimos años festivales de la semilla e intercambios que han obtenido una afluencia de miles de personas dispuestas a intercambiar las variedades utilizadas por sus abuelas/os y seleccionarlas para aumentar la diversidad de sus campos y huertos. Ven este trabajo como una forma de rescatar el valioso patrimonio de Grecia, ya que se ha estimado que solo un 1% de la tierra destinada a la explotación agrícola del país se cultiva con variedades antiguas de cereales y vegetales. En el banco de semillas nacional, donde aún se preservaban muchas variedades antiguas, la disminución de fondos debida a los recortes de presupuestos ha provocado la destrucción de 5.000 de las 14.500 variedades preservadas.
La mayor parte de los grupos que participaban en el movimiento de conservación de semillas son pequeñas/os horticultoras/es. Pero como los ciudadanos están regresando al campo y ganándose la vida con la explotación agrícola, el número de agricultoras/es que participan es cada vez mayor. Uno de los principales retos a los que se enfrentan es que el conocimiento de la selección de semillas no se ha transmitido a las generaciones más jóvenes. Por tanto, en los últimos años, el movimiento de defensores de la semilla en Grecia se ha centrado en el fomento de la educación para la selección de semillas a través de las escuelas de semillas por toda Grecia. Además del conocimiento práctico y el establecimiento de semilleros comunitarios, las escuelas discuten la situación legal a la que se enfrentan las/os agricultoras/es, así como las posibilidades que tienen las/os agricultoras/es de vender y procesar sus cultivos.
Italia: una amplia diversidad de leyes regionales
Italia se encuentra en una situación única, pues cada una de sus 20 regiones tiene autonomía en la promulgación de leyes. Esto ha producido experiencias interesantes en las que distintas organizaciones italianas han exigido leyes regionales que favorecieran las semillas locales. Po ejemplo, en Lazio, las semillas de las/os agricultoras/es locales y las crías de ganado se han reconocido como patrimonio colectivo, con lo que ya no es legal declararlas propriedad privada o monopolizarlas. Cuando las variedades de semillas locales de otra región italiana, Abruzzo, iban a ser privatizadas por un banco suizo, la ley permitió detener el proceso. Así, a nivel regional, algunas organizaciones de agricultoras/es mantienen la presión para ampliar en este sentido las actuales leyes y que dejen de ser simples lagunas, proporcionando así a las semillas campesinas un punto de apoyo a una escala mayor. Al mismo tiempo, recelan de la forma en la que se interpretan dichas leyes. Por ejemplo, la utilización colectiva se ha interpretado en Lazio mediante argucias en las indicaciones geográficas que han dejado de lado a ciertas/os agricultoras/es. Pese a que inicialmente fue saludada por los pastores que pretendían llevar a cabo una cría de ovejas con una producción de leche idónea para el queso, tras varios años la ley acabó marginando a muchas/os ganaderas/os y beneficiando a unos pocos. Ahora, la mayoría de ganaderos ovinos en Lazio están en contra de las indicaciones geográficas.
Además de estas leyes, que resultaron de propuestas de la sociedad civil, las/os agricultoras/es italianas/os han luchado contra otras muchas leyes que consideran ostensiblemente negativas. Una de ellas es la legislación fitosanitaria. Con el pretexto de medidas sanitarias, se ha restringido fuertemente el intercambio de semillas de ciertas especies, lo que ha afectado a las/os cultivadoras/es de vid destinada a la producción de vino. Más aún, las/os agricultoras/es italianas/os se oponen actualmente a las tentativas de debilitar la ley que ha mantenido hasta ahora los OGM fuera del país. En Italia existe una fuerte coalición de organizaciones de consumidoras/es, movimientos sociales, pequeñas/os agricultoras/es e incluso grandes agricultoras/es comerciales que se oponen a los transgénicos. Las/os grandes agricultoras/es industriales tienen también interés en dejar fuera los OGM pues les preocupa que puedan afectar negativamente a las exportaciones agrícolas de Italia. No obstante, las fuertes normativas nacionales pueden verse debilitadas por los acuerdos supranacionales. Este podría ser el caso del Tratado de Libre Comercio que actualmente están negociando los Estados Unidos y la Unión Europea, también a causa de los nuevos avances legales en la autorización de los transgénicos, que se están debatiendo en el Parlamento Europeo.
