QUITO// El Tribunal Ético Mundial por los Derechos de la Naturaleza ha arrancado este mes de enero en Quito, la capital ecuatoriana, como un reconocimiento al primer país del mundo en proclamar que la naturaleza es un sujeto de derechos. Presidido por la activista ecofeminista y Premio Nobel Alternativo, Vandana Shiva, el Tribunal se reunió el pasado día 17 para escuchar nueve casos y determinar su admisión a estudio. “Acudimos a este Tribunal Ético porque estamos convencidos de que la naturaleza tiene derechos y que estos se están violando de forma grave y generalizada”, aseguraba en su primera intervención el fiscal Ramiro Ávila.
La audiencia, organizada por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, comenzó con el testimonio de dos personas de los pueblos y nacionalidades indígenas que narraron el contexto filosófico-espiritual de lo que significa la Madre Tierra. A continuación, se presentaron nueve casos paradigmáticos. “Que por supuesto no son los únicos pero creemos que son bastante representativos para esta audiencia inicial”, aclaraba el fiscal.
Los casos en Ecuador
El caso Chevron fue presentado por Julio Prieto, en representación de las 30.000 personas afectadas por los impactos de las operaciones que la compañía petrolera Texaco -más tarde adquirida por Chevron- realizó en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990. Un caso que ya ha sido juzgado y que condenó a la empresa a pagar 19.000 millones de dólares a los demandantes ecuatorianos, si bien la cifra fue posteriormente rebajada a 9.511 millones de dólares. Se trata de una de las indemnizaciones más grandes dictadas por conflictos ambientales, que Chevron se niega a aceptar. A la compañía se le acusa de haber derramado, durante 26 años de operaciones en las provincias de Sucumbíos y Orellana, alrededor de 103 millones de litros de crudo y de haber arrojado 63.000 millones de litros de agua tóxica a ríos y esteros. “El problema que tenemos ahora los demandantes es que la compañía se niega a cumplir la condena que se le impuso y en lugar de eso nos ha criminalizado y acusado de ser unos extorsionadores”, concluía Prieto su argumentación.
Para presentar el caso Yasuní – ITT el fiscal llamó a declarar a Carlos Larrea, profesor investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y exasesor técnico de la Iniciativa Yasuní-ITT. La propuesta de dejar el crudo bajo tierra en el bloque ITT, dentro del Parque Nacional Yasuní, nació de la sociedad civil ecuatoriana como un primer paso para transitar hacia alternativas post-petroleras.
En 2007 la iniciativa fue asumida por el Estado ecuatoriano. Sin embargo, el 15 de agosto de 2013, Rafael Correa decidió poner fin a la iniciativa dando paso a la explotación del bloque ITT. Se estima que serán extraídos alrededor de 100.000 barriles diarios durante 22 años en una de las zonas más megadiversas del planeta, donde habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario. “En el año 2012 tuvimos 60 derrames petroleros. Un promedio de más de un derrame por semana. Yo me pregunto si pese a la utilización de tecnología punta se puede evitar un derrame petrolero en el Parque Nacional Yasuní”, expuso Larrea.
El 5 de marzo de 2012 Ecuador firmó el primer contrato de concesión para la explotación de cobre en el yacimiento El Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe, con la empresa china Ecuacorriente S.A. (ECSA). “Traemos el caso a este Tribunal porque creemos que es el espacio propicio para hacer algo que no se pudo hacer en las instancias nacionales, hacer directamente justiciables los derechos de la naturaleza”, así comenzaba la abogada Nathaly Yépez su argumentación sobre el caso de la minería en la Cordillera del Cóndor. El contrato establece que la explotación minera a cielo abierto será por treinta años, con una cláusula de garantía que contempla una renovación de otros treinta. El proyecto se sitúa en la Cordillera del Cóndor que ha sido reconocida como uno de los ecosistemas más diversos y frágiles que existen en Los Andes. Se estima que la explotación producirá 325.000 toneladas de residuos sólidos y una piscina de desechos líquidos de 250 hectáreas.
