En septiembre de 2011, un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Alemania afectó a los apicultores mayas por los cultivos de organismos genéticamente modificados sembrados por Monsanto, con permisos otorgados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) de México.
Un laboratorio alemán detectó una muestra de miel contaminada con polen transgénico de Champotón, Campeche (México). A raíz de este hecho, apicultores afectados asociaciones civiles metieron un amparo contra la siembra de soya transgénica contra Monsanto que el juez resolvió a favor de los indígenas mayas.
“Están estos dos juicios que son los primeros en Yucatán, se meten dos juicios más en Campeche, uno que meten apicultores en Chiapas que está en el limbo y otro en Quintana Roo en 2012. Junto con el juicio se pide la suspensión de oficio en el que se reclama que se detenga porque de cometerse el acto tiene consecuencias irreversibles al ecosistema”, agregaron los apicultores.
Los juicios de Campeche y Yucatán han sido llevados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y se resolverían este año, lo que marcaría un precedente legal en el tema de los transgénicos en México, sin embargo hay cinco impugnaciones por parte de Monsanto en complicidad con instituciones federales.
“Hay cinco impugnaciones por cada uno de los juicios, y se van a manejar por separado como juicios distinto en la suprema corte”, dijeron los mayas.
Lo dramático, es que las cinco impugnaciones están siendo promovidas por Monsanto que es apoyada por la Sagarpa, Semarnat, Senasia y el Ministerio Público, “que son instituciones federales públicas y del gobierno de México están litigando con recursos públicos en contra de las comunidades indígenas a favor de las trasnacionales extranjeras, la que más nos llamó la atención es la del MP que es la PGR, es decir tenemos al abogado de la nación, la PGR litigando a favor de Monsanto”, denuncian los apicultores.
Agregan que uno de los recursos que utilizarán es la violación del acuerdo 169 de la OIT por parte de Monsanto y de instituciones públicas pues “es el derecho a la consulta previa libre e informada de pueblos indígenas y tribales que conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.
“Es un instrumento muy fuerte de lucha legal que está muy bien en términos de legislación aunque es pésimo en términos de acceso a la justicia y lo que tememos es que si ganamos en la Suprema Corte no sirve de nada como pasó con el caso de los yaquis que ganaron por esta vía y a pesar de esto siguieron construyendo el acueducto. Es muy desalentador pero lo que sigue es seguir dando la batalla y no nos cruzaremos de brazos”, puntualizaron.
Fuente: laverdadnoticias.com/
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