También están trabajando para poder reivindicar las semillas eludiendo las normativas. Las/os agricultoras/es se están organizando en la producción directa, las redes de consumo y los colectivos de horticultoras/es. Puesto que certificar su producción como orgánica les obligaría a utilizar semillas ecológicas certificadas y pagar a las instituciones certificadoras, las/os agricultoras/es han preferido vender sus productos directamente en las localidades correspondientes, pudiendo así cultivar todas las variedades de grano y procesar sus propios vegetales. Uno de los objetivos es no depender de la industria de la semilla. Las semillas se intercambian de forma local mediante extensos intercambios anuales.
Reino Unido: utilizar las fisuras legales para forzar un cambio en la normativa
En el Reino Unido, los ciudadanos que quieren efectuar sus explotaciones agrícolas a pequeña escala encuentran grandes dificultades a la hora de acceder no solo a la tierra, sino también a las semillas no industriales. En los últimos años, se han organizado numerosos trueques y ferias de la semilla en las que se han intercambiado las variedades tradicionales y los asistentes han aprendido a seleccionar sus semillas. Aun así, los grupos dedicados a la semilla en el Reino Unido trabajan casi exclusivamente con semillas de vegetales, rara vez con cereales. Por tanto, las/os agricultoras/es que desean trabajar con las variedades antiguas de cereales no solo encuentran dificultades para adquirir las semillas, sino que, una vez las han adquirido, les resulta problemático difundirlas. Después de todo, las variedades no DHE más antiguas de trigo, centeno, cebada, farro o escaña no están registradas en el catálogo y por tanto no pueden venderse de forma legal.
La demanda actual de ese tipo de cereales no provino inicialmente de las/os agricultoras/es, sino de procesadores como las/os horneras/os que reivindicaban formas tradicionales de hacer pan y por tanto buscaban otro tipo de harinas. Recientemente, la demanda ha provenido también de destiladores de bebidas alcohólicas tales como el whiskey e incluso de techadores. A diferencia de otras partes de Europa en las que los techos de paja se elaboran con juncos, los techadores del Reino Unido e Irlanda utilizan la paja de los cultivos de cereales. Para ello necesitan las variedades más antiguas con tallos altos, puesto que las diminutas plantas modernas no resultan adecuadas para este uso.
Para salvar el obstáculo de vender estas variedades de semillas, lo que resultaría ilegal, las/os agricultoras/es que seleccionan y producen semillas han urdido algunas argucias verdaderamente creativas. Por ejemplo, tienen la posibilidad de conceder licencias en vez de vender sus semillas. De esta forma evitan la «transferencia de propriedad» (vender o intercambiar semillas), que es ilegal bajo la ley actual. Pese a que a la industria no le gusta esta práctica e intenta detenerla, las/os agricultoras/es se benefician de las fisuras legales. Su motivación es que cuantas/os más agricultoras/es y consumidoras/es les apoyen en su intento de restablecer la diversidad en los mercados, más rápidamente tendrán que cambiar las leyes a su favor.
Pero, al mismo tiempo, algunas/os de estas/os agricultoras/es se muestran prudentes. Ven que, mientras que los mercados de cultivos artesanos son cada vez más populares, se está formando a su vez una nueva industria ávida de oportunidades para obtener beneficios de sus nuevos productos. Aunque estos pueden comercializarse como productos que utilizan variedades «tradicionales» o las llamadas variedades «patrimoniales», la realidad es que provienen de un cruce de variedades antiguas con nuevas, y se cultivan a gran escala con productos químicos. Para que las semillas campesinas evolucionen, deben hacerlo como parte de una sociedad que salude la producción y el consumo no industrial, enfrentándose a aquellos que comercializan las semillas como mercancía novedosa. En el Reino Unido, como en el resto de lugares, la lucha por las semillas campesinas no se puede disociar de la lucha por la agricultura campesina.
Polémicas
Los enormes esfuerzos que han realizado las organizaciones de agricultoras/es, movimientos sociales y grupos de la sociedad civil para luchar contra las leyes sobre las semillas de la industria en todo el mundo han dado como fruto, con el paso del tiempo, diversas iniciativas que de vez en cuando generan debate o polémica. Nosotros destacamos aquí las más conocidas. El debate sigue abierto. El reto consiste en encontrar formas de organizar el reparto de semillas y garantizar que no sean privatizadas ni destruidas por terceros.