Otros países
El caso British Petroleum (BP) fue expuesto por la bióloga, auditora ambiental y presidenta de la organización Acción Ecológica, Esperanza Martínez. El 20 de abril de 2010 la plataforma de exploración Deepwater Horizon, en el Golfo de México, que British Petroleum arrendaba a la firma suiza Transocean, sufrió una explosión produciéndose 11 muertos y un inmenso derrame que solo se detendría varios meses después. Se calcula que se derramaron 4,9 millones de barriles de petróleo y supuso un riesgo para al menos siete especies en peligro de extinción.
La Gran Barrera de Coral, el arrecife más grande del mundo, está situado al noreste de Australia y se extiende a lo largo de 2.600 km. La construcción de nuevos puertos, el dragado a gran escala, y el aumento del tráfico de cargueros por la expansión de la minería en la zona, hacen peligrar la conservación de este espacio protegido y catalogado como Patrimonio de la Humanidad. En 2013, la UNESCO advirtió a las autoridades australianas de que, en caso de no tomar medidas urgentes para evitar su deterioro, la Gran Barrera sería incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad amenazado. El caso fue expuesto por Michelle Maloney, coordinadora nacional de la ONG Australian Earth Laws Alliance.
Shannon Biggs, del programa Glogal Exchange, expuso sus argumentaciones ante el Tribunal sobre el caso del fracking en Estados Unidos. Más de 800.000 pozos diseminados por todo el territorio, la proliferación de terremotos, y cientos de demandas por contaminación del agua con gas metano es el balance de 12 años de explotación mediante la técnica de la fractura hidráulica. Los 30 millones de litros de agua que se emplean para perforar cada pozo contienen 632 sustancias químicas. El 25% de ellas están relacionadas con afecciones cancerígenas o mutaciones. El 75% afectan a los órganos sensoriales y al sistema respiratorio y gastrointestinal. “El fracking es una clara violación a los Derechos de la Madre Tierra. No tenemos la autoridad moral para violarla de esta forma”, sentenciaba Biggs.
Los casos globales
Finalmente, el Tribunal escuchó los tres casos que tienen una dimensión planetaria. El cambio climático, los transgénicos y la criminalización por la defensa de la naturaleza fueron los temas tratados en la última parte de la exposición. Pablo Solón, director ejecutivo de Focus on the Global South, destacó que el cambio climático está afectando prácticamente a todas las áreas de la vida en el planeta. “Con un incremento de la temperatura de más de 2ºC, un tercio de la población de animales y más de la mitad de las plantas de la Tierra podrían desaparecer”, concluyó.
Para hablar sobre los transgénicos subió a la tribuna Elizabeth Bravo, doctora en microorganismos y negociadora del Protocolo de Cartagena. Señaló que actualmente existen 170 millones de hectáreas cultivadas con transgénicos en todo el mundo, siendo EEUU, Brasil y Argentina los países que encabezan esta lista. Para finalizar, Carlos Pérez, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), relató su experiencia en la lucha por los derechos de la naturaleza. “Estamos defendiendo una alternativa al desarrollo a este mundo que nos lleva al despeñadero. Pero tenemos la esperanza de que los pueblos unidos jamás seremos derrotados”, aseguró.
Un tribunal alrededor del mundo
Con el voto razonado y favorable de cada uno de los jueces, la audiencia continuó con el veredicto de su presidenta, Vandana Shiva. “Este Tribunal, como una semilla, ofrece un potencial para poder cambiar nuestros caminos. Como un proceso continuo para reflexionar, redefinir, cambiar los paradigmas. Porque el camino actual es, predeciblemente, el camino de la extinción. El Tribunal nos permite reflexionar sobre otras posibilidades de la supervivencia humana en este planeta”.
