Por Diego Díaz Martín / @DdiazMartin
A propósito de lo recientemente sucedido en la bahía de Amuay, en el estado Falcón, es oportuno recordar que de acuerdo con la Ley venezolana, los vertidos al medio marino de hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos y sus derivados, ocasionados por cualquier persona natural o jurídica, deberán ser sancionados con prisión de uno a tres años o multa de un mil a tres mil unidades tributarias.
Así lo establece el artículo 89 de la Ley Penal del Ambiente, publicada en Gaceta Oficial N° 39.913 del 02 de mayo de 2012, norma que también señala otras consideraciones que pudieran aumentar o rebajar la pena, dependiendo de las circunstancias del vertido o derrame.
El tema es tan serio e importante, que la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 127 la obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, de garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación.
La toxicidad del petróleo es bien conocida, por lo que la mayoría de las empresas que extraen y administran este hidrocarburo deben contar con planes y programas de contingencia para prevenir y controlar su vertido al medio natural, y en todo caso, actuar de manera expedita y eficiente ante cualquier accidente, a fin de mitigar cualquier impacto ambiental negativo. Sin embargo, este principio tan claro e importante en la actividad petrolera mundial, no siempre se cumple en el país como debiera, bien sea porque a veces no se actúa con la rapidez esperada, porque se niegue el problema, o porque no se cuente con la tecnología apropiada y el personal debidamente capacitado para responder.
Los vertidos de petróleo en la naturaleza son altamente perjudiciales. Por un lado impiden el desarrollo de la fotosíntesis de las plantas acuáticas y el plancton, por lo cual se produce su muerte y la desoxigenización de los cuerpos de agua. Por otro lado, el petróleo puede penetrar en los organismos vivos, provocando inhibición de sus metabolismos y una gran acumulación de tóxicos, afectando de forma grave su supervivencia.
Otras graves consecuencias de la contaminación por hidrocarburos es que el petróleo se adhiere a las plumas de las aves y a la superficie de los animales, lo cual provoca que estos no puedan volar, caminar o nadar, quedando atrapados en la marea negra.
La alta exposición a los componentes tóxicos del petróleo puede asimismo interrumpir en los ecosistemas diversos procesos ecológicos esenciales y sus fenómenos evolutivos asociados, además de provocar la mortandad de peces, reptiles y mamíferos marinos, afectando no sólo al medio natural, sino a las comunidades humanas que interactúan con ellos, incluyendo a los habitantes locales, pescadores, turistas y recreacionistas.
La ley venezolana protege al ambiente y todos los recursos naturales, establece penas a quienes atenten contra su integridad y equilibrio, y obliga a sus destructores a revertir los daños que ocasionen a la naturaleza.
Prevenir la contaminación por petróleo y recuperar las áreas afectadas, no es sólo una obligación legal con implicaciones penales. Es también una obligación ética y moral con la presente y futuras generaciones.
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