• Parece natural solicitar «semillas libres», pues las/os agricultoras/es y horticultoras/es quieren utilizar e intercambiar las semillas libremente. Pese a todo, hablar de semillas libres sin mencionar de dónde proceden es menospreciar el papel de las comunidades campesinas e indígenas a la hora de darles vida. Esto podría fomentar un movimiento libre de semillas sin el conocimiento y las responsabilidades que llevan asociadas. Frecuentemente se confunde con un sistema de «libre mercado» en el que cualquiera, especialmente las grandes empresas, puede disponer de las semillas según su apetencia y hacer que las comunidades pierdan el control. Es necesaria una normativa que regule su uso.
• Algunos grupos están realizando una campaña de «semillas de código abierto». Igual que ocurre con el software, las semillas de código abierto utilizan licencias para que nadie pueda privatizarlas. Aun así, las licencias son herramientas de propriedad intelectual (lo que implica derechos exclusivos y trabajar dentro del sistema de comercio) y no son necesariamente apropiadas para las semillas o para las/os pequeñas/os agricultoras/es.
• Los registros comunitarios o catálogos son listas elaboradas por las comunidades que describen las variedades de las semillas, sus características, nombres, procedencia, cómo cultivarlas y para qué son útiles. Se ven como una herramienta para evitar la privatización, apropiación indebida o pérdida de las semillas y los conocimientos relacionados con dichas semillas además de para dar fuerza a las comunidades en su lucha para protegerlas. De cualquier forma, su potencial de evitar la privatización o apropiación indebida no es del todo sólido. Las autoridades que garantizan a las empresas los derechos de propriedad sobre las semillas basándose en los datos genéticos o bioquímicos no tienen en cuenta los criterios de descripción empleados por la comunidad. Por tanto, lo más probable es que no acepten dichos catálogos como prueba de apropiación indebida. Al mismo tiempo, al centralizar la información en un libro, dibujos, bases de datos u otros medios, el conocimiento se vuelve fácilmente accesible para los gobiernos, investigadoras/es y empresas, facilitando a su vez la biopiratería.
• La ciudadanía, a veces, quiere organizar intercambios masivos de semillas a escala internacional para combatir la codicia corporativa y la uniformidad del mercado introduciendo una mayor diversidad, haciendo que se celebren y los utilice el mayor número de personas posible.
Pero al destruir campos e intentar que se diseminen en rincones remotos del planeta, se puede en realidad estar fomentando una degradación cultural, una pérdida de variedades locales e incluso un cierto imperialismo (p.ej. fomentando los tomates europeos en Latinoamérica).
• Distintas iniciativas persiguen la protección de las semillas del pueblo mediante la ley. Los derechos de las/os agricultoras/es son derechos inherentes e inalienables, y deben reconocerse nacional e internacionalmente. Sin embargo, cuando los trasladamos a los marcos legales, corren el riesgo de ser diluidos, deformados o degradados, por lo que deben ser reconocidos a escala internacional. Los derechos de las/os agricultoras/es y las comunidades no pueden reducirse a «exenciones» o «privilegios», no pueden depender de permisos legales especiales y no deben tener cabida en las leyes de propriedad intelectual o en los acuerdos comerciales. Las experiencias en los países en los que tales iniciativas han avanzado no son esperanzadoras. Los gobiernos tienden a reconocer los derechos de las comunidades solo si las comunidades aceptan los derechos de propriedad intelectual sobre las semillas de las empresas corporativas. A la larga, esto implica que no se respeten los derechos de las comunidades. Como muestran los ejemplos citados en este documento, las batallas legales no siempre tienen éxito pero resultan indispensables para consolidar las victorias que siempre son parciales en un sistema legal y comercial diseñado para destruirlas, y para garantizar así mismo la supervivencia de la agricultura de pequeña escala y sus semillas.
Conclusión
Sin duda, vivimos en tiempos difíciles y lo que está en riesgo son las bases de nuestra capacidad para no abandonar el campo. Pero la experiencia práctica, como los casos que hemos presentado además de muchos otros, muestra que es posible restir e incluso vencer.
Las luchas que hemos mostrado nos enseñan diferentes cosas, algunas de ellas de manera recurrente.