El Tribunal, que será permanente y escuchará otros casos alrededor del mundo, se comprometió a avanzar, profundizar y expandir el Movimiento Global por los Derechos de la Naturaleza. “Quienes viven en relación con la Madre Tierra son calificados como primitivos. Reconocer los derechos de la Madre Tierra permite reconocer que aquellos que viven en relación con ella son las civilizaciones más avanzadas del planeta”, concluyó.
http://www.lamarea.com/2014/01/23/arranca-el-tribunal-etico-mundial-por-los-derechos-de-la-naturaleza/
La audiencia, organizada por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, comenzó con el testimonio de dos personas de los pueblos y nacionalidades indígenas que narraron el contexto filosófico-espiritual de lo que significa la Madre Tierra. A continuación, se presentaron nueve casos paradigmáticos. “Que por supuesto no son los únicos pero creemos que son bastante representativos para esta audiencia inicial”, aclaraba el fiscal.
Los casos en Ecuador
El caso Chevron fue presentado por Julio Prieto, en representación de las 30.000 personas afectadas por los impactos de las operaciones que la compañía petrolera Texaco -más tarde adquirida por Chevron- realizó en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990. Un caso que ya ha sido juzgado y que condenó a la empresa a pagar 19.000 millones de dólares a los demandantes ecuatorianos, si bien la cifra fue posteriormente rebajada a 9.511 millones de dólares. Se trata de una de las indemnizaciones más grandes dictadas por conflictos ambientales, que Chevron se niega a aceptar. A la compañía se le acusa de haber derramado, durante 26 años de operaciones en las provincias de Sucumbíos y Orellana, alrededor de 103 millones de litros de crudo y de haber arrojado 63.000 millones de litros de agua tóxica a ríos y esteros. “El problema que tenemos ahora los demandantes es que la compañía se niega a cumplir la condena que se le impuso y en lugar de eso nos ha criminalizado y acusado de ser unos extorsionadores”, concluía Prieto su argumentación.
Para presentar el caso Yasuní – ITT el fiscal llamó a declarar a Carlos Larrea, profesor investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y exasesor técnico de la Iniciativa Yasuní-ITT. La propuesta de dejar el crudo bajo tierra en el bloque ITT, dentro del Parque Nacional Yasuní, nació de la sociedad civil ecuatoriana como un primer paso para transitar hacia alternativas post-petroleras.
En 2007 la iniciativa fue asumida por el Estado ecuatoriano. Sin embargo, el 15 de agosto de 2013, Rafael Correa decidió poner fin a la iniciativa dando paso a la explotación del bloque ITT. Se estima que serán extraídos alrededor de 100.000 barriles diarios durante 22 años en una de las zonas más megadiversas del planeta, donde habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario. “En el año 2012 tuvimos 60 derrames petroleros. Un promedio de más de un derrame por semana. Yo me pregunto si pese a la utilización de tecnología punta se puede evitar un derrame petrolero en el Parque Nacional Yasuní”, expuso Larrea.
El 5 de marzo de 2012 Ecuador firmó el primer contrato de concesión para la explotación de cobre en el yacimiento El Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe, con la empresa china Ecuacorriente S.A. (ECSA). “Traemos el caso a este Tribunal porque creemos que es el espacio propicio para hacer algo que no se pudo hacer en las instancias nacionales, hacer directamente justiciables los derechos de la naturaleza”, así comenzaba la abogada Nathaly Yépez su argumentación sobre el caso de la minería en la Cordillera del Cóndor. El contrato establece que la explotación minera a cielo abierto será por treinta años, con una cláusula de garantía que contempla una renovación de otros treinta. El proyecto se sitúa en la Cordillera del Cóndor que ha sido reconocida como uno de los ecosistemas más diversos y frágiles que existen en Los Andes. Se estima que la explotación producirá 325.000 toneladas de residuos sólidos y una piscina de desechos líquidos de 250 hectáreas.
