La Cámara Primera del Crimen de la ciudad central de Córdoba sentenció a tres años de prisión de ejecución condicional al productor rural Francisco Rafael Parra, a quien condenó además a hacer trabajos comunitarios durante cuatro años y le prohibió utilizar durante ocho años productos agroquímicos.
El tribunal también condenó al piloto fumigadorEdgardo Jorge Pancello a tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que durante ese plazo deberá realizar servicios comunitarios.
Además, el piloto quedó inhabilitado para aplicar productos agroquímicosdurante diez años.
En tanto, otro productor rural, Jorge Alberto Gabrielli, resultó absuelto por unanimidad.
Los tres imputados fueron sometidos a juicio por la contaminación del barrio cordobés de Ituzaingó Anexo, vecino a zonas de cultivo de soja, con agroquímicos -glifosato y endosulfan- esparcidos mediante fumigaciones aéreas no autorizadas.
Gabrielli y Parra son dueños de campos de soja vecinos al barrio, mientras que Pancello es dueño de un avión fumigador.
Niños envenenados
Durante este juicio, que se inició en junio pasado, se presentó un informe quedemostró que al menos 114 menores de un total de 142 que residen en el barrio Ituzaingó Anexo tienen agroquímicos en su organismo.
El estudio entre los menores se desarrolló entre 2010 y 2011 en el marco de un plan del Gobierno argentino para determinar la situación sanitaria del barrio a raíz de las denuncias de los vecinos.
Las voces de alerta en Ituzaingó, una barriada pobre de unos 5.000 habitantes de periferia de Córdoba, comenzaron a sonar en 2001 con la constatación de casos de cáncer y malformaciones que los vecinos asociaron a las fumigaciones con plaguicidas.
En Argentina se utilizan anualmente entre 200 y 240 millones de litros de glisofato, un potente herbicida destinado al cultivo de la soja transgénica, oleaginosa que desde su desembarco en el país, en 1996, se ha expandido hasta unas 20 millones de hectáreas.
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