Por ejemplo, hemos aprendido que, afortunadamente, la mayoría de la gente comprende sin que sean necesarias más explicaciones que privatizar las semillas es una aberración. Las estrategias de los gobiernos y las empresas para hacer todo en secreto y de una manera no transparente es así precisamente porque saben que una ciudadanía informada claramente reaccionará en contra de la privatización de las semillas. Es por esto que una de nuestras tareas principales consiste en romper el secretismo y ofrecer toda la información posible a la gente. Este documento pretende servir de herramienta de información, a través del apoyo hacia el trabajo de las organizaciones y a cada una/o de nosotras/os para informar, explicar, informar, explicar, informar y explicar. De este modo, animamos a todas las personas a que utilicen este documento y el póster y los anexos que lo acompañan, de todas las maneras posibles, seleccionando lo que les resulte más útil, traduciéndolo, adaptándolo, extrayendo fragmentos, añadiendo información local, etc.
También hemos aprendido que los esfuerzos para defender las semillas tienen éxito hasta el punto de pasar a formar parte de movilizaciones amplias y diversas. Las organizaciones campesinas e indígenas, y la unidad entre ellas, resultan fundamentales para contar con cualquier oportunidad de éxito. El apoyo de las organizaciones estudiantiles, trabajadoras/es, agricultoras/es urbanas/os, consumidoras/es, ecologistas, pequeñas/os comerciantes, jóvenes, artistas, etc también resulta muy importante.
La privatización de las semillas pretende justificarse a través de una serie de mitos y falsedades que se repiten una y otra vez: que se necesitan nuevas semillas para mejorar la producción, que las empresas no producirán semillas si no hay leyes que privaticen, etc. Esto hace que sea importante enfatizar que las leyes de semillas no garantizan la calidad sino que, por el contrario, ofrecen a las empresas mayores oportunidades para vender semillas basura y mantener otros mecanismos de control. No siempre resulta sencillo desmontar la propaganda, pero existe una gran cantidad de materiales con información que, como este documento, pueden ser utilizados y adaptados.
En todo el mundo las comunidades y organizaciones de base comprenden que la mejor manera para defender las semillas, y con ello las prácticas de usar y compartirlas que las mantienen vivas, es seguir cultivándolas, cuidándolas e intercambiándolas en todos los pueblos. Mantener los sistemas agrícolas vivos es la mejor manera de también mantener vivas las semillas. Las variedades de los cultivos se desarrollan si las cultivamos, si cocinamos con ellas, si las incluimos en nuestros festivales, mercados y en nuestras interacciones. Esto es lo que actualmente hacen los innumerables grupos que organizan ferias de semillas, intercambios de procesos, cultivos comunitarios, festivales culinarios o que luchan para proteger o reactivar los mercados locales.
Hemos aprendido así mismo que es importante parar los procesos legislativos porque, una vez que las leyes han sido aprobadas, la resistencia se hace más dura y compleja. Se trata de un proceso difícil porque el sector privado y la mayoría de los gobiernos centran su poder y sus capacidades en presionar para que salgan adelante las leyes de semillas, lo que lleva a muchas/os legisladoras/es a votar a favor sin comprender siquiera las consecuencias. Sin embargo, los peligros y las aberraciones legales de esta leyes son tan evidentes e innegables que resulta crucial darlas a conocer a la población así como a las/os mismas/os legisladoras/es. Resulta irónico que, para beneficio nuestro, la mayoría de los proyectos de ley no son escritos por los gobiernos sino por la OMPI (Organización Mundial de la propiedad Intelectual), por grupos de presión de las empresas o por la UPOV. En consecuencia, todos los proyectos de ley son muy similares y las trampas y peligros que contienen son fáciles de detectar. La tabla que acompaña a este documento identifica algunas de estas amenazas, aunque también incluye una serie de análisis que pueden ser adaptados de manera local (véase la sección con Información adicional).
Por último, quizá la lección más importante sea que esta es una lucha larga. Una experiencia común es que cuando las leyes de semillas se ven derrotadas, las empresas y los gobiernos vuelven a presionar tras una breve tregua, y cuando ganan siempre piden terminan pidiendo aún más. Debemos estar siempre preparadas/os para otra ronda más de resistencia y protección de nuestras semillas.