Otros países
El caso British Petroleum (BP) fue expuesto por la bióloga, auditora ambiental y presidenta de la organización Acción Ecológica, Esperanza Martínez. El 20 de abril de 2010 la plataforma de exploración Deepwater Horizon, en el Golfo de México, que British Petroleum arrendaba a la firma suiza Transocean, sufrió una explosión produciéndose 11 muertos y un inmenso derrame que solo se detendría varios meses después. Se calcula que se derramaron 4,9 millones de barriles de petróleo y supuso un riesgo para al menos siete especies en peligro de extinción.
La Gran Barrera de Coral, el arrecife más grande del mundo, está situado al noreste de Australia y se extiende a lo largo de 2.600 km. La construcción de nuevos puertos, el dragado a gran escala, y el aumento del tráfico de cargueros por la expansión de la minería en la zona, hacen peligrar la conservación de este espacio protegido y catalogado como Patrimonio de la Humanidad. En 2013, la UNESCO advirtió a las autoridades australianas de que, en caso de no tomar medidas urgentes para evitar su deterioro, la Gran Barrera sería incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad amenazado. El caso fue expuesto por Michelle Maloney, coordinadora nacional de la ONG Australian Earth Laws Alliance.
Shannon Biggs, del programa Glogal Exchange, expuso sus argumentaciones ante el Tribunal sobre el caso del fracking en Estados Unidos. Más de 800.000 pozos diseminados por todo el territorio, la proliferación de terremotos, y cientos de demandas por contaminación del agua con gas metano es el balance de 12 años de explotación mediante la técnica de la fractura hidráulica. Los 30 millones de litros de agua que se emplean para perforar cada pozo contienen 632 sustancias químicas. El 25% de ellas están relacionadas con afecciones cancerígenas o mutaciones. El 75% afectan a los órganos sensoriales y al sistema respiratorio y gastrointestinal. “El fracking es una clara violación a los Derechos de la Madre Tierra. No tenemos la autoridad moral para violarla de esta forma”, sentenciaba Biggs.
Los casos globales
Finalmente, el Tribunal escuchó los tres casos que tienen una dimensión planetaria. El cambio climático, los transgénicos y la criminalización por la defensa de la naturaleza fueron los temas tratados en la última parte de la exposición. Pablo Solón, director ejecutivo de Focus on the Global South, destacó que el cambio climático está afectando prácticamente a todas las áreas de la vida en el planeta. “Con un incremento de la temperatura de más de 2ºC, un tercio de la población de animales y más de la mitad de las plantas de la Tierra podrían desaparecer”, concluyó.
Para hablar sobre los transgénicos subió a la tribuna Elizabeth Bravo, doctora en microorganismos y negociadora del Protocolo de Cartagena. Señaló que actualmente existen 170 millones de hectáreas cultivadas con transgénicos en todo el mundo, siendo EEUU, Brasil y Argentina los países que encabezan esta lista. Para finalizar, Carlos Pérez, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), relató su experiencia en la lucha por los derechos de la naturaleza. “Estamos defendiendo una alternativa al desarrollo a este mundo que nos lleva al despeñadero. Pero tenemos la esperanza de que los pueblos unidos jamás seremos derrotados”, aseguró.
Un tribunal alrededor del mundo
Con el voto razonado y favorable de cada uno de los jueces, la audiencia continuó con el veredicto de su presidenta, Vandana Shiva. “Este Tribunal, como una semilla, ofrece un potencial para poder cambiar nuestros caminos. Como un proceso continuo para reflexionar, redefinir, cambiar los paradigmas. Porque el camino actual es, predeciblemente, el camino de la extinción. El Tribunal nos permite reflexionar sobre otras posibilidades de la supervivencia humana en este planeta”.
El Tribunal, que será permanente y escuchará otros casos alrededor del mundo, se comprometió a avanzar, profundizar y expandir el Movimiento Global por los Derechos de la Naturaleza. “Quienes viven en relación con la Madre Tierra son calificados como primitivos. Reconocer los derechos de la Madre Tierra permite reconocer que aquellos que viven en relación con ella son las civilizaciones más avanzadas del planeta”, concluyó.
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