martes, 3 de junio de 2014

Adelita San Vicente, la mujer que enfrentó a Monsanto

Por Érika Paz


Con el fin de subrayar la importancia de la alimentación en la salud de las persona, desde 2007 Adelita San Vicente, ingeniera agrónoma, ha emprendido un trabajo de concientización entre la sociedad civil, ha denunciado las prácticas gubernamentales que aquejan al campo en México, pero también junto con 53 personas y organizaciones interpusieron una demanda a la empresa transnacional Monsanto, que hasta el momento ha detenido la introducción de transgénicos en el país.

Esta empresa encontró el apoyo del gobierno para la producción de transgénicos (semillas modificadas genéticamente con altas dosis de herbicidas y pesticidas) así como para patentizar la semilla del maíz en el campo mexicano. Pese a los riesgos en la salud que implican los transgénicos, enfermedades como el cáncer, daños en la piel, sobrepeso, diabetes, daños estomacales, renales y hepáticos, y el despojo de tierras agrícolas.

En entrevista para REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO, la Maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, comenta que su trabajo en la organización, Semillas de Vida, inicia en 2007, cuando se convoca a la Campaña Nacional “Sin maíz no hay país”, en defensa de la agricultura mexicana.



En 2008, junto con su organización, emprende acciones “con el fin de llamar la atención al gobierno sobre la gran crisis que hubo en los precios del maíz, el frijol y el azúcar, queríamos llamar la atención de Felipe Calderón junto con organizaciones campesinas como El Campo No Aguanta Más”.

Sin conseguir respuesta alguna por el entonces presidente Felipe Calderón, Adelita comenta: “Nosotros seguimos en esta idea de unir a la población urbana con el campo, llamar la atención de la importancia que es la producción campesina de alimentos y desde ese momento nuestra causa ha sido salvar al campo para salvar a México”.

Desde entonces se han tenido resultados, como evidenciar la emprendida de Calderón por los transgénicos en el país, “que desde 2005 se empezó a desarrollar todo el marco legal y reglamentos” para la ley federal de 2007 de Producción, Certificación y Comercio d Semillas.

“Empezamos a interponer demandas, amparos, logramos que el municipio de Tepoztlán, Morelos, hiciera una controversia constitucional, también se promovió una denuncia popular y ninguna de las instancias del poder judicial le entró, siempre argumentaron que no teníamos interés jurídico, pero nosotros estamos convencidos de que se están violentando derechos fundamentales”.

El derecho a la información, a la alimentación, a la salud, al trabajo. Es por ello que el año pasado el 5 de julio “interpusimos una acción colectiva, somos 53 personas entre la cuales hay 20 organizaciones campesinas indígenas, gente como el Padre Concha, Víctor Toledo, Jesusa Rodríguez, artistas una variedad de personajes y actores muy importantes”.

Echando mano del artículo 17 de la constitución en el que se establece la figura jurídica de acciones colectivas. “Estamos demandando a la SAGARPA (agricultura), SEMARNAP (Medio Ambiente) y a las cuatro empresas Monsanto, Pionner-Dupont, Dow Agro-Sciences y Syngenta Agro, les demandamos diciendo que los permisos que les dio Calderón en 2009 para siembra experimental y piloto están causando contaminación en variedades nativas de semillas, están violando nuestro derecho a una biodiversidad libre de transgénicos”, indica Adelita, especialista en Economía del Sistema Agroalimentario.

Dentro de la demanda colectiva se solicitó una “medida cautelar que consiste que en tanto se llevaba adelante el juicio se suspendieran los permisos [a las transnacionales], medida cautelar que nos otorgó el juez [del Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito] en septiembre del año pasado. A partir de esa medida se suspendió la siembra de maíz transgénico en México”.

Sin embargo esta demanda tiene más de 60 impugnaciones, entre amparos y apelaciones, algunos interpuestas por el mismo gobierno a través de la SAGARPA y SEMARNAP, a las que se ha dado respuesta en tanto se lleva a cabo el juicio.

“Incluso Monsanto en una de las apelaciones dijo que el juez era parcial ante nosotros y pedía se le cambiara. Es el colmo que argumente estas cosas, por suerte eso tampoco funcionó. Nos sorprende que también SAGARPA y SEMARNAP sigan impugnándonos, sobre todo SAGARPA”.

A través de la jurista Mireille Rocatti Velázquez, quien fuera presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 1997 a 1999, también fiscal de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. “Constantemente está metiendo apelaciones, ella que se anuncia como defensora de derechos humanos, está litigando por el gobierno a favor de las empresas. Seguimos en un juicio un poco desigual, pero creemos que el triunfo es que seguimos sumando gente”, señala San Vicente.

El artista plástico Francisco Toledo, Vanda Shiva, activista internacional en defensa de las semillas criollas, así como investigadores, activistas, artistas y defensores de derechos humanos se han sumado en apoyo a esta acción jurídica.

En espera de que el juicio dé inicio, la medida cautelar hasta el momento ha detenido la incursión de Monsanto, Pionner-Dupont, Dow y Syngenta en el campo mexicano. Empresas responsables de la modificación genética del 95 por ciento de organismos además de controlar el 55 por ciento de todas las semillas que se consumen en el mundo.

La introducción del maíz transgénico en México además de poner en riesgo a la producción campesina, la milpa y sus variedades de cultivos asociados, de acuerdo con especialistas como Elena RÄlvarez-Bylla y Alma Piñeyro Nelson, “cancelaría la soberanía nacional y amenazaría la seguridad alimentaria del país”, mediante una agricultura no sustentable e insostenible para México.

De no tener un cauce legal favorecedor al campo mexicano, la industria nacional de las semillas sería eliminada, en privilegio del oligopolio alimentario que conforman las empresas antes mencionadas lideradas por Monsanto, con todas las consecuencias económicas para los agricultores, ejidatarios y comuneros del país, así como los daños en la salud que acarrea el consumo de alimentos transgénicos.

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