Glosario
ADPIC son las siglas que designan el acuerdo de Aspectos de los Derechos de propriedad Intelectual relacionados con el Comercio. Es un acuerdo internacional de la Organización Mundial del Comercio (OMC) firmado en 1994. Los 158 países que pertenecen a la OMC deben acatarlo. El acuerdo dice que los estados pueden negarse a otorgar patentes a las plantas o animales (que no sean microorganismos), pero deben conceder algún tipo de protección de propriedad de las obtenciones vegetales. Para poder implementarlo, muchos países han adoptado las leyes de Protección de Obtenciones Vegetales que no permiten a las/os agricultoras/es reutilizar las semillas. Bajo los TLC, que van más allá que la OMC, los EE. UU., Europa y Japón, presionan a los demás países para que se unan a la UPOV, firmen UPOV 91 y/o concedan patentes sobre las plantas.
Biopiratería se refiere a la substracción de semillas, plantas y conocimientos de las comunidades. En el caso de las semillas, hay muchos ejemplos de empresas que se han apropiado de las variedades populares de las/os agricultoras/es y utilizan sus nombres para comercializar un producto nuevo y atractivo. Sin embargo, todo el cultivo industrial de plantas se podría ver como biopiratería, puesto que su punto de partida son las semillas de las/os agricultoras/es.
Catálogo El sistema de catálogo forma parte de las leyes de comercialización de las semillas de algunos países, las cuales sostienen que las semillas que entran y son descritas en catálogo pueden comercializarse. Este sistema comenzó en Europa y se convirtió en un modelo que desde entonces ha sido exportado a otros países. Con frecuencia no se permiten en el catálogo semillas que no cumplan los estándares DHE. En algunos países (la mayoría miembros de UPOV) esto garantiza un monopolio absoluto del mercado de aquellas semillas que pueden ser protegidas por derechos de propriedad intelectual. Normalmente las variedades no incluidas en un catálogo oficial pueden cultivarse legalmente, pero no pueden venderse o intercambiarse (un catálogo es similar a un registro.)
Certificado de POV es el título de propriedad que una empresa productora de semillas obtiene sobre una variedad protegida bajo el sistema POV (Protección de Obtenciones Vegetales).
Derechos de propriedad se refiere a la concesión legal de una propriedad privada sobre las semillas. Véase «derecho de propriedad intelectual».
DHE son las siglas de distinción, homogeneidad y estabilidad. Esta es la base del cultivo y la producción industrial. Distinción implica que la variedad es distinta de otras. Homogeneidad quiere decir que las plantas dentro de una misma variedad poseen las mismas características. Estabilidad significa que las características de la variedad se pasan a la siguiente generación. Inicialmente, los estándares DHE se desarrollaron para determinar el tipo de cultivos que podían registrarse en los catálogos para comercializar. Más tarde, DHE se convirtió también en el estándar con el que establecer derechos de propriedad intelectual en las plantas. Por tanto, los certificados de POV se basan también en los estándares DHE. Las semillas campesinas, por definición, no son DHE.
Híbridos son semillas industriales que, cultivadas con el uso de fertilizantes y riegos, proporcionan una gran cosecha el primer año, pero no los siguientes, haciéndolos inapropiados para la preservación de semillas. Algunos lo llaman «patente biológica» pues la disminución del rendimiento garantizado hace que nadie quiera reutilizar esta semilla.
Indicación geográfica es un tipo de propriedad intelectual que reconoce que un producto agrícola específico se produce únicamente en una región, a menudo respetando el conocimiento tradicional que aparece definido de manera clara por sus especificaciones. En consecuencia, a las/os productoras/es de fuera de la región no se les permite utilizar el mismo nombre de la variedad o producto de cultivo.
Leyes de propriedad intelectual reconocen las semillas y plantas como susceptibles de propriedad privada y otorga a las/os productoras/es el monopolio sobre su comercialización. Las dos formas más comunes de propriedad intelectual para las plantas son las patentes y los certificados de POV. El objetivo de establecer una propriedad intelectual sobre las semillas es permitir que las empresas de la semilla obtengan beneficios mediante licencias o que otras empresas las reproduzcan y comercialicen, mientras que imponen a las/os agricultoras/es el pago de regalías para poder utilizarlas y obligándolos a comprar semillas nuevas cada año. La idea es que esto incentive el desarrollo de industrias agrícolas con buenos rendimientos. Sin embargo, lo que en realidad ocurre es la aparición de monopolios, monocultivos y represión.
Marcas registradas son un tipo de propriedad intelectual que reconocen el uso exclusivo del nombre de uno o más productos asociados a dicho nombre y en ocasiones se utilizan para privatizar las variedades de un cultivo.
OGM se refiere a «Organismos Genéticamente Modificados». Son cultivos desarrollados utilizando técnicas nuevas de biotecnología para desarrollar tipos de plantas radicalmente distintas de aquellas producidas de forma natural. Los OGM se desarrollan en laboratorios. Las observaciones de las/os propias/os agricultoras/es y muchos estudios particulares han demostrado que dicha forma de reproducir semillas es peligrosa para los ecosistemas agrícolas e incluso para los seres humanos. Los OGM suelen estar protegidos por patentes.
Organización Mundial del Comercio (OMC) La OMC es una organización internacional cuyos miembros negocian e implementan las normas del comercio global, sujetas a sanciones comerciales. La mayoría de los países del mundo son miembros de la OMC y deben seguir sus normas. En cuanto a las semillas, el aspecto más importante de la OMC es el acuerdo ADPIC.
Patentes son una forma de la denominada propriedad intelectual. Por lo general se conceden para nuevas invenciones y garantizan a los propietarios un periodo de varios años en los que pueden comercializar el producto de forma exclusiva. Pese a que resulta difícil contemplar a un ser vivo como una invención, cada vez es más común conceder patentes a los cultivos, especialmente desde el advenimiento de los OGM. De igual forma que muchos certificados de POV hoy en día, las patentes reconocen los derechos de propriedad no solo en las semillas sino también en los cultivos una vez se han cosechado y procesado. La Protección de Obtenciones de Vegetales y las patentes se han desarrollado como dos sistemas distintos, pero hoy en día se complementan a la hora de garantizar a la industria derechos de propriedad sólidos sobre las plantas.
Protección Se dice que una variedad de cultivo está «protegida» cuando está sujeta a un título de propriedad intelectual tal como una patente o un certificado de POV. Esto significa que no puede utilizarse libremente sino que es privatizada (en realidad, son los derechos del autor los que se protegen).
Protección de Obtenciones Vegetales (POV), a veces llamada derechos del obtentor, es un sistema legal, similar a las patentes, que otorga derechos de propriedad a las/os obtentoras/es de plantas sobre las nuevas variedades. Bajo las leyes de POV nacionales o regionales, se emite un certificado de POV al obtentor u obtentora por una nueva variedad que cumple los requisitos DHE. Esto proporciona al obtentor u obtentora derechos legales para evitar que haya terceros que utilicen, produzcan o reproduzcan la variedad, normalmente válidos entre 20 y 25 años. A nivel internacional, los principios comunes para la protección de variedades de plantas los redactan y promueven los miembros de la UPOV.
Regalía Una regalía es un pago que puede imponer el propietario de un certificado de POV o una patente por el uso de las semillas que reivindica haber desarrollado.
Registro Un registro es una lista o una base de datos. Algunos países exigen que las semillas se registren para poder comercializarse. Es lo mismo que el sistema de catálogo. Algunos grupos o redes de agricultoras/es utilizan distintos registros para identificar y controlar la circulación de semillas locales (variedades campesinas).
Revolución verde es el nombre de un proyecto de «modernización» agrícola que persigue producir materias primas baratas para la industria y alimentos baratos para las ciudades. Bajo este esquema, que transformó a Asia y Latinoamérica en los 60 y 70, las semillas campesinas se remplazaron por aquellas desarrolladas en proyectos de investigación, produciendo una pérdida grave de las variedades tradicionales. Las nuevas semillas se recibían como «variedades de alto rendimiento», pero para conseguir producciones altas necesitaban productos químicos, abonos y riegos temporizados. Este modelo de producción arruinó las tierras, remplazó a las/os agricultoras/es por máquinas, endeudó a las/os agricultoras/es y dañó gravemente la salud de las comunidades y sus ecosistemas. Hoy en día están intentando implantarlo en África.
Semillas certificadas Algunas veces las semillas pueden comercializarse únicamente si son certificadas. Las semillas certificadas deben ser cultivadas de una determinada manera y superar pruebas de calidad físicas como tasas de germinación o pureza, además de pruebas de calidad varietal.
Terminator «Terminator» es el nombre común que se le da a una semilla modificada genéticamente y particularmente peligrosa, que se ha modificado para ser infértil después de la primera generación. Terminator no existe en el mercado pues actualmente se encuentra bajo una moratoria de facto.
Tratados de libre comercio (TLC) son acuerdos entre dos o más países que liberalizan el comercio (eliminan los aranceles y las cuotas) y armonizan las normativas a favor de las empresas multinacionales. A menudo establecen requisitos para privatizar las semillas mediante un sistema de patentes o POV. Si estas provisiones no se implementan, las empresas de un país pueden demandar al gobierno del otro país.
UPOV son las siglas de Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Se trata de un grupo de 72 países que utilizan estándares legales comunes de POV, redactados en un tratado. Hay distintas versiones de dicho tratado. Las versiones anteriores, como UPOV 78, garantizaban a la empresa que había desarrollado una nueva variedad el derecho exclusivo de comercializarla, pero permitía a las/os agricultoras/es reutilizar la semilla. La última revisión, UPOV 91, prohíbe a las/os agricultoras/es reutilizar las semillas protegidas, excepto en determinadas circunstancias. Así mismo permite la incautación de semillas, cultivos, cosechas y bienes procesados a partir de las cosechas e impone pena de prisión en caso de infracción.
Variedades campesinas o semillas campesinas es un término que se refiere a los cultivos desarrollados por agricultoras/es a pequeña escala en condiciones locales para satisfacer necesidades locales. Generalmente se adaptan bien a los policultivos, no necesitan recursos externos, funcionan bien bajo condiciones de tierra y clima locales, y las comunidades, familias o asociaciones de agricultoras/es las seleccionan de forma colectiva Las semillas campesinas se suelen compartir o intercambiar. Aunque nunca están sujetas a propriedad intelectual, pueden venderse o trocarse. Son lo contrario de las variedades industriales.
Los países miembros de UPOV han integrado en sus leyes la definición de variedad como algo homogéneo y estable. Por lo tanto, en estos países una variedad campesina no está considerada como una variedad. Al no contar con una definición legal, dicha variedad para a ser ilegal.
Variedades industriales se refiere a semillas desarrolladas para la agricultura industrial. Esto implica por lo general que las semillas que necesitan condiciones de crecimiento con alta tecnología y complementos externos como un riego temporizado, fertilizantes, pesticidas, abonos, etc. Normalmente estas variedades se producen para monocultivos, para cosechar con máquinas, enviar a largas distancias y permanecer mucho tiempo en las estanterías o almacenes. Suelen producirlas las empresas que detentan su patente o reivindican la protección de su variedad o los institutos de investigación nacional que también pueden obtener derechos de propriedad. Son lo contrario de las variedades campesinas.
Acrónimos
ADPIC : Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propriedad Intelectual relacionados con el Comercio
ARIPO : Organización Regional Africana de la Propriedad Intellectual (en inglés : African Regional Intellectual Property Organisation)
CAFTA : Tratado de Libre Comercio para la República Dominicana y Centro América (en inglès : Central America Free Trade Agreement)
CFA : franco de la Comunidad Financiera de África
COMESA : Mercado Común de África Oriental y Austral (en inglés : Common Market for Eastern and Southern Africa)
DHE : Distinción, Homogeneidad y Estabilidad
FAO : Organización para la Alimentación y la Agricultura (en inglés : Food and Agriculture Organisation)
IG : Indicación geográfica
MCC : Agencia de ayuda exterior del gobierno de Estados Unidos (en inglés : Millenium Challenge Corporation)
OAPI : Organización Africana de la Propriedad Intelectual
OGM : Organismos Genéticamente Modificados
OMC : Organización Mundial del Comercio
POV :Protección de las Obtenciones Vegetales
SADC : Comunidad de Desarollo de África Austral (en inglés : Southern Africa Development Community)
TLC : Tratado de Libre Comercio
UPOV : Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
USAID : Agencia de los Estados Unidos para el Desarollo Internacional (en inglés : United States Agency for Internacional Development)
La Vía Campesina
La Vía Campesina es un movimiento internacional que defiende la agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de promover la justicia social y la dignidad. Agrupa a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Se opone firmemente a los agronegocios y las multinacionales que están destruyendo los pueblos y la naturaleza. La Vía Campesina comprende 164 organizaciones locales y nacionales en 73 países de África, Asia, Europa y América.
www.viacampesina.org y http://tv.viacampesina.org/
GRAIN es una pequeña organización internacional sin fines de lucro que trabaja apoyando a campesinos y agricultores en pequeña escala y